miércoles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el debate por darse



Un fantasma recorre nuestra época: el fantasma del corto plazo
Jo Guldi y David Armitage

La negación para potenciar Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),  es lo más notorio del complicado proceso de facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo a un Congreso mayoritariamente opositor. Inmediatamente se la asoció, aunque creemos que equivocadamente, con el estereotipo corrupto que el fujimorismo se ganó a pulso. Igualmente malo –políticamente hablando– ha sido ubicar este resultado en el restringido campo de los intereses de los 72 parlamentarios de la referida bancada que, desde la perspectiva de algunos análisis, parecieran estar solos en la cancha, haciendo y deshaciendo según les dictan sus cortos cálculos.

Debe recordarse que la adecuación institucional para reprimir eficientemente las transacciones financieras con dinero obtenido ilícitamente es de data más o menos larga.  En 1992 –Ley 25428– se establecieron los primeros controles ciertos, normando facultades para intervenir e investigar a personas y organizaciones, restringiéndoles la reserva y la garantía del secreto bancario. En 1996 se explicita legalmente las entidades y personas que están obligadas a informar de sus actividades que serán aumentadas en el 2008, así como los montos transados sujetos a supervisión. Posteriormente, se añaden hasta diez nuevas modalidades de corrupción, complejizando aún más el esquema de represión al delito de lavado de activos.  

Junto a esos logros, hay que considerar también los poderosos factores –normalmente no visibles–, que buscaron restringir estas funciones, algo que aún está pendiente de una comprensión cabal y un debate político en forma. Es decir, no es solamente un problema de institucionalidad, sino también de las fortalezas e intereses que portan los actores que se desenvuelven en estos ámbitos que, como hemos visto, no se reducen al tráfico de drogas aun cuando esta actividad sea el origen de algo menos de la mitad de los montos lavados en el país.

Otra cuestión a tener en cuenta, es que la UIF no es un esfuerzo aislado del Estado peruano para darse mayor transparencia y eficacia en la represión del delito. Por el contrario es, al menos en parte, producto de las condicionalidades impuestas por el sistema internacional. Como afirma el Banco Mundial, las UIF son parte de las estrategias globales implementadas para enfrentar al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, es «una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir, analizar y transmitir a las autoridades competentes información sobre operaciones sospechosas», porque «la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es crucial para la integridad de los sistemas financieros».  Así, las primeras UIF –creadas bajo el auspicio del BM– aparecieron en los años 90 y lo que habría que preguntarse es por qué demoramos casi una década en hacer realidad la nuestra. Al parecer, este aplazamiento no se debió exclusivamente a la poca propensión del fujimorismo –entonces en el gobierno– hacia la transparencia y una efectiva represión del lavado de activos. 

En todo caso, lo que empezó a construirse y fortalecerse a inicios del presente siglo no fue solamente una entidad –la UIF– sino un frondoso sistema en donde ésta se concibe como vértice del mismo, denominado Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT), conformado por lo que las normas respectivas denominan Sujetos obligados, Organismos supervisores y Colaboradores públicos.


Sujetos Obligados
El comercio de antigüedades.
El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas objetos de arte y sellos postales.
Los préstamos y empeños.
Martilleros públicos.
Construcción e inmobiliarias.
Las organizaciones e Instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional.
Compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
Compra venta de Divisas.
Casas de juego, hipódromos y sus agencias y similares.
Gestores de intereses en la Administración Pública.
Empresas que permitan mediante sus programas y sistemas de informática, se produzcan Operaciones Sospechosas de LAFIT.


Organismos Supervisores


SBS
Sistema Financiero.
Seguros.
AFP Empresas de servicios complementarios y conexos.
Cajas de Ahorro y Crédito que no captan dinero del público.
Fideicomisarios o administradores de bienes, empresas y consorcios.
Empresas emisoras de tarjetas de crédito.
CONASEV
Sociedades agentes de bolsa de intermediarias de valores.
Administradoras de fondos.
Titulizadoras.
Compensación y liquidación de valores.
Otras.
MINCETUR
Casinos.
Salas de máquinas y tragamonedas.
Agencias de viaje y de turismo.
Hoteles.
Restaurantes.
Consejo Del Notariado
Notarios Públicos.
MTC
Empresas concesionarias de remesa postal.
Courier.
SERPOST.
Ministerio de Energía y Minas
Empresas Mineras.
Ministerio del Interior
DISCAMEC.
Vendedores de armas.
Fabricantes de explosivos.
Sociedad de Beneficencia Pública (MINDES)
Loterías.
APCI
Organizaciones No Gubernamentales.
Personas receptoras de donaciones o aportes de terceros.
SUNAT
Agencias y Despachadores de Aduanas.
Despachadores de operaciones de importación y exportación.
Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería.
Ministerio de la Producción
Productoras o comercializadoras de insumos químicos utilizados para la producción de drogas y explosivos.


Colaboradores Públicos

Instituciones y Organismos Públicos que cooperan con la UIF-Perú en el suministro de información, para la lucha contra el LAFIT.

Ministerio de Justicia: SUNARP y Consejo del Notariado.
Ministerio Público.
Poder Judicial.
RENIEC Y ONPE.
Contraloría General de la República.
Ministerio de Economía y Finanzas: SUNAT, CONASEV y OSCE
Ministerio de Relaciones Exteriores: APCI.
Ministerio del Interior: DIGEMIN.
Presidencia del Consejo de Ministros: DEVIDA e INDECOPI.
Gobiernos Regionales.
Municipalidades.


Una vez establecida la UIF y el sistema que la cobija, lo que se plantea como reto es una eficacia que se condice con la buena gestión de la totalidad del sector público. Con el tiempo, dictamina la teoría, el objetivo debería ser la reducción apreciable del número de casos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. A fin de alcanzar el máximo grado de eficacia, todos los organismos participantes –desde las entidades notificadoras hasta las autoridades judiciales– tienen que incrementar su propia eficacia y cooperar entre sí para funcionar bien en conjunto. De ahí que cada componente del sistema tenga que evaluarse en función de los esfuerzos que se desplieguen para que cumpla su cometido individual, incluso si se trata de tan solo una parte de todo el engranaje. Al parecer, aún no hemos llegado a esta situación. Según el último reporte de la Unidad, el número de casos sospechosos sigue en aumento constante desde el 2007, siendo el sistema bancario donde se da la mayor ocurrencia.



La frecuencia más alta del posible delito vinculado al lavado de activos, corresponde al narcotráfico, seguido por la corrupción de funcionarios. Asimismo, gran parte del flujo pareciera tener como destino la actividad minera. 





Esta situación es favorecida –como el propio superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza, asevera– porque el Perú tiene una economía «sin muchos controles», haciendo muy difícil el seguimiento debido. Al respecto, el mismo Espinoza aseguró que eran los sectores construcción y comercio exterior los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país: «en el sector construcción existe la costumbre de crear una empresa y construir un edificio, para posteriormente cancelarla, y luego empieza el círculo de crear otra empresa para construir otro edificio y así sucesivamente. Es muy difícil hacerle el seguimiento a este tipo de modalidad delictiva».

Frente a ello, lo conveniente sería revisar los pilares de transparencia del Estado peruano, su eficiencia en la gestión, así como contemplar la posibilidad de potenciar la UIF como un organismo público descentralizado que le permita una mayor autonomía y ejercicio de rectoría sobre el resto de las entidades públicas. En suma, no es cuestión de crear «islas de excelencia» sino de un aparato estatal que responda a exigencias éticas, incluso sobre sus metas de crecimiento económico.



desco Opina / 27 de setiembre de 2016

viernes

Hábitat III y el impulso de la sociedad civil



Durante la primera quincena de octubre, en la ciudad de Quito – Ecuador, se realizará la tercera edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, denominada «Hábitat III». Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebran estas conferencias cada 20 años debido a los retos que supone el rápido proceso de urbanización mundial y la vinculación del desarrollo urbano con el desarrollo sostenible.
La primera conferencia, Hábitat I, se celebró en 1976 en Vancouver, Canadá. En ella se discutieron los desafíos de las ciudades frente a los asentamientos. Veinte años más tarde se realizó Hábitat II en Estambul, Turquía, ésta se centró en la temática de ciudades sostenibles y vivienda digna para todos. La Conferencia Hábitat III se convoca con el objetivo de fortalecer el compromiso mundial por el desarrollo sostenible mediante la adopción de una Nueva Agenda Urbana (NAU), que permita a los Estados planificar metas y ejecutar estrategias que respondan a los desafíos de una época cada vez más urbanizada asegurando un compromiso político renovado para garantizar el desarrollo urbano sostenible.
En ese contexto, como una actividad preparatoria, acaba de tener lugar entre el 7 y el 10 de septiembre la reunión intergubernamental del Hábitat III en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se ha presentado la versión preliminar de la NAU. Llama la atención que el documento solo esté circulando en inglés, cuando se sabe bien que la ONU establece un total de seis idiomas oficiales con la finalidad de asegurar una comunicación clara y concisa en los asuntos de importancia mundial. En cierta forma nos revela el menor compromiso real con el proceso Hábitat III de la comunidad internacional desde los Estados integrantes de las Naciones Unidas.
No puede ignorarse que los funcionarios del gobierno peruano a cargo de la elaboración del Informe Nacional durante el gobierno del presidente Humala, cumplieron una triste y silenciosa labor al respecto, enviando a la ONU en forma casi clandestina el informe de Perú que aparece colgado en la web del foro Hábitat III. Este documento no fue fruto de un Comité Nacional que evaluara los alcances de las políticas públicas y los compromisos del gobierno peruano en relación a Hábitat I y II, tal como lo sugería Naciones Unidas. Cabe preguntarse entonces por qué los colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros, así como la Asociación de Municipalidades del Perú y la  Sociedad de Urbanistas del Perú no han asumido un rol más activo en el proceso, y cómo es que se ha diseminado o no entre sus miembros el informe nacional, o si recogieron aportes de sus miembros del ámbito nacional para no replicar prácticas centralistas de mirar el país desde sus sedes en Lima.
Sin embargo, la sociedad civil continúa en su empeño por sacar adelante este proceso. Podemos así dar cuenta que, específicamente en Lima Metropolitana, los miembros del Colectivo de Incidencia y Acción Urbana - CIAUR alistan propuestas para participar en el Foro Social Frente a Hábitat III a desarrollarse en la Universidad Central del Ecuador como evento paralelo al foro oficial. Este foro viene siendo impulsado por las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador, con el respaldo y participación de organizaciones internacionales de la sociedad civil como la Coalición Internacional por el Hábitat, la Unión Nacional por la Moradia Popular y la Alianza Internacional de Habitantes.
El CIAUR, como colectivo urbano destaca en su propuesta la urgencia por reivindicar el acceso a la vivienda segura, saludable y el derecho a la ciudad, así como la necesidad de impulsar la reducción de riesgos de desastres y la gestión ambiental ante los efectos del cambio climático en las ciudades. Este documento es el resultado de un diálogo sustantivo entre diversas organizaciones sociales de base (OSB) de Lima Metropolitana que será compartido con OSB de América Latina, con la finalidad de ajustar una agenda común amplia que incluya estrategias similares de incidencia en políticas públicas urbanas, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades.
Por todo ello, la movilización de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil resulta destacable en su compromiso por enriquecer la Nueva Agenda Urbana y generar una toma de conciencia global que vaya mucho más allá de la formalidad de aprobar un documento que pareciera ya estar cerrado. Hábitat III será muy pronto el espacio de la sociedad civil global para discutir alternativas sociales que articulen un frente ciudadano de múltiples países que exprese las preocupaciones y compromisos ante las desigualdades producto de las lógicas mercantilistas y de consumo de las ciudades. Esperamos que su voz se sienta en el marco de las luchas por la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental que el planeta requiere, sumando a ello la exigibilidad de los derechos humanos vinculados a la vivienda y a la tierra, tanto en el campo como en la ciudad.

desco Opina - Regional / 23 de setiembre de 2016
Programa Urbano
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jueves

Más allá del pedido de facultades legislativas



Tras el envío del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, los reflectores apuntan a este poder del Estado para conocer su decisión, mientras el Presidente de la República –fiel al estilo que explica su popularidad– negocia recursos para inversión de «civilización» a «civilización» en China, se da tiempo para criticar la eventual anulación de la segunda vuelta electoral propuesta por Velásquez Quesquén, o la consulta ciudadana que el cardenal propone a propósito de la píldora del día siguiente y la unión civil.
En el Congreso, por su parte, la Comisión de Constitución decidió enviar las propuestas a 10 comisiones, dándoles un plazo de siete días para que revisen y opinen sobre los pedidos del Ejecutivo, abriéndose el espacio para un nuevo peregrinaje de los distintos ministros por la Avenida Abancay y en nuevas reuniones entre el Premier Zavala y las distintas bancadas. Aunque todo indica que finalmente se aprobarán por mayoría buena parte de las facultades legislativas solicitadas, ya es claro que algunas, como la reducción de un punto del IGV, pueden no ser concedidas.
Mientras el aparente pulseo en esta materia entre la mayoría congresal y el gobierno de PPK seguirá su curso varios días más, pareciera que bajo la mesa se intentan distintos arreglos. La elección del Defensor del Pueblo, sorprendentemente propuesto por Víctor Andrés García Belaunde, finalmente sancionada desde Palacio de Gobierno que ordenó votar a su bancada por el candidato apoyado por el fujimorismo, fue un indicio que dividió en la votación a la bancada oficialista.
Las posteriores e imprudentes designaciones del Director de Certificación Ambiental del SENACE y del nuevo jefe de la DINI, ambos ligados hasta no hace mucho a importantes empresas mineras, sin que la mayoría opositora diga ni pío, definitivamente da que pensar, más aún cuando esa misma mayoría parece interesada en que el Congreso designe distintos cargos públicos, CONCYTEC incluido.
En este juego de una eventual cohabitación en el gobierno de quienes comparten el modelo económico y la continuidad como base dura de esa posible relación, la precariedad de nuestra institucionalidad se expresa cotidianamente. Si la bancada de Peruanos por el Kambio crujió con la elección de Walter Gutiérrez y el APRA se desmarca de Velásquez Quesquén en su afán de facilitarle el 2021 a Keiko Fujimori, las disputas en el Frente Amplio entre un «ausente» Arana y el sector que cierra filas con Verónika Mendoza, ocuparon el espacio, las más de las veces alborozado e interesado de los medios de comunicación mayoritarios. Las diferencias también llegan a Fuerza Popular, y las disputas entre las congresistas Letona y Vilcatoma no pueden esconder la procesión que va por dentro. Hasta Acción Popular desnuda sus pleitos internos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los evidencia en el Congreso.
En ese estado de cosas, el apuro por sacar la ley sobre el transfuguismo, no parece casual. Como tampoco lo parece el conflicto abierto por el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura, interesado en tener mayor control sobre el Poder Judicial, y afectado diariamente por muchos de los fallos de sus integrantes. Así, también por debajo o al lado de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, asistimos a disputas y pechadas en otros poderes del Estado, que como a los partidos políticos, parece no importarles su rol y su responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra precaria institucionalidad.
Las facultades legislativas, mal que bien se votarán los próximos días. Más allá de las disputas que las mismas traen aparejadas, el norte último del gobierno y la mayoría, es el mismo: la continuidad del modelo. Las diferencias siguen siendo de modales y de tonalidad. Fue una congresista fujimorista la que intentó desvirtuar con una propuesta legislativa la consulta previa, viéndose obligada a retroceder. Es el gobierno el que nombra en SENACE un funcionario de reciente pasado minero, viéndose obligado también a retroceder. Son los temas de fondo del continuismo los que marcan la cancha en la que las diferencias se hacen cosméticas. Hará bien la ciudadanía en mantenerse vigilante sobre la entrega de facultades legislativas y sobre el contenido de las normas que el Ejecutivo pretende.

desco Opina / 16 de setiembre de 2016
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