Un día antes del último
paro regional convocado en Arequipa contra el proyecto Tía María, el gobierno
nacional publicó una resolución suprema, autorizando hasta el 24 de junio la
intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú,
para el mantenimiento del orden interno en los departamentos de Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Esta decisión fue motivada
por el apoyo de los departamentos del sur a la protesta de los pobladores de
Cocachacra, siendo también una advertencia para estas zonas, donde se localizan
varios de los principales yacimientos mineros del país y donde bulle el descontento
social.
En el sur no se necesita
un Pepe Julio que amenace con incendiar Troya negociando protestas legítimas con el
empresariado minero. Esta protesta ha demostrado que existe una masa que
reprocha la imposición de un proyecto minero y el olvido gubernamental de sus
localidades. Sin embargo, el lado peligroso del asunto es que el movimiento
social no tiene una conducción política clara, tal cual se ha evidenciado
durante el primer paro, en especial en Arequipa, donde se vio a pequeños grupos
de personas desplegados por toda la ciudad, dispuestos a tirar piedras a
mansalva. La desarticulación del movimiento fue notoria pues ni los «líderes
sociales» que comprometieron a los suyos a la paralización, ni las autoridades
locales, pudieron controlar el desborde. Por ello, ante su error de lectura del
contexto social, el gobierno nacional tomó la peor decisión: militarizar el
sur.
La desconfianza no sólo
es un problema comunicacional, como cree Southern Peru, que el fin de semana
presentó en diferentes medios de comunicación su centro de información, sino de credenciales.
Y la licencia social no se impone a la fuerza, como trata de hacer el
gobierno, que se ha cerrado contra la posibilidad de que un tercero analice el estudio de impacto ambiental;
tampoco lo logrará amedrentando a las autoridades subnacionales, sino
trabajando con ellos como sus aliados, articulando los distintos niveles del
Estado.
El conflicto de Tía
María está dando lecciones al gobierno, el empresariado y a la clase política,
y es muy importante aprender de ellas, especialmente la necesidad de actuar a
tiempo para evitar la crisis, pues eso puede volver a ocurrir en Puno y
Apurímac, donde se está caldeando el ambiente (en Arequipa todavía estamos en
tensa calma).
Este es, por ejemplo, el caso en la Cuenca del Ramis, (Puno), donde se viene una paralización, en protesta por el retraso del
gobierno nacional en los proyectos de remediación de los estragos causados por la
minería informal. Apurímac, según la Defensoría del Pueblo, es el departamento
con mayores conflictos de tipo socioambiental vinculados a la explotación
minera. En Cocachacra hay una calma superficial, porque el conflicto ha quedado
en pausa con el estado de emergencia, con protestantes sin líderes visibles que
tomen la posta dejada por los líderes cuestionados, y sin muchas posibilidades
de desarrollar un real proceso de concertación en el sentido que espera el gobierno
nacional y la empresa, es decir, la continuación del proyecto. Todo ello es, en
último término, consecuencia de las acciones de la empresa y del mismo
gobierno, no sólo ante el desencadenamiento de la reciente huelga en el valle
de Tambo, sino también, por la forma en que condujeron el proceso de
presentación del EIA en la zona hace dos años.
Sin embargo, y tratando
de convertir esta crisis en una oportunidad, la situación abre la posibilidad
para que distintos actores políticos y sociales puedan poner en discusión
elementos clave para soluciones de fondo y de largo aliento: La gobernanza de las industrias extractivas, la
política de gestión de conflictos, la formación de liderazgos, la crisis de los
partidos, así como la sostenibilidad del modelo económico vigente. Antes que
salidas coyunturales y referidas a un caso específico, el país necesita tener
alternativas que enfrenten el problema desde sus raíces.
desco Opina -
Regional / 12 de junio de 2015
Programa Regional Sur
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