La derogatoria de la denominada «Ley Pulpín» no es otra cosa que el resultado de
un ciclo caracterizado por la actuación de un Presidente sin brújula y por
tanto, sin «hoja de ruta», cuya impericia e ineptitud política han contribuido
decisivamente a agravar y crispar la tensión que se vive en la escena oficial
en estas semanas.
El escándalo en torno a
la comisión López Meneses, la fuga de Martín Belaúnde, los supuestos seguimientos/reglajes de la DINI y la «Ley Pulpín» son
parte del mismo «paquete»: un gobierno atravesado por la poca transparencia en
sus decisiones, la incompetencia y la corrupción imperante en algunos de sus
sectores, así como la presencia de distintos discursos y estilos en sus
diversos «voceros».
La torpeza mostrada es
tal, que por momentos parece deliberada. Quien busque explicar esto en función
de la inteligencia de los autores, sólo está mirando una pequeña parcela del
problema; la explicación mayor se encuentra en la ausencia de una mirada política, reemplazada por los lentes de una
tecnocracia enceguecida y la instalación de una lógica casi militar para
abordar los problemas. A fin de cuentas, el presidente Humala es un militar que
mira la escena nacional desde esa óptica, rodeado, además, de asesores que
parecen provenir casi todos de ese estamento. No hay otra forma de entender la
miopía para forjar alianzas, el desempeño del Ministro del Interior y las
arrogantes declaraciones de muchas de sus «figuras» invitando a los potenciales disidentes a abandonar la bancada nacionalista.
El resultado de todo
esto no puede ser peor, no sólo para el gobierno sino para el país: políticos
fujimoristas y apristas, con un pasado oscuro en materia de derechos humanos, trayectoria
democrática, pero también en el manejo de los recursos públicos, aprovechan los
errores del Presidente y su entorno para blanquear su pasado y fungir de
moralizadores y defensores del estado de derecho. Un gobierno cada vez más
aislado, sin horizontes y sin voluntad ni capacidad para hacer nada mínimamente
diferente a lo que proponen los tecnócratas neoliberales que ocupan los puestos
claves en el MEF y otros sectores, es el menú más probable para los próximos 18
meses que restan antes de la transferencia.
La situación se parece
cada vez más a los momentos críticos del gobierno de Alejandro Toledo en su
ineptitud y aislamiento, aunque con una diferencia no menor: aunque el
Presidente Humala no registra tan bajos niveles de aprobación, aparece sí más
precario institucionalmente, con un gabinete más débil y sin operadores políticos comparables
a los que tuvo el ex presidente Toledo (Carlos Ferrero, Luis Solari, Luis Thais
o Juan Sheput). La crisis reciente ha sido particularmente grave para el
nacionalismo en la medida en que ha afectado a su núcleo duro, que se ha
mostrado dividido en torno a la «Ley Pulpín»; hoy, distintos indicios muestran
que un grupo de sus congresistas parece dispuesto a abandonar el barco en
cualquier momento, aumentando la sensación de desbande que ya empieza a
acentuarse.
La derogatoria de la «Ley
Pulpín» es políticamente importante por cuanto significa el cuestionamiento de
una medida típicamente neoliberal, que planteaba eliminar los «sobrecostos
laborales» como un mecanismo para retomar el crecimiento, suprimiendo en la práctica una serie de derechos laborales
que, desde esta óptica, son vistos como privilegios. Los tecnócratas del
gobierno han sido duramente golpeados y no deja de ser paradójico que el
Presidente Humala, quien como se recuerda, fue candidato con un programa al que
difícilmente podría considerársele neoliberal, haya hecho de la aprobación de
esta ley una cuestión de estado, eligiendo dar una batalla con un
empecinamiento que no se le conoció en años anteriores.
En estas condiciones,
las perspectivas para el año 2015 aparecen bastante inciertas y complicadas; el
debilitamiento de su bancada y las crecientes dificultades para generar
alianzas, le dificultarán al gobierno el control del Congreso y la aprobación
de sus iniciativas. En la escena social, la medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minas para facilitar las inversiones mineras, recortando funciones a las asambleas comunales,
la aprobación del EIA de Tía María para desarrollar el proyecto en una zona
donde los alcaldes recién elegidos levantan una plataforma claramente crítica
al proyecto y a la empresa involucrada, son indudablemente nubarrones negros en
el horizonte, que obligarán a una salida
negociada, para la que el gobierno muestra
poca o ninguna disposición. La incertidumbre de la economía internacional es otro
de los grandes problemas para un país esencialmente primario exportador, aunque
el ministro Segura, que en cualquier democracia seria renunciaría tras el
fracaso de la Ley Pulpín, insista en que nuestro paso al primer mundo es
cuestión de pocos años.
En ese marco, una
política razonable y democrática para un mandatario y un gobierno
crecientemente aislados, sería una apertura hacia el diálogo político y social.
Sin embargo, la poca destreza y voluntad políticas demostradas hasta la fecha,
el mencionado estilo militar y la falta de rumbo, no dan motivos para el
optimismo.
desco Opina / 30 de enero de 2015
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