viernes

Cuando la cama me da vueltas



Sorprendiéndonos una vez más, el gobierno acudió en auxilio del fujimorismo y de parte importante de la oposición, que se debatía afectada por una oleada de disputas internas y divisiones que alcanzaban a la mayoría de sus tiendas. El partido naranja sumido en la pugna –ya abierta– entre Keiko por un lado, y Kenji y Alberto por el otro; el Frente Amplio disminuido a su mitad original, buscando algún mecanismo «ingenioso» que les permita quedarse con las cuatro comisiones que tuvieron en la legislatura ya concluida, mientras el APRA y AP, atrapados en las disputas que han prolongado sus elecciones internas. 
En ese escenario, la decisión gubernamental de retirar de la Procuraduría ad hoc a Katherine Ampuero, que arrastró la salida de Julia Príncipe de la Procuraduría General y del Consejo de Defensa del Estado, apareció como un salvavidas que les permite llegar al 28 de julio, recuperando su tono vocinglero en los más de los casos y claramente altisonante y provocador desde el fujimorismo. El «veranillo» que infructuosamente trató de crearse tras el diálogo entre PPK y Keiko, parece que terminará una vez más en lo mismo. Más allá de si la decisión del gobierno fue correcta o no, y nosotros creemos que era indispensable el retiro de ambas, llama poderosamente la atención la falta de pericia evidenciada por la Ministra Pérez Tello, teóricamente una de las pocas políticas del gobierno.
La manera en la que se anunció su salida, por televisión y no a través de una resolución y un comunicado previos, dejó a la titular de Justicia en manos de los dimes y diretes en los que ambas abogadas han demostrado experiencia larga e importante capacidad histriónica. Apoyadas mayoritariamente por los medios, han devenido en supuestas víctimas de la lucha contra la corrupción y la defensa de su autonomía, que estaría tocando las puertas del gobierno. En otras palabras, ambas son hoy día parte de la munición de grueso calibre de la que se alimentan muchas de las figuras políticas que aparecen sistemáticamente sindicadas de vinculación con actos de corrupción, empezando por un Alan García, ya experto y cuajado en encontrar la corrupción en otros como la mejor manera de alejar los reflectores que nunca llegan a afectarlo.
El resultado es claro. Los declarantes de siempre tendrán amplio espacio en los medios y los recurrentes analistas de todos los días, tendrán papel y cámara para especular sobre la precariedad y los pecados del gobierno. La primera, como lo demuestra el hecho, es evidente. Los pecados también, pero parece no existir un interés real en llegar a ellos, como lo evidencia el caso Chinchero, por ejemplo. Por debajo, varios intuimos que el retiro de ambos personajes de la Procuraduría –basta recordar que la doctora Príncipe en más de una ocasión ha evidenciado su corazón estrellado– es parte de la evidente trama en la que están comprometidos el Ministerio Público y la Procuraduría, para lograr el necesario «control de daños» que ocasionaría Lava Jato.
De esta manera, el salvavidas lanzado a los partidos, les permitirá esconder sus problemas y sus miserias por un nuevo período. Keiko Fujimori podrá olvidar por unas semanas la posible libertad de su padre o la probabilidad de que cumpla condena en su domicilio, lo que la llevaría a un indeseado escenario de compartir y competir por el liderazgo naranja; las reacciones de los conversos (Alcorta, Galarreta y Salaverry) a los tweets del exmandatario son muy claros al respecto. Alan García seguirá durmiendo tranquilo sin preocuparse, una vez más, por el trance en que ha puesto a su exánime partido y riendo porque ahora el corrupto puede ser PPK. En el Frente Amplio, finalmente, pueden empezar a especular sobre su eventual recomposición para mantener las Comisiones congresales que tuvieran en el pasado. En todos los casos, la política reducida a estatutos, reglamentos y sanciones para disimular la falta de propuestas y su desvinculación de la gente, situación que pretenden prolongar, enterrando la reforma electoral.
Mientras tanto, la economía parada, al extremo que el nuevo ministro del sector, acepta ya que este año no crecerá lo poco que habían previsto… pero el próximo año será mejor; los corruptos, preocupados por la corrupción de los otros; la gente expresando en la calle sus malestares –médicos, maestros y otros trabajadores–, los piuranos marchando porque no tienen recursos para su reconstrucción, cocaleros y un largo etcétera más, cada uno por su lado. La incertidumbre es cada día mayor en un contexto en el que no hay actores fuertes. En un escenario así, ¿podemos esperar algo del discurso del 28 de julio?


desco Opina / 21 de julio de 2017

lunes

Carne de camélidos, la carne del futuro



Tradicionalmente, las carnes de alpaca y llama han sido objeto de una severa discriminación. Señaladas como «carne de indios» sufrieron la misma marginación que el poblador andino en la cultura nacional. En algún momento, como consecuencia de los prejuicios y la desinformación, se llegó a sostener que su consumo provocaba la transmisión de la sífilis o hasta hace poco, que era portadora de triquina, ambas suposiciones totalmente descartadas por los estudios científicos realizados por universidades del país y el extranjero. Tan prolongada fue la marginación que recién en el año 1995 la carne de los camélidos sudamericanos domésticos es incorporada en el Reglamento Tecnológico de Carnes.
Por el año 2004, el Estado Peruano creó el Sello de Calidad de la carne de alpaca y llama con el propósito de establecer los estándares para la comercialización del producto, la trazabilidad del mismo y con ello su acceso a mercados más competitivos, lo que nunca llegó a implementarse. Como vemos, no basta la creación de un sello, la designación de una fecha conmemorativa, o nombrar a una de estas especies como producto bandera, sino que hay mucho por hacer e invertir en el sector de los criadores de camélidos para lograr resultados. Estas tareas todavía siguen siendo una deuda del Estado con el sector.
A mediados de la década del 90, desco implementó una campaña de revaloración de la carne de alpaca en el sur y centro del país, consiguiendo la participación de expertos de nuestra gastronomía, como Cucho La Rosa (mentor de la cocina novoandina) y del Colegio Médico en Arequipa. Esta campaña generó abundante información que fue difundida en medios de prensa nacional, lo que dio como resultado que la carne de alpaca alcanzara «ciudadanía» y comenzase a aparecer en las cartas de reconocidos restaurantes.  Hoy por hoy, tiene una gran demanda entre los turistas que visitan el país, y es uno de los ingredientes estrella en los restaurantes turísticos.
Se superó así la tradicional práctica de ocultar su utilización en la preparación de diferentes platos indicando que se hacían con cordero cuando en realidad se empleaba alpaca o llama. Sin embargo, la discriminación cultural no desapareció del todo, mientras la carne de alpaca adquirió «ciudadanía», la valoración negativa de la carne de camélidos se trasladó a la carne de llama, lo que ha dado lugar a un nuevo fenómeno mediante el cual la llama, al ser beneficiada para el consumo, se convierte en alpaca y así en los mercados solamente podemos encontrar la oferta de carne de alpaca. Sobre este punto, cabe precisar que en el país anualmente se comercializan alrededor de 12 mil toneladas de carne de alpaca y 5 mil toneladas de carne de llama.
La semana pasada, descosur nuevamente ha salido al ruedo para promocionar no sólo la carne de alpaca, sino también la de llama, lanzando la campaña “Buena Carne”, con el propósito de revalorar su consumo e incrementar su demanda con miras a una mejora en la economía de los productores altoandinos. Para lograrlo, Buena Carne va a difundir abundante información sobre este producto.  
Uno de los puntos fuertes de esta renovada campaña es la difusión de las propiedades de la carne de alpaca y llama: un alto contenido proteico que supera a todas las demás carnes unido a un bajo contenido de grasa. Por la naturaleza de su alimentación, que proviene exclusivamente de pastos naturales, sin el empleo de agroquímicos, que se riegan con el agua de lluvia o los deshilos en la cordillera, estas carnes están destinadas a ser la carne del futuro. Especialmente ahora, tras el escándalo de Pura Vida, los consumidores peruanos están prestando más atención a lo que se llevan a la boca.
Se requiere de modo urgente la reformulación de las políticas públicas para estimular la investigación en el desarrollo de productos y subproductos de la carne de camélidos para la explotación de todo su potencial, invirtiendo las prioridades actuales que privilegian a la carne de pollo, con un alto contenido de insumos importados (casi el 100% de su alimentación se importa). El Estado debería prestar más atención a los guardianes del Ande, los productores de alpacas y llamas, ya que aún están invisibilizados los beneficios que acarrean sus labores pastoriles y de conservación en la pradera altoandina, entre ellas, la protección de las nacientes de la cuencas hidrográficas que nos dotan de agua y hacen posible la vida en nuestras principales ciudades costeras.
Es la hora de saldar la deuda histórica con los recursos que nuestra cultura originaria aportó a la humanidad con la domesticación de estas especies.

desco Opina - Regional / 14 de julio de 2017
Programa Regional Sur

viernes

Palo y zanahoria



El primero para el hermano, la segunda para el Presidente. ¿Dos fases de una misma táctica o un único desvarío keikista cuando todo ha empezado a irse de las manos para el Ejecutivo, la oposición fujimorista y, especialmente, al poder económico del país?
En el momento en que nadie habla de recesión económica pero todos sabemos que hemos ingresado a dicho agujero negro, e inmediatamente luego de que la mayoría fujimorista busca retomar algún orden perdido con la remoción del ahora ex Contralor de la República, Keiko Fujimori se dirige a PPK, pidiéndole concertar una reunión en la que sería un “honor contar con la presencia del Dr. Luis Bedoya Reyes”.
Señaló que dicho encuentro era para “propiciar una atmósfera favorable a revertir la situación en la que nos encontramos”, signada por la reconstrucción y la lucha contra la corrupción. Luego, cortésmente, PPK pondría de lado la presencia de un tercero e insistiría en colocar lo convenido en el fantasmal espacio del Acuerdo Nacional.
Mientras tanto, Fuerza Popular le abrió un proceso disciplinario a Kenji Fujimori quien, en las últimas semanas, ha hecho evidentes esfuerzos para aparecer distanciado de las posiciones de su hermana y gran parte de la bancada parlamentaria a la que pertenece, criticando la labor del Congreso, pedir la reestructuración de su partido y mostrando inocultables simpatías por el gobierno de PPK.
Para los congresistas fujimoristas, como Rosa Bartra, ya era tiempo que Kenji “actúe con madurez y con respeto por la organización a la cual pertenece”. De igual manera, para Carlos Tubino, también congresista de FP, los pronunciamientos de Kenji Fujimori, estaban “afectando a la unidad del grupo” y “por unanimidad ha sido acordado que se debe abrir un proceso disciplinario”.
En cualquier caso, un primer resultado de estos golpes de timón ha sido que el premier Zavala permanecerá aún en su cargo. Días atrás, los voceros fujimoristas habían vuelto a tocar los tambores de guerra teniendo como pretexto nuevos audios donde el ex contralor Alarcón y los ministros Thorne, Vizcarra y Zavala conversaban en torno a Chinchero sin mayores consecuencias, aunque eso fue suficiente para que volvieran a blandir las amenazas de censura. Como afirmó Rosa Bartra, "Por lo mismo (por unos audios) le pedimos la renuncia a Alfredo Thorne. Si estamos hablando del mismo tema, es natural que haya una consecuencia. Nosotros tenemos el celo para que el Estado recupere la credibilidad, por eso necesitamos explicaciones claras".
Por otro lado, llama la atención que el indulto a Alberto Fujimori no sea un tema explícitamente puesto en la mesa por su hija. Más aun, esto puede asociarse a las declaraciones hechas por otra integrante de la bancada fujimorista, Úrsula Letona, sobre este asunto: “si Fujimori fuese indultado debería optar por no hacer política [...] Es importante tener en claro que él ya no debería hacer política activamente porque puede prestarse a un juego perverso de manipulación de quienes creen que él no debería salir”.
Todo lo expresado y actuado desde la cúpula del poder político del país pareciera ser razonable. Sin embargo, hay varias cuestiones que debieran tomarse en cuenta como, ¿qué espera Keiko de PPK y viceversa? A su vez, asociada a esta interrogante, ¿qué esperamos con la llamada al orden a Kenji? De las respuestas que obtengamos podríamos deducir lo que quedaría en el orden de los deseos y lo que podríamos asumir como factible.
Bajo esta lógica, es muy difícil que de dicha reunión en las alturas emanen directivas que alguna instancia operativa plasme en resultados, sencillamente porque éstas no existen. Entre el espacio generado por Keiko y PPK, los grupos y subgrupos congresales, las estructuras partidarias (si existen) y los activistas políticos regionales y locales no hay articulaciones que valgan ya que existen guiados solamente por sus propias inercias. Si PPK considera que este dato de la realidad podrá ser superado recurriendo al Acuerdo Nacional, solo estamos agregando más problemas.
Así, veamos entonces qué depara los acuerdos respecto a mejores manejos de una situación cada vez más empantanada, que pone a prueba la soportabilidad tanto de los que tienen la manija del país, como de aquellos que no formamos parte de estos grupos. Todo parece indicar que será poco o nada lo que podrán lograr.

desco Opina / 6 de julio de 2017

La tentación del sillón municipal



En un año pre electoral es habitual que quienes tengan aspiraciones de ocupar alcaldías –a fin de colocarse en la vitrina popular, inicien procesos o campañas de desprestigio contra autoridades y funcionarios en ejercicio con el afán de presentarse ante la opinión pública como el mesías del desarrollo local. Lo que no deberíamos aceptar como natural –ni deseable– es el alto número de denuncias, investigaciones o sentencias judiciales que tienen como protagonistas centrales a las autoridades ediles y funcionarios municipales de puestos de confianza. Esta situación está presente en todas las jurisdicciones del país y la región Junín no es un caso excepcional. Allí, el  gobernador regional viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Un breve recorrido panorámico por las provincias de la región Junín nos permite concluir que hay muchos alcaldes y funcionarios municipales que se encuentran bajo investigación, afrontando denuncias penales, apelando sentencias en su contra o en prisión. Iniciemos nuestro periplo en Huancayo provincia capital de la región; los regidores han denunciado penalmente al alcalde y sus funcionarios por abuso de autoridad y falsificación de documentos. En El Tambo, el distrito más grande de la ciudad de Huancayo, se ha solicitado la vacancia del alcalde supuestamente por favorecer a ciertos regidores. Por otro lado, lo más resaltante en el escenario noticioso del centro del país, debe haber sido la movilización de los pobladores de la provincia de Tarma, cuyo alcalde Luis Palomino Cerrón es cuestionado por el incumplimiento de obras que fueron comprometidas durante la campaña electoral, así como por atentar contra el patrimonio cultural de la provincia. Esta movilización social que bloqueó los accesos hacia la selva central, sólo pudo ser apaciguada con la participación de una delegación de la PCM.
Chupaca es otra muestra; pesa contra su alcalde provincial una acusación fiscal por comisión de delito ambiental por el botadero de residuos sólidos ubicado en el paraje “Capish Tushuna” en el barrio Común, mientras que en Concepción, el alcalde provincial está en problemas desde noviembre del 2016 acusado por un supuesto desvío de los fondos municipales.
En la selva de Junín ocurre lo mismo, el alcalde de Chanchamayo, Hung Won Jung, quien ejerce su segundo período consecutivo se halla inmerso en una serie de cuestionamientos y acusaciones por el presunto delito de colusión agravada en la compra de maquinaria pesada que han derivado en una orden judicial de internamiento preventivo por nueve meses. Otras decisiones judiciales referidas a esta provincia involucran a los alcaldes de los distritos con la mayor densidad poblacional, Pichanaqui y Perené, ambos con sentencias y el segundo de ellos en prisión.
En la selvática provincia de Satipo, en el año 2016 varias de las actuales gestiones distritales han enfrentado procesos de revocatoria que no han prosperado porque a los iniciadores les ha resultado imposible cumplir con la meta de adherentes para exigir la consulta popular. No obstante, muchas de estas movilizaciones revocadoras –sobre todo en el caso del distrito de Pangoa– han sido impulsadas por los políticos que no alcanzaron la simpatía electoral en el proceso del 2014, que los motivó a declarar una ‘guerra frontal’ iniciada aún antes que las autoridades electas asumiesen el cargo. Es distinto el caso del exalcalde de Coviriali César Jesús Gallardo Álvarez, que fuera capturado en Lima luego de varios meses en situación de prófugo tras haber sido sentenciado por apropiación indebida de más de 60 mil soles, producto de la sobrevaloración de la obra del ‘Sistema integral de residuos sólidos’.
Este permanente huayco de denuncias y movilizaciones de rechazo contra autoridades y funcionarios municipales de la región Junín, se podría mal entender como resultado de un supuesto crecimiento en la eficiencia del control ciudadano sobre el aparato público local. Sin embargo, pocos se preocupan por el debilitamiento de la credibilidad del sistema democrático que esto acarrea. Frases como “roba pero hace obra” se relacionan con “todos roban, así que hay que votar por el menos ladrón”.
La ausencia de una estrategia nacional de formación técnica para el ejercicio del gobierno local viene siendo consecuente con la pérdida de la confiabilidad en la democracia. Quienes ya están en carrera por los sillones municipales no se detienen a avizorar su futuro en relación con sus capacidades o las de su equipo de campaña. Lamentablemente, muchos de los que hoy se hallan en situación de investigados o apelando sus sentencias, buscan postular a otros cargos políticos dentro de la región o su provincia.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2017
Programa Regional Centro