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Tía María III: los desafíos de lograr un acuerdo



En estos últimos días se ha comenzado a hablar de posibles salidas a la huelga que ha paralizado al valle de Tambo por más de seis semanas, a raíz de la oposición de un importante sector de población al proyecto Tía María de Southern. Por un lado, las principales cabezas de las movilizaciones han pedido ya la mediación de la Defensoría del Pueblo y, por otro lado, el gobierno, se estaría allanando a la fórmula que antes rechazó: someter el EIA de Southern a la revisión de una entidad independiente.
Más de cuarenta días de paro y movilizaciones ejercen un evidente efecto de desgaste en la población, con innegables pérdidas económicas y paralización de clases. La próxima temporada de cosechas en un valle altamente integrado al mercado nacional y regional debe preocupar también a los productores de la zona; la pérdida de estas sería insostenible para la economía local. El gobierno nacional, por su parte, parece ir admitiendo ya la inviabilidad del proyecto sin un alto costo político y social que, entrando a su último año de gestión, no estaría dispuesto a afrontar.
Se vislumbra así una primera salida al escalamiento del conflicto durante estas semanas, pero las cosas parecen más complicadas que buscar un mediador y sentarse a pactar condiciones para el levantamiento de la huelga, el cese de la violencia y el retiro de las fuerzas policiales del valle. Un problema fundamental sería, actualmente, la real capacidad que tienen los líderes visibles de la movilización (alcaldes distritales y dirigentes sociales) para hacer un arreglo aceptable por sus bases, especialmente, por las más activas y radicales.
Como se evidenció desde el primer día, el conflicto de Tía María no cuenta con un liderazgo indiscutible; con el transcurrir de las semanas, se habrían ido sumando nuevos actores al conflicto: grupo de aymaras de Puno, de la línea de Walter Aduviri; afiliados a sindicatos de construcción civil, supuestos militantes del MOVADEF; entre otros. Una mención especial merecen los denominados «espartambos», jóvenes aparentemente locales, presuntamente licenciados de las fuerzas armadas, cuya participación en las movilizaciones evidencia un innegable grado de organización propia, que con frecuencia se enfrentan violentamente a la policía, habiéndose convertido hoy en una suerte de «barra brava» a la que nadie parece controlar.
El escenario de negociaciones se presenta entonces complejo y difícil; por un lado, va a ser complicado lograr un arreglo entre el gobierno nacional y los líderes de la protesta en el cual debería sin duda participar la gobernadora regional de Arequipa y otros sectores del departamento, para poner en marcha un proceso que desembocaría en un acuerdo definitivo aunque incierto y sin fecha preestablecida.
Por otro lado, y considerando cómo se ha puesto la situación en el valle, otro punto en cuestión, la premisa para un arreglo más efectivo, es el acuerdo al que lleguen los distintos actores y fuerzas que actúan hoy allí en oposición a Tía María. Una pregunta de respuesta por ahora incierta es cómo los liderazgos visibles de la zona pueden hacerles aceptar a todos, o la mayoría de los grupos, una salida que implique el fin de la violencia y de la huelga.
Se abren entonces al menos tres escenarios posibles en este campo: uno primero, más bien optimista, en el cual los alcaldes y dirigentes sociales logran que el grueso de los actores sociales acepten unas condiciones mínimas para llegar a un acuerdo con el gobierno y cesar la huelga y la violencia. Un escenario intermedio, en donde aquéllos logran una alianza con la mayoría de actores y aíslan o se desmarcan de los grupos más intransigentes que quieren continuar las movilizaciones a toda costa; y un escenario pesimista, en el que las autoridades y dirigentes sociales pierden el liderazgo del movimiento y se abre paso a una situación de enfrentamiento con consecuencias imprevisibles.
Estas opciones hacen más que nunca necesarias la cautela y la prudencia que todos los actores de la negociación en ciernes deben tener, particularmente del gobierno nacional, que es en última instancia quien detenta el control de las fuerzas policiales y de las entidades del sector encargadas del complejo problema (Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, Agricultura, Interior). Es un momento de tender puentes y «enfriar el partido», evitando hacerle el juego a opciones radicales.
No deja de ser paradójico que el liderazgo del gobierno nacional en este proceso haya recaído en el Ministro de Agricultura, cuyo sector es el menos involucrado en el asunto. Energía y Minas, muy celoso de sus competencias en etapas anteriores del proceso, cuando triunfalmente se creía haber logrado la aprobación del EIA y aislado a los opositores, se opuso a la participación de una entidad especializada en prevención de conflictos como la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ahora aparenta bajar el perfil, justo cuando la situación se puso al rojo vivo, principalmente por sus propios errores. En el fondo, estamos lamentablemente, ante un Estado que no se encuentra preparado para lidiar con estas situaciones.

desco Opina / 8 de mayo de 2015
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