jueves

Un presidente sin rumbo, un gobierno aislado




La derogatoria de la denominada «Ley Pulpín» no es otra cosa que el resultado de un ciclo caracterizado por la actuación de un Presidente sin brújula y por tanto, sin «hoja de ruta», cuya impericia e ineptitud política han contribuido decisivamente a agravar y crispar la tensión que se vive en la escena oficial en estas semanas.
El escándalo en torno a la comisión López Meneses, la fuga de Martín Belaúnde, los supuestos seguimientos/reglajes de la DINI y la «Ley Pulpín» son parte del mismo «paquete»: un gobierno atravesado por la poca transparencia en sus decisiones, la incompetencia y la corrupción imperante en algunos de sus sectores, así como la presencia de distintos discursos y estilos en sus diversos «voceros».
La torpeza mostrada es tal, que por momentos parece deliberada. Quien busque explicar esto en función de la inteligencia de los autores, sólo está mirando una pequeña parcela del problema; la explicación mayor se encuentra en la ausencia de una mirada política, reemplazada por los lentes de una tecnocracia enceguecida y la instalación de una lógica casi militar para abordar los problemas. A fin de cuentas, el presidente Humala es un militar que mira la escena nacional desde esa óptica, rodeado, además, de asesores que parecen provenir casi todos de ese estamento. No hay otra forma de entender la miopía para forjar alianzas, el desempeño del Ministro del Interior y las arrogantes declaraciones de muchas de sus «figuras» invitando a los potenciales disidentes a abandonar la bancada nacionalista.
El resultado de todo esto no puede ser peor, no sólo para el gobierno sino para el país: políticos fujimoristas y apristas, con un pasado oscuro en materia de derechos humanos, trayectoria democrática, pero también en el manejo de los recursos públicos, aprovechan los errores del Presidente y su entorno para blanquear su pasado y fungir de moralizadores y defensores del estado de derecho. Un gobierno cada vez más aislado, sin horizontes y sin voluntad ni capacidad para hacer nada mínimamente diferente a lo que proponen los tecnócratas neoliberales que ocupan los puestos claves en el MEF y otros sectores, es el menú más probable para los próximos 18 meses que restan antes de la transferencia.
La situación se parece cada vez más a los momentos críticos del gobierno de Alejandro Toledo en su ineptitud y aislamiento, aunque con una diferencia no menor: aunque el Presidente Humala no registra tan bajos niveles de aprobación, aparece sí más precario institucionalmente, con un gabinete más débil y sin operadores políticos comparables a los que tuvo el ex presidente Toledo (Carlos Ferrero, Luis Solari, Luis Thais o Juan Sheput). La crisis reciente ha sido particularmente grave para el nacionalismo en la medida en que ha afectado a su núcleo duro, que se ha mostrado dividido en torno a la «Ley Pulpín»; hoy, distintos indicios muestran que un grupo de sus congresistas parece dispuesto a abandonar el barco en cualquier momento, aumentando la sensación de desbande que ya empieza a acentuarse.
La derogatoria de la «Ley Pulpín» es políticamente importante por cuanto significa el cuestionamiento de una medida típicamente neoliberal, que planteaba eliminar los «sobrecostos laborales» como un mecanismo para retomar el crecimiento, suprimiendo en la práctica una serie de derechos laborales que, desde esta óptica, son vistos como privilegios. Los tecnócratas del gobierno han sido duramente golpeados y no deja de ser paradójico que el Presidente Humala, quien como se recuerda, fue candidato con un programa al que difícilmente podría considerársele neoliberal, haya hecho de la aprobación de esta ley una cuestión de estado, eligiendo dar una batalla con un empecinamiento que no se le conoció en años anteriores.
En estas condiciones, las perspectivas para el año 2015 aparecen bastante inciertas y complicadas; el debilitamiento de su bancada y las crecientes dificultades para generar alianzas, le dificultarán al gobierno el control del Congreso y la aprobación de sus iniciativas. En la escena social, la medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minas para facilitar las inversiones mineras, recortando funciones a las asambleas comunales, la aprobación del EIA de Tía María para desarrollar el proyecto en una zona donde los alcaldes recién elegidos levantan una plataforma claramente crítica al proyecto y a la empresa involucrada, son indudablemente nubarrones negros en el horizonte, que  obligarán a una salida negociada, para la que  el gobierno muestra poca o ninguna disposición. La incertidumbre de la economía internacional es otro de los grandes problemas para un país esencialmente primario exportador, aunque el ministro Segura, que en cualquier democracia seria renunciaría tras el fracaso de la Ley Pulpín, insista en que nuestro paso al primer mundo es cuestión de pocos años.
En ese marco, una política razonable y democrática para un mandatario y un gobierno crecientemente aislados, sería una apertura hacia el diálogo político y social. Sin embargo, la poca destreza y voluntad políticas demostradas hasta la fecha, el mencionado estilo militar y la falta de rumbo, no dan motivos para el optimismo.


desco Opina / 30 de enero de 2015
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viernes

Así empiezan las gestiones gubernamentales en Huancavelica y Junín



El inicio de una nueva gestión en los gobiernos regionales de Junín y Huancavelica es una oportunidad para mejorar las relaciones entre grupos sociales importantes, pero también entre estos y el Estado, permitiendo acciones concertadas para el logro de objetivos comunes de desarrollo. Sin embargo, esta «oportunidad» no estaría siendo bien encaminada por las nuevas gestiones y habría, al parecer, un afán de «uso desmedido» del poder, dejando de lado el cumplimiento de promesas electorales y de buscar la consecución de metas de beneficio colectivo.
En Huancavelica, se llevó a cabo el proceso de transferencia en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva N° 008-2014-CG/PCOR «Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales», estableciéndose un cronograma de trasferencia administrativa transparente, además de proporcionar las facilidades y garantías para un proceso eficiente.  A la fecha, se cuenta con un balance de la gestión anterior que se ha hecho de conocimiento público en una conferencia de prensa, donde el nuevo presidente regional, refirió que la anterior gestión  dejó una deuda de más de doscientos millones de soles (S/ 211,823,530) por distintos conceptos, lo que comprometía un 90% del presupuesto del GORE para el año 2015, por lo que recién el 2016 se podrían emprender las obras prometidas por él en la campaña.
Aprovechando la normativa que fija el procedimiento y los formatos para establecer las lecciones y logros alcanzados del período 2011-2014, la gestión entrante impulsó una de sus primeras acciones positivas: la promoción del programa «Familia en Llaccta Saludable» para familias vulnerables de la región, con un enfoque multidimensional, lo que constituye una estrategia acertada y oportuna para las necesidades de este territorio.  Sin embargo, la reciente sentencia cuya aplicación inhabilitaría al nuevo presidente regional para ejercer sus funciones por un periodo de dos años, debilita los inicios de su gestión. La sentencia ha sido apelada y ahora está en la sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de Huancavelica, pero representa un escollo pues el presidente debe dedicar su tiempo y energías para tratar de salir bien librado, en un asunto central en la percepción del electorado.
En Junín, el proceso de transferencia no se realizó en el plazo establecido, lo que motivó al nuevo presidente regional a adoptar el gesto mediático de instalar su despacho en la puerta de la sede del GORE. La gestión saliente señaló que el proceso de transferencia no culminó por que los representantes de la nueva administración no aceptaron un documento firmado por el gerente general, lo cual fue tomado como un «acto poco serio» por parte de la nueva autoridad. Finalmente, el proceso de transferencia concluyó el día lunes 5 de enero.
Los primeros pasos de la gestión actual en Junín se iniciaron con la elección del gerente regional y los responsables de los sectores que dependen del GORE, acciones que vienen siendo cuestionadas por la prensa local debido a la designación de asesores y funcionarios con antecedentes cuestionables y el anuncio por parte del presidente, de la creación de una oficina de coordinación eclesiástica, con la misión de coordinar las actividades sociales de las distintas iglesias presentes en la región. Siendo necesario fomentar el diálogo intercultural y ecuménico en beneficio de algunos sectores y de la democracia en general. Sin embargo, esta oficina no tiene un norte definido y no responde a una necesidad prioritaria para la región, además de no contar con una línea de base que indique el inicio de su gestión y bajo qué enfoque va a trabajar.
Habría que tener presente que, en las dos regiones, la promesa electoral de designar a los funcionarios en base a sus méritos no ha sido cumplida, y los procesos participativos a nivel de gobierno regional son fragmentarios, siendo la vigilancia ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana poco eficientes. En este contexto, los presidentes regionales de Junín y Huancavelica han iniciado reuniones y gestiones con el gobierno central, aprovechando la convocatoria que el Ejecutivo realizó en el marco de los primeros acercamientos con los gobiernos subnacionales electos recientemente.
Cabe señalar, por otro lado, la existencia de estrategias articuladas para afrontar la pobreza que persiste en Huancavelica (54.6%) y Junín (24.1%), a través de programas interregionales impulsados desde la mancomunidad regional de los andes. Estos deben promover la reducción de tales niveles de pobreza y desnutrición crónica, así como mejorar la conectividad del territorio para fortalecer los corredores económicos; gestionando con enfoque eco-sistémico los recursos naturales en las cuencas y fortaleciendo capacidades institucionales. En Huancavelica, el GORE tuvo un rol facilitador y promotor de diversas intervenciones orientadas a la disminución de la desnutrición infantil; en Junín se emprendieron inversiones en grandes proyectos de infraestructura y políticas en salud, aunque con problemas administrativos.  Es tarea de los nuevos gobernantes auditar y revisar a sus antecesores, pero también continuar con las iniciativas que redundaron en beneficio de sus regiones, sin restar injustamente los méritos de anteriores gestiones y sin caer en el «borrón y cuenta nueva».

desco Opina - Regional / 23 de enero de 2015
Programa Sierra Centro
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Un escenario tormentoso para el gobierno

Una vez más, el ministro Urresti se puso en el ojo de la tormenta. Su desmedida afición por el protagonismo mediático y el uso constante del twitter para desarrollar su «guerra santa» contra los opositores del gobierno, afán en el que es acompañado por el ministro Cateriano, terminó por pasarle factura. A sus dificultades para responder por la huida del prófugo Martín Belaunde, se sumaron sus encontronazos altisonantes con el congresista Mulder, sus disputas con Keiko Fujimori y Alan García, coronándolas con su infeliz texto, meme incluido, contra el ex mandatario. El corolario fue el del altisonante ministro, pidiendo disculpas contrito tras la reaparición de la Presidenta del Consejo de Ministros, quien así pudo recuperar alguna visibilidad en un gabinete que en las últimas semanas parece tener como vocero principal al Ministro del Interior.
Como es obvio, en esta lógica el envilecimiento de la política y la descomposición del debate, alentados también por el entusiasmo que despiertan estos comportamientos en distintos medios de comunicación y en sectores de la opinión pública, continuaron su curso, en perjuicio de una democracia que se deteriora cada vez más ante la incapacidad del gobierno nacional para salir de los muchos entrampamientos que contribuye a generar.
En este contexto, las protestas contra la denominada «Ley Pulpín» han continuado y empiezan a ampliar su contenido y convocatoria. A las protestas y demandas de los colectivos y grupos de jóvenes inicialmente autoconvocados, se sumaron interesadamente muchos de los partidos políticos, especialmente el APRA y las izquierdas, pero también las organizaciones sindicales y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. La publicación del Reglamento, por parte del gobierno, está lejos de calmar las aguas, porque como es obvio, si bien intenta limitar algunos de los peligros de la norma, la mantiene en su esencia, precisamente porque se trata apenas de reglamentarla.
En este escenario, la oposición en el Congreso está presionando a la Presidenta, amenazando con su censura, ante su falta de voluntad para convocar al Pleno, poniéndola en una situación difícil. La primera dama y los voceros empresariales, inicialmente agresivos en su defensa de la norma, han optado por bajar su perfil y por el silencio, eventualmente sorprendidos por una protesta en cuya sostenibilidad no creían. Para peor, varios de los congresistas nacionalistas, como viene ocurriendo cada que las papas queman, prácticamente han desaparecido, preocupados antes por su futuro electoral, ya a la vuelta de la esquina, que por su lealtad a un gobierno cada vez más lleno de problemas.
La tumultuosa movilización del 14 de enero pasado, que hay que decirlo, tuvo pequeños grupos de provocadores y un comportamiento violento de la policía, insinuó ya que las banderas de la lucha, además de la derogatoria de la «Ley Pulpín», se orientan también, como debía ser, a la discusión de la Ley General de Trabajo, comprometida por este gobierno y largamente postergada. Como es obvio, el debate sobre esta norma, aún más que el de la «Ley Pulpín», pone en el centro del debate, los límites de un modelo económico que está dando señales claras de agotamiento, la última de las cuales es el reciente anuncio del exiguo crecimiento oficialmente registrado en el mes de noviembre.
El malestar expresado por los jóvenes en las calles, puede irse ampliando. Aunque es verdad que las movilizaciones, hasta hoy son centralmente limeñas, las encuestas demuestran un rechazo creciente a la nueva norma. ¿Alcanzará éste para que el Congreso derogue la norma? Difícil decirlo, porque hay que recordar que la misma fue aprobada por el Congreso de la República con los votos de buena parte de la oposición, que hoy se desmarca interesadamente de su decisión de ayer.
En cualquier caso, y así las cosas, es indudable que el gobierno entra al 2015 con dificultades crecientes y con una presión sostenida en las calles y las redes, que puede extenderse y calentar aún más un verano de por si caliente.

desco Opina / 16 de enero de 2015
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