Tras el envío del pedido de facultades
legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, los reflectores apuntan
a este poder del Estado para conocer su decisión, mientras el Presidente de la
República –fiel al estilo que explica su popularidad– negocia recursos para
inversión de «civilización» a «civilización» en China, se da tiempo para
criticar la eventual anulación de la segunda vuelta electoral propuesta por
Velásquez Quesquén, o la consulta ciudadana que el cardenal propone a propósito
de la píldora del día siguiente y la unión civil.
En el Congreso, por su parte, la Comisión de
Constitución decidió enviar las propuestas a 10 comisiones, dándoles un plazo de siete días para que revisen y opinen sobre los pedidos del Ejecutivo, abriéndose el
espacio para un nuevo peregrinaje de los distintos ministros por la Avenida
Abancay y en nuevas reuniones entre el Premier Zavala y las distintas bancadas.
Aunque todo indica que finalmente se aprobarán por mayoría buena parte de las
facultades legislativas solicitadas, ya es claro que algunas, como la reducción
de un punto del IGV, pueden no ser concedidas.
Mientras el aparente pulseo en esta materia
entre la mayoría congresal y el gobierno de PPK seguirá su curso varios días
más, pareciera que bajo la mesa se intentan distintos arreglos. La elección del
Defensor del Pueblo, sorprendentemente propuesto por Víctor Andrés García
Belaunde, finalmente sancionada desde Palacio de Gobierno que ordenó votar a su
bancada por el candidato apoyado por el fujimorismo, fue un indicio que dividió en la votación a la bancada oficialista.
Las posteriores e imprudentes designaciones del
Director de Certificación Ambiental del SENACE y del nuevo jefe de la DINI,
ambos ligados hasta no hace mucho a importantes empresas mineras, sin que la
mayoría opositora diga ni pío, definitivamente da que pensar, más aún cuando
esa misma mayoría parece interesada en que el Congreso designe distintos cargos
públicos, CONCYTEC incluido.
En este juego de una eventual cohabitación en
el gobierno de quienes comparten el modelo económico y la continuidad como base
dura de esa posible relación, la precariedad de nuestra institucionalidad se expresa cotidianamente. Si la bancada
de Peruanos por el Kambio crujió con la elección de Walter Gutiérrez y el APRA
se desmarca de Velásquez Quesquén en su afán de facilitarle el 2021 a Keiko
Fujimori, las disputas en el Frente Amplio entre un «ausente» Arana y el sector
que cierra filas con Verónika Mendoza, ocuparon el espacio, las más de las
veces alborozado e interesado de los medios de comunicación mayoritarios. Las
diferencias también llegan a Fuerza Popular, y las disputas entre las
congresistas Letona y Vilcatoma no pueden esconder la procesión que va por
dentro. Hasta Acción Popular desnuda sus pleitos internos ante el Jurado
Nacional de Elecciones y los evidencia en el Congreso.
En ese estado de cosas, el apuro por sacar la
ley sobre el transfuguismo, no parece casual. Como tampoco lo parece el
conflicto abierto por el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura,
interesado en tener mayor control sobre el Poder Judicial, y afectado
diariamente por muchos de los fallos de sus integrantes. Así, también por
debajo o al lado de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de
la República, asistimos a disputas y pechadas en otros poderes del Estado, que
como a los partidos políticos, parece no importarles su rol y su
responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra precaria institucionalidad.
Las facultades legislativas, mal que bien se
votarán los próximos días. Más allá de las disputas que las mismas traen
aparejadas, el norte último del gobierno y la mayoría, es el mismo: la
continuidad del modelo. Las diferencias siguen siendo de modales y de
tonalidad. Fue una congresista fujimorista la que intentó desvirtuar con una
propuesta legislativa la consulta previa, viéndose obligada a retroceder. Es el
gobierno el que nombra en SENACE un funcionario de reciente pasado minero,
viéndose obligado también a retroceder. Son los temas de fondo del continuismo
los que marcan la cancha en la que las diferencias se hacen cosméticas. Hará
bien la ciudadanía en mantenerse vigilante sobre la entrega de facultades
legislativas y sobre el contenido de las normas que el Ejecutivo pretende.
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