viernes

Lloviendo sobre mojado



La sensibilidad de las personas y el cortoplacismo no suelen ser buenos consejeros para una gestión de gobierno. El falso dilema de destinar los recursos del Estado a la reconstrucción de infraestructura nacional o a la realización de los Juegos Panamericanos en Lima, solo se explica por ruines intereses de políticos irresponsables intentado manipular las emociones en lugar de usar argumentos válidos. Eso por cierto no exonera al presidente de la república de sus infelices declaraciones en la afectada Piura sobre ”la tragedia” que sería suspender los Juegos Panamericanos.
Las lluvias e inundaciones que soporta el país y nuestra capacidad como sociedad para superar situaciones traumáticas (resiliencia) corren de la mano con la manera como los gobiernos han enfrentado mal, situaciones como la abandonada reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del año 2007 por el gobierno de García Pérez. Gobiernos menos debilitados que éste también nos han mostrado deficiencias en la gestión de riesgos pero, a eso se suman los resquebrajamientos del sacrosanto mundo de la empresa privada nacional. Es bueno recordar que nuestro país no cuenta con una capacidad de gestión empresarial como para asumir simultáneamente los retos de construcción y reconstrucción de infraestructura que están planteados. Soplarles la pluma a los gobiernos regionales y municipales es solo una manera de eludir nuestra realidad como sociedad informal, poco organizada y harto corrupta que evidencia la casi nula capacidad de gestionar riesgos de parte del Estado a todo nivel. Carencia de planes y de recursos de contingencia medianamente serios para emergencias, tan dramáticos como en el caso de la municipalidad que dirige Castañeda Lossio (sin planes).
¿Quién gana en estas circunstancias? Tal vez el fujimorismo de primera impresión, aunque en verdad se enfrenta al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse el proceso de atención de la emergencia. El golpe lo ha asumido el Congreso viéndose obligado a suspender la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, ya que hubiera sido patético ver y escuchar en estos momentos a la mayoría parlamentaria, con el estilo que la caracteriza, emplazando durante horas al ministro Vizcarra que en estas condiciones debiera estar abocado con todas sus fuerzas a atender la tragedia. La aparente inutilidad del trabajo congresal a ojos de la ciudadanía los debilita al aparecer como criticones sin propuestas que no ponen el hombro por el Perú en estas condiciones.
La legitimidad de los políticos y su trabajo se pone una vez más en cuestión en estas circunstancias en las que, como ante un enemigo externo debiéramos estar juntos todos los peruanos como nación, repartiendo tareas entre unos y otros y organizando nuestra sociedad para salir adelante en el corto y mediano plazo.
Queda claro para muchos que no solo enfrentamos lluvias inesperadas, sino que no contamos con una élite política ni empresarial a la altura de lo que el Perú necesita. De eso somos responsables todos, unos más que otros, por nuestra incapacidad para diseñar un proyecto nacional de mediano y largo plazo, poner en práctica un verdadero acuerdo nacional y reconocer que los 33 millones de peruanos seguimos siendo desconcertadas gentes movidas al vaivén de la ambición y la irresponsabilidad de unos pocos, lo que nos impide consolidarnos como una república desarrollada, democrática, solidaria e incluyente.

desco Opina / 17 de marzo de 2017

La educación nos hace libres e iguales



Arequipa es una región en la que el conservadurismo católico cuenta aún con gran arraigo entre la ciudadanía y una fuerte influencia en el comportamiento de muchos políticos, lo que deja espacio para “confusiones” como la que sufrió Javier Del Río Alba la semana última. El arzobispo de Arequipa, en una ceremonia pública en la ciudad, quiso sorprender al Ministro de Cultura, Salvador del Solar, con un insólito pedido: que se incluya al final del Currículo Nacional Educativo “dos rengloncitos” que digan: “queda prohibido en todo los colegios del Perú introducir la ideología de género”. El arzobispo se sumó así a la enorme campaña de desinformación acerca de la política educativa.
No es la primera vez que Del Río presiona a una autoridad por una política pública usando su investidura religiosa, emulando a su colega, el Cardenal Cipriani. Si bien el Ministro Del Solar supo salir airoso con una respuesta conciliadora sobre la necesidad de defender la igualdad e invitando a los católicos a la reflexión, queda claro que el incidente va mucho más allá y nos interpela, porque muestra cuán desdibujados están los límites entre la voz política y la voz confesional de algunos líderes religiosos, como correlato de la enorme campaña de desinformación acerca de la política educativa y la supuesta “ideología de género” en ella.
Voces como las de Del Río cuestionan desde argumentos religiosos –como el derecho natural– un componente establecido en las políticas públicas peruanas, como lo es el enfoque de género, que es una herramienta para avanzar en la superación de las desigualdades y de la discriminación. Estos cuestionamientos basados en planteamientos de fe deben ser enfrentados desde la política. Así lo han entendido los sectores ciudadanos que han conformado en Arequipa la Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y la Igualdad, que ya se han reunido con la gobernadora regional, Yamila Osorio, para disipar las dudas sobre la aplicación del nuevo currículo nacional y su relación con las políticas regionales educativas.
Tanto a nivel nacional como a nivel regional, el Estado debe afirmar su carácter laico. Y no solo a nivel de la política pública, sino en cualquier circunstancia, en particular en actos públicos. No olvidemos que el intento de presionar a un Ministro de Estado por parte del arzobispo Del Río ocurre en el marco de una ceremonia en la que el Estado otorgó la Orden del Sol a la imagen religiosa del Señor de la Amargura. Si bien el sustento de la distinción tiene que ver con el valor cultural, no cabe duda de que esta iniciativa contribuye a reforzar la confusión ciudadana respecto a la separación entre Iglesia y Estado. Con tales gestos la discusión sobre políticas públicas, en este caso la educativa, se mueve en un terreno desfavorable y puede ser aprovechada por los sectores que rechazan los avances del Estado en la comprensión y atención a las desigualdades entre hombres y mujeres.
La educación es un factor clave para el desarrollo. El que nuestro desempeño nacional en este campo haya sido lamentable durante las últimas décadas –lo confirman las pruebas PISA– debería llevarnos a un compromiso por apuntalar la calidad educativa y no a permitir el retroceso que significa negar la necesidad de formar a las futuras generaciones en valores como la igualdad y el respeto a la diversidad. Dejar pasar posiciones fundamentalistas como las expresadas por la movilización de “Con mis Hijos no te metas” solo traerá a la larga pasividad ante la violencia y el abuso de poder. Ahora más que nunca el lema “la educación nos hace libres” debe ser una bandera sustancial.

desco Opina - Regional / 10 de marzo de 2017
Programa Regional Sur

Con la corrupción encima



La corrupción ha cubierto con su negro manto la escena política nacional. Por debajo del mismo, las limitadas expectativas de crecimiento económico caen, como lo hacen varios sectores productivos más allá de la construcción, mientras la inflación de los dos primeros meses del año, supera ya en medio punto la meta anual que estableciera el gobierno en el presupuesto nacional. Los conflictos que se anunciaban resueltos o en curso de estarlo se mantienen  vigentes y a los malestares que generan las ostensibles limitaciones de la acción gubernamental en todos sus niveles frente a las lluvias y desastres naturales que nos afectan cíclicamente en esta época del año, se suman aquellos que resultan del incremento de los precios en las semanas de matrículas e inicio del período escolar.
La encuesta del 26 de febrero de GfK da cuenta de la temperatura de la gente. Molesta por la corrupción, pero afectada y viviendo cotidianamente otros problemas también. Así, 52% cree que la corrupción es el principal problema del país, superado apenas por la inseguridad/delincuencia, pero la situación económica del país ya alcanza un 28%, al que podría sumarse la falta de trabajo/desempleo, que tiene un porcentaje similar.
En este escenario, que adquiere gran visibilidad a propósito del caso Lava Jato, destapado en Brasil, hasta ahora son las actividades de Odebrecht y el presunto involucramiento del expresidente Toledo, las que han alcanzado mayor notoriedad. En ese marco, desde las distintas tiendas políticas, pero también desde el sector empresarial, el interés mayor parece ser el de alejar los reflectores que puedan vincularlos y orientarlos hacia sus competidores y el gobierno de turno. Muchos de los analistas que circulan por diversos diarios nacionales, preocupados por las implicancias del escándalo para el propio modelo económico que han defendido ardorosamente durante los últimos 25 años, «descubren» ahora al «imperialismo» brasileño y una conspiración de las izquierdas, olvidando que se trata de una estructura corrupta que fue «heredada» y no creada por el PT.
Los empresarios por su parte, la CONFIEP en particular, guardan cauto silencio, que no debe sorprendernos. A fin de cuentas, tienen un exvicepresidente y expresidente de CAPECO también, Lelio Balarezo, que es parte de los múltiples prófugos que tenemos como país. Si sobre ese caso, apenas dijeron poco, sobre el presumible conocimiento de varios de sus asociados acerca de la corrupción que ha caracterizado a sus socios brasileños, hasta ahora no dicen nada significativo. Por el contrario, su preocupación mayor parece centrarse en la defensa del mecanismo de las Alianzas Público Privadas, puesto en debate en esta coyuntura, entre otros, por uno de sus principales promotores a nivel internacional.
Ciertamente son los políticos quienes muestran mayor activismo en la materia, «tirándose dedo» los unos a los otros, materia ésta en la que Alan García ha demostrado una vez más su maestría. Hoy día, ante la opinión pública todos están bajo el manto de la sospecha, –la mencionada encuesta evidencia que una significativa mayoría cree que para la corrupción es indiferente si un gobierno es de izquierda o de derecha, si es democrático o dictatorial, el 67% percibe que los políticos actúan según sus intereses y cree que todos los candidatos son corruptos y esto no va a cambiar (59%)–, y son parte de un río revuelto en el que se mezclan indicios reales, medias verdades interesadas y simples mentiras o «post verdades».
Así las cosas, iniciándose la nueva legislatura, la interpelación al Ministro de Transportes y Vicepresidente de la República por el caso del aeropuerto de Chinchero está en curso. La posibilidad de su censura no parece remota, a pesar del calculado silencio fujimorista, seguramente preocupado no por sus prácticas y vinculaciones con la corrupción de los 90, sino por las ineludibles investigaciones a algunas de sus figuras de hoy a las que insisten en blindar en el Congreso, las investigaciones por lavado de activos de su ex Secretario General, o la participación de Chlimper como representante de las AFP durante largos años en el directorio de Graña y Montero, hoy en el ojo de la tormenta. En este escenario que se va encrespando diariamente, el gobierno se debilita aceleradamente y evidencia los límites para operar políticamente, de los gerentes privados y tecnócratas, no son lo mismo, que ha reclutado.

desco Opina / 3 de marzo de 2017