viernes

¿La antipolítica en los partidos?



La campaña electoral continúa con su tono farandulero y de escándalo, como lo hará previsiblemente hasta el final. En los días recientes, distintos «casos» evidencian cómo están enfrentando los distintos partidos los comicios venideros. Los medios de comunicación nos han presentado los «jales» de algunos de los principales candidatos, que buscan «adquirir» las capacidades de aquellos; así distintos personajes como Vladimiro Huaroc y Fernando Rospigliosi aparecieron como figuras intercambiables, el uno acercándose a Keiko Fujimori, el segundo vinculándose con PPK. En este afán, a los más nuevos no les fue tan bien; César Acuña y su agrupación pagaron la factura de su inexperiencia y tras presentar a sus especialistas en seguridad, tuvieron que desmarcarse de uno de ellos, vinculado al escándalo López Meneses.
El Partido Popular Cristiano se encuentra atrapado en problemas mayores. Sus ostensibles desavenencias internas, agravadas por la disposición de su lideresa Lourdes Flores de marchar a una alianza con el APRA, se desbordaron tras sus elecciones internas para dirigentes territoriales quienes elegirán, a inicios de diciembre, sus nuevas autoridades nacionales y definirán su participación en las elecciones del 2016. Hoy, los socialcristianos han trasladado su disputa, tras ventilarla cargada de adjetivos por los medios, al Jurado Nacional de Elecciones y todo indica que la presunta alianza voló por los aires, llevándose de encuentro la unidad del partido de Bedoya Reyes.  
El APRA no la pasa mejor. Tras la pomposa presentación de su Plan de Gobierno 2016-2021, el portal Altavoz, llevado por la denuncia puntual de un exfuncionario del Ministerio de Cultura, denunció que el 32% del documento no sería de autoría original, proviniendo de distintas fuentes, ninguna de las cuales es citada. En otras palabras, un vulgar plagio. El candidato García, rápidamente se desmarcó del documento, indicando que su plan de gobierno lo presentó él mismo con anterioridad en el coliseo Chamochumbi, anunciando la separación del partido de quienes resulten responsables del desaguisado. Reviviendo viejas disputas en Alfonso Ugarte, con el congresista Mulder a la cabeza, se inició el cargamontón contra Jorge del Castillo, encargado del documento, quien finalmente puede ser descabezado, no obstante sus explicaciones.
Aunque se trata de casos distintos, los tres tienen en común el desinterés y el descuido por las formas que muestran las principales agrupaciones políticas involucradas. Expresan lo que varios llaman la antipolítica. Pareciera que se trata de «rodearse» de especialistas que permitan mejorar la imagen de cada aspirante, así éstos no entiendan lo que aquellos plantean; que  salvar la valla electoral es la única garantía de supervivencia y que programas y planes son poco más que meras fórmulas para cumplir con las exigencias de los organismos electorales.
El caso del APRA es el más llamativo en este sentido. No sólo porque se trata de la agrupación con más larga historia y permanencia en nuestro país, aquella que sin duda tiene el número mayor y más alto de militantes –entendidos en el sentido clásico del término–, sino también, y especialmente, porque siempre se ha afirmado como una organización programática e ideológica. Los sucesos recientes evidencian, por si hiciera falta, que todo ello es parte de lo que el viento se llevó. Más allá de los discursos, parece claro que el partido de Haya de la Torre, como los otros, se siente cómodo con la desafección por la política que existe en el país y actúa en consecuencia.
En este escenario, cabe preguntarse si el electorado está interesado o no, en estas cuestiones. Es decir, si éstos y otros casos similares que se seguirán sucediendo, les implican un costo importante en votos a las agrupaciones involucradas. Todo indica que no tanto, dado el «adelgazamiento» sistemático de nuestra democracia. Sin embargo, es obvio que los hombres y mujeres de este país tienen preocupaciones concretas sobre su futuro inmediato –ingresos, pensiones, acceso a servicios de calidad, ejercicio de derechos, oportunidades en el mercado, etc. –, que intuyen están ligadas a cuestiones que los exceden individualmente, del tipo qué vamos a hacer para enfrentar el fin de un ciclo económico o cómo vamos a atender la inseguridad ciudadana.
Si las respuestas están en un documento, plan o programa, no les interesa. Lo que están buscando son respuestas que los convenzan y rostros que les resulten convincentes.


desco Opina / 27 de noviembre de 2015
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lunes

Cambios de zonificación al gusto del desarrollador inmobiliario



El pasado 12 de noviembre el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la Ordenanza n°1911 que dispone la revisión de las solicitudes de cambio de zonificación de manera individual y en cualquier momento del año, que según los promotores de la norma, busca desentrampar más de 252 expedientes sin resolver, acumulados desde el año 2013. La decisión atiende solamente a demandas puntuales de intereses inmobiliarios y comerciales, sin considerar el contexto urbano en el que se pretende desarrollar, simplemente satisface apetitos inmobiliarios sin ponderar las consecuencias y efectos de estas medidas sobre la ciudad y los que vivimos en ella. Un ejemplo de este descuido y falta de respeto por los vecinos es lo que ya viene sucediendo en un distrito como Miraflores, en el cual se pretende desplegar cambios de zonificación sin consulta y consenso de los vecinos que viven en el entorno generando escenarios de conflictos. Otro caso similar por efectos no contemplados de un cambio de zonificación, fue la reacción de los vecinos de Jesús María ante el intento de ampliar la Av. Salaverry a un tercer carril por la congestión que genera el nuevo centro comercial Real Plaza.
Esta decisión debe alertarnos por varias razones. La primera es que los cambios específicos de zonificación no estaban prohibidos, pero sí estaban regulados para que se produjeran sólo dos veces al año y previa consulta vecinal integral. De esta manera los desarrollos inmobiliarios y comerciales no contemplados en los parámetros vigentes en un distrito se debían acumular, todos, para ver el impacto conjunto de estos cambios sobre los barrios, las vías y los espacios públicos. El cambio de zonificación debía responder a una mirada de conjunto y no a pedidos lote por lote que a lo sumo, contemplan los efectos sobre una manzana y no sobre un barrio, una urbanización o un distrito.
La decisión tomada por el Concejo de Lima es más grave cuando –lo recordamos una vez más– la actual administración edil no cuenta con los parámetros de un Plan de Desarrollo Urbano que sirva de sustento y guía para sus decisiones, herramienta indispensable para una ciudad de casi nueve millones de habitantes como es Lima. Vemos entonces que la negativa del alcalde Castañeda a aprobar y poner en vigencia el documento de planificación para la ciudad (el PLAM 2035), trabajado durante la gestión edil previa, sirve de hecho a los intereses de quienes ven la ciudad solamente como una oportunidad para negocios de corto plazo y no como el hogar, el barrio y los espacios de vida de millones de personas que la habitan y esperan una ciudad mejor cada día.
Son penosas las justificaciones y peores los argumentos técnicos que esgrimen quienes ahora dirigen los destinos de Lima para intentar legitimar su proceder, pues evidencian con torpeza carecer de una visión que implique una propuesta de urbanismo de calidad, indispensable para gestionar nuestra ciudad. Peor aún, cuando esto ocurre ad portas de los Juegos Olímpicos Panamericanos, previstos a realizarse en Lima el año 2019 y próximos al bicentenario de la independencia del Perú. Nos preguntamos: ¿Es que Lima no tiene quién la defienda con amor e identidad ciudadana, como sí ocurre con otras ciudades como las del sur del país?, ¿es que tener una ciudad mejor solamente significa invertir en nuevas vías, mejoramiento de pistas y construcción de pasos a desnivel?, ¿así se logrará mejorar la eficiencia y eficacia que demandan los habitantes de Lima para tener una ciudad más segura, democrática y de mejor calidad humana? Parece que no, pues la prensa nos informa a diario que la seguridad, la movilidad y la accesibilidad dentro de la ciudad es cada día peor, como lo demuestran los accidentes de tránsito y la menor seguridad ciudadana.
La incapacidad de la gestión Castañeda para servir a los altos intereses de la ciudad (y más bien atender a oscuros beneficios crematísticos) se evidencia una vez más con esta nueva Ordenanza que, en su torpe negativa de hacer una lectura integral para la gestión concertada del territorio, abre los procesos de cambio de zonificación sin orden ni concertación. Al optar por soluciones puntuales y fragmentadas no resolverán los problemas de fondo de esta gran metrópoli; al contrario, éstos se agravarán generando nuevos conflictos de intereses entre vecinos, inversionistas e instituciones. Confiamos que en algún momento próximo, brote una corriente de opinión ciudadana diferente que denuncie y corrija la manera como se afecta la calidad de vida futura de todos en esta ciudad, empezando por los más débiles, excluidos y pobres… y por cierto, incluyendo la de usted que ahora nos lee.

desco Opina - Regional / 23 de noviembre de 2015
Programa Urbano
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viernes

César Acuña: las debilidades de una trayectoria pública



César Acuña está agitando el cotarro electoral peruano, especialmente el limeño. Su ascenso en las encuestas expresa el descontento y la falta de convicción de sectores de la ciudadanía con el menú de candidatos existente. Exalcalde provincial de Trujillo, Acuña exhibe como pergamino el haber acabado con la hegemonía electoral del APRA en el sólido norte; ex Presidente Regional, cargo al que renunció a los diez meses de haberlo asumido, es conocido también como un empresario exitoso de la educación, de origen cajamarquino aparentemente humilde: dueño de las Universidades César Vallejo (UCV) y Señor de Sipán, además de colegios en Trujillo y Piura, es también propietario de un club de fútbol de la primera división. Ha sido congresista por Solidaridad Nacional (2000-2001) y por Unidad Nacional (2001-2006), tras haberlo intentado por la Izquierda Socialista en la década del ochenta.  Fundador de Alianza para el Progreso, que creó para competir en las elecciones municipales hace ya más de una década, es innegable la importancia de su agrupación que hoy día dirige dos gobiernos regionales y más de un centenar de municipalidades en el país.
Más allá de esas imágenes, que sin duda sirven para entender su crecimiento en las encuestas, su trayectoria pública permite conocer mejor sus virtudes y limitaciones, algo que no fue posible con tanto detalle con candidatos como Alejandro Toledo y  Ollanta Humala, antes de sus respectivos triunfos. Por ejemplo, para saber cuán exitosa ha sido su performance como empresario de la educación, más allá del crecimiento espectacular de su universidad y de la utilidad económica que posiblemente le genera, se puede revisar un estudio recientemente divulgado  sobre las 19 mejores universidades del país, que incluye a dos centros privados de Trujillo, pero no a la UCV. Una encuesta publicada a fines del 2013, coloca a  esta entre las tres universidades privadas menos preferidas por las 1000 empresas top del país para contratar profesionales.
Aunque relativa, con esa información, cabe preguntarse por la calidad de la educación que su universidad brinda a sus estudiantes, y cómo el éxito económico de su propietario no se traduce necesariamente en éxito laboral de los profesionales que lo mantienen con sus pensiones. Sus opositores pueden sacarle esto en cara y la opinión pública preguntarse por su idoneidad como empresario y político. ¿Contar con Francisco Miro Quesada como Rector y eventualmente con Beatriz Merino como gerente, responde a un interés por mejorar la calidad o a una preocupación política?
Un segundo aspecto de su trayectoria pública está ligado a su éxito electoral. Alianza para el Progreso compitió en las elecciones regionales de La Libertad el 2010 y 2014, obteniendo respectivamente un 36% y un 43.6% de los votos válidos, mientras Acuña mismo ganaba la municipalidad provincial deTrujillo en el 2006 y el 2010. En los comicios regionales del 2014,  Acuña ganó la presidencia regional con 10 puntos de diferencia sobre un candidato aprista desgastado por sus dos períodos en el cargo (anteriormente alcalde provincial reelecto varias veces); esta ventaja fue sin embargo, de apenas 2.4 puntos en la provincia de Trujillo (60% de la población electoral del departamento), gestionada por él durante los últimos ocho años. Una cifra bastante magra considerando, además, los recursos desplegados en su campaña; su victoria la debió especialmente a los votantes de los valles costeños y de las provincias andinas de La Libertad. Aunque los resultados no dejan de ser buenos para el exalcalde, pueden leerse también como una expresión crítica de los electores votantes sobre su trabajo al frente de la municipalidad provincial, y no como empresario exitoso, relativizando en cierta medida  el mito que su propaganda quiso instalar en la región: que su gestión había cambiado Trujillo.
A ello hay que añadir las distintas denuncias e investigaciones que lo rodean, incluyendo una de lavado de activos que data del 2011 y que fuera propiciada por su entonces esposa, que seguramente serán magnificadas en una campaña que a todas luces tendrá un fuerte tono «cuchillero» y judicial.
Sin desconocer ninguno de sus méritos, incluyendo la pragmática presencia y desarrollo nacional de Alianza para el Progreso y su particular «instalación» en el norte del país, Acuña no parece ser una figura arrolladora ni un político especialmente valorado por su gestión como autoridad política. Triunfar en una ciudad o departamento donde el APRA está dividido y desprestigiado, las otras fuerzas son bastante débiles y no hay un caudillo con una imagen comparable a la suya, dista de ser una hazaña y a pesar de su imagen como empresario exitoso la va a tener más difícil en el plano nacional, donde se las tiene que ver con grupos políticos y figuras presidenciables de similar o mayor peso.  Los puntos que está ganando en las encuestas no son definitivos; la campaña para derribarlo recién se insinúa y nada permite pensar que esté blindado ante los embates que recibirá; ello no niega, por cierto, su posibilidad de seguir creciendo, de posicionarse como una opción del interior del país y de atraer alianzas con distintas agrupaciones desesperadas por su supervivencia, pero también con cacicazgos territoriales interesados por llegar al Congreso de la República.

desco Opina / 13 de noviembre de 2015 
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¿Hasta cuándo el Gobierno Regional Junín seguirá sin rumbo?



El departamento de Junín, centro nodal de conexión de cuatro regiones con altos niveles de pobreza como Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho, demanda políticas perspicaces y estrategias atractivas de inversión para  la diversificación productiva de los sectores agropecuario e industrial. Con un 21.90% de población pobre  (Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2007-2012. INEI) y un 64% de niños y niñas menores de tres años en condiciones de anemia (datos de DIRESA Junín), Junín  reúne un conjunto de indicadores que muestran la persistencia de la desigualdad, en gran medida fruto de la incapacidad de nuestros líderes políticos regionales para superarla.
La actual gestión del Gobierno Regional de Junín está hasta ahora pasmada, y carece de reacción o capacidad para tomar decisiones importantes para revertir la situación de la población empobrecida del departamento. El GORE actúa de manera improvisada, sin una agenda política interesante que proponga medidas para  alertar el desarrollo  de la región; es un gobierno débil para construir consensos sociales, fomentar el debate, la rendición de cuentas y superar las limitaciones que soporta desde hace años esta región. Se está  desaprovechando una vez más la oportunidad de desatar las potencialidades estratégicas de convertirse en  un gobierno dinamizador, que haga de Junín  el eje económico del corredor central del país.
Los GORE tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada en sus respectivas circunscripciones territoriales. En el GORE Junín se han desarrollado mecanismos para conceptualizar un territorio «democrático, descentralizado y desconcentrado» basado en el entendimiento del líder de cada gestión, sin tomar en cuenta, un modelo o propuesta de desarrollo viable, realista y sostenible, que permita a la sociedad civil organizada la vigilancia de este proceso. Lejos promover políticas regionales que contagien de dinamismo a gobiernos regionales vecinos, las sucesivas gestiones han permitido diferentes arreglos o acuerdos bajo la mesa, encubiertos por un supuesto «desarrollo integral sostenible» que en verdad no existe.
Nuestro país ha vivido una década de expansión económica que para algunos gobiernos regionales significó una importante afluencia de recursos gracias al canon minero, pero lo avanzado deja mucho que desear. Los principales esfuerzos de los políticos locales han estado más orientados a la promoción de sus propios movimientos regionales y algunos (pocos) partidos políticos que a plasmar un ideal o una propuesta efectiva de desarrollo y prosperidad para todos. Solo han sido agresivos en su tarea de marketing electoral para llegar al poder y luego sumar a su accionar a distintos actores privados sin visión ni compromiso de desarrollo regional, interesados tan solo en lucrar y rentabilizar sus ganancias (contratistas, empresas privadas –principalmente de la minería– y proveedores de bienes y servicios), resolviendo así los acuerdos de campaña con quienes les brindaron apoyo para llegar a gobernar.
Es duro decirlo, pero no hay una dirección que evidencie un propósito estratégico para hacer el pregonado desarrollo sostenible ofrecido. Así, la inversión en diversos proyectos a nivel regional se ejecuta sin concierto ni complementación de lo social con lo económico y lo ambiental. Lejos de promover oportunidades de crecimiento y desarrollo de Junín, estamos ante un festín de obras que no llevan a ningún buen destino. Para muestra están las diferentes ordenanzas promulgadas durante este año 2015:
En normatividad: Durante diez meses de gestión las ordenanzas promulgadas solo han servido para acomodar procedimientos administrativos atendiendo a intereses burocráticos de la gestión, sin establecer instrumentos  que faciliten la generación de proyectos destinados a dinamizar las economías locales o la formulación y ejecución de proyectos para disminuir brechas de desigualdad en términos sociales.
En gestión de proyectos de impacto regional: Durante este año fiscal 2015 simplemente se ha continuado con el programa de inversiones heredado de la gestión anterior (cumpliendo el mandato legal de dar continuidad a los proyectos pequeños) tal como se puede verificar en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, varios de los proyectos grandes e importantes como el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión se encuentran paralizados, como también  el puente Los Comuneros a la espera de un segundo peritaje. En los casos en  que se  reiniciaron  las construcciones (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas-IREN y Colegio emblemático Santa Isabel) esto ha ocurrido  por la movilización de la población y de varias autoridades locales. Es indispensable continuar con la ejecución de estas obras más allá de cualquier proceso de investigación. Constatamos con frustración que durante estos diez meses la gestión del gobierno regional se ha caracterizado por acciones irrelevantes como la creación de una policía regional intrascendente frente a los agudos problemas de Junín.
Por lo anterior, nos sumamos a las críticas de quienes plantean  que el actual Gobierno Regional de Junín debería formular una autocrítica sobre su accionar. Comprender su papel y liderar procesos con visión macro regional, dando continuidad a las mega obras planificadas durante la gestión anterior y proponer renovados programas de desarrollo concertados con actores provinciales y distritales. No hay más tiempo que perder, exigimos eficiencia y eficacia para desarrollar un trabajo con metas concretas esperadas por la población: disminuir la desnutrición crónica infantil y la anemia, apostar por la diversificación productiva como medio para la generación de ingresos y garantía de la seguridad alimentaria regional, levantando un programa de emergencia que apunte a mitigar las posibles consecuencias del cambio climático y el Fenómeno El Niño. La decisión está en manos del GORE, la vigilancia ciudadana permitirá formular críticas, pero también apoyar el trabajo colectivo  por la mejora de la calidad de vida en un ambiente democrático y responsable.

desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2015
Programa Sierra Centro
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