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La sociedad civil y la COP 20



El explosivo crecimiento urbano generado en los últimos tiempos, trae como consecuencia que actualmente muchas ciudades afronten serias dificultades derivadas de los efectos del cambio climático en curso. ¿Cómo adaptarse al mayor número de tormentas, inundaciones, tsunamis, sequías, olas de frío y de calor y, posiblemente de escasez de agua?  Cada vez se hace más evidente el reto de encontrar las formas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, (mitigación) apuntando a desacelerar y, en definitiva, detener el ritmo del calentamiento de la Tierra provocado por la acción humana.
En este contexto durante los siguientes días se realizará la «Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP 20», y la «Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto – CMP 10» y Lima será sede de este trascendental evento de interés mundial. Los convocados son los gobernantes de los países industrializados (los que más contaminan), de los países en vías de desarrollo y, participa también, la sociedad civil organizada internacional que defiende el derecho de todos y todas a un medio ambiente libre de contaminación.
Muy poco se ha comentado acerca del Protocolo de Kyoto y sobre la reunión que sucederá en simultáneo a la COP 20. La ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que fue ratificado por 156 países y, finalmente, rechazado por los mayores contaminantes del mundo, con Estados Unidos a la cabeza. La prórroga de este acuerdo se produjo durante la COP 18, dándole vida por ocho años más, aunque Rusia, Japón y Canadá, entre otros, no han accedido a este nuevo compromiso, con lo que la lucha contra las emisiones de CO2 de los participantes suponen ahora apenas el 15% de las emisiones globales. Esperamos que este nuevo encuentro sirva para que los gobiernos que más contaminan el planeta se decidan a avanzar en la adopción de medidas concretas para sumarse a reducir la contaminación que nos agobia.
La COP 20 tiene el reto de avanzar en las negociaciones entre los gobernantes y empresarios para que éstos en realidad dejen de destruir el planeta. El peso principal recae ciertamente sobre los países industrializados que son los causantes del mayor porcentaje de contaminación a nivel mundial y cuyo compromiso real es muy débil con esta causa. Así, la COP 19 realizada en Varsovia fue decepcionante y sus resultados fueron calificados como un rotundo fracaso al no haber ni siquiera llegado a establecer un acuerdo mínimo que caracterizaba a las anteriores conferencias. Hasta hoy, los países industrializados se niegan a reconocer su responsabilidad en la generación de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas desde la Revolución Industrial y, consecuentemente, se niegan también a asumir compromisos ambientales. Con tal de salvaguardar sus ganancias de corto plazo a costa de la destrucción del planeta y la afectación de vidas humanas, intentan salvar sus responsabilidades con formulismos de ampulosas declaraciones y gestos teatrales, sin asumir de verdad las tareas concretas que les corresponde.
La realización de ambos eventos en el Perú, a los que se suma, por parte de la sociedad civil, la realización paralela de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, se convierte en un momento importante para la humanidad toda. La sociedad civil busca empoderarse y seguir construyendo, a través de la movilización ciudadana, un actor político y social capaz de hacer contrapeso a los gobiernos (como el peruano) que finalmente defienden a las empresas, sus intereses de acumulación y no a sus ciudadanos.
La COP 20 será sin duda, un espacio para evidenciar los desequilibrios ambientales causados por el egoísmo y el afán de lucro de una minora, y debería serlo también para la acción política a través de la articulación social de las organizaciones y movimientos locales y globales que defienden el derecho a vivir en un ambiente saludable. Es por ello que la Marcha de los Pueblos a realizarse el 10 de diciembre, nos convoca a los peruanos a participar allí de manera protagónica en el afán de expresar la conciencia ambiental de los habitantes de miles de ciudades, países y nuestro único planeta.
De hecho está demostrado que somos y seremos uno de los países más afectados por estos eventos climáticos, pero esta información no ha calado aún como debiera en la conciencia nacional. Nos corresponde como anfitriones de los representantes de los pueblos del mundo, insistir en la necesidad de establecer medidas para que el clima no siga cambiando, y más bien, para que el sistema de poder mundial haga suya la necesidad de preservar la vida de la gente común y corriente y no solo atienda a la demanda por mantener las cosas como están, que es la que en verdad sostienen las grandes empresas transnacionales. Si no lo hace nuestro gobierno, deberíamos manifestarlo con fuerza todos nosotros.

desco Opina - Regional / 28 de noviembre de 2014
Programa Urbano
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CADE, la política y la corrupción



Acaba de finalizar la edición anual de CADE, en la que se dijo poco, pero se reveló mucho. Habitualmente, nos referíamos a la izquierda peruana como el factor disminuido o inexistente del espectro político. Ahora resulta que la derecha está en la misma situación, si no peor. En este evento se habló de la corrupción y la seguridad ciudadana, pero no se dijo casi nada sobre la economía, salvo los infructuosos ejercicios retóricos que buscaban ocultar lo que todos sabemos: el agotamiento del modelo económico y la incapacidad absoluta de la derecha empresarial para imaginar su relanzamiento sin alterar las condiciones actuales –políticas y económicas– de su funcionamiento.
Además de orfandad de ideas, CADE evidenció un empresariado dividido, sin las expectativas que mostraron durante toda la década anterior y, lo que es peor, entreviendo casi horrorizados que el 2016 se acerca a todo tren sin que se vislumbre un candidato claro, afín a sus intereses. Era el momento –al menos en el papel– de poner a prueba las capacidades políticas que habían acumulado y, en esa línea, dejar de lado a los aspirantes presidenciales alineados con ellos o claramente cooptados, lanzando a uno de los suyos directamente al ruedo, como han hecho sus pares en distintos países de la región como Chile, Colombia y México.
Fue, por lo visto, mucho esperar. La pereza política y los pobres criterios de un sector del empresariado peruano para apreciar la calidad de los planteamientos que les formula una autoridad política, se evidenciaron cuando los reflectores apuntaron nada menos que al ministro del Interior quien, al parecer, cosechó muchos aplausos en Paracas; aun cuando Semana Económica tildó a su presentación de stand up comedy, El Comercio no dudó ni un instante en asignarle la condición de presidenciable o, por lo menos parte de una candelejona fórmula nacionalista para el 2016.
Así es como la derecha pretende hacer política. ¿Será por ello que al presidente Humala le da pena  el nivel al que ésta ha descendido? Suponemos que sí, pero el mandatario debiera preocuparse antes que apenarse, porque lo que dicen las encuestas es que todos sus rivales políticos tienen una aceptación mayor a la suya, ganándole solamente a su aún aliado Alejandro Toledo.
Posiblemente, existe alguna relación entre el penoso nivel de la política peruana, al decir presidencial, con la puesta en escena de la persecución y captura de Rodolfo Orellana, la previa de Benedicto Jiménez y la prometida aparición de Martín Belaunde.  Sin olvidar, claro está, a Óscar López Meneses quien seguro de sí mismo no huyó a ningún lado ni pasó a ninguna clandestinidad.
Como vemos, la derecha aún busca encuadrar las elecciones del 2016 en función a personas. Fue así como procedió en años anteriores, aunque siempre con algún susto que tratan de evitar en esta ocasión. El éxito que alcanzaron entonces no necesariamente se reeditará hacia adelante; para empezar, la fiesta del crecimiento se terminó y los resultados alcanzados no son suficientes para aspirar, por ejemplo, a una membresía en la OCDE, que quedó finalmente como un sueño de emergente. Esto hace que la agenda política tome forma sobre una base completamente diferente a lo visto hasta el momento y cuyos ejes la derecha ni remotamente puede controlar.
 Hasta hoy son vanos sus intentos para colocar en la discusión algo alternativo a la descentralización pese la gran cantidad de recursos empleados para desprestigiar el proceso. Lo mismo se puede decir de su afán por evaluarnos mediante sus «índices de competitividad» en el que no logran insertar una noción más o menos pertinente de territorio. Ni hablar de sus enormes dificultades para tratar de construir una explicación razonable sobre la amplitud de lo informal y lo ilegal que ha dado como resultado el modelo neo-liberal, creyendo que basta colocar en debate una noción «dura» de seguridad ciudadana –con su toque populachero, versión ministro del Interior– para suponer buenos resultados. Tampoco han dado pie con bola cuando intentan balbucear algo alrededor de la noción de interculturalidad, versión Banco Mundial. Mejor no referirnos a lo que ha querido decirnos cuando desde Produce buscan difundir una diversificación productiva que sigue siendo puro discurso y nadie ha podido entender. Por lo demás, es cada vez más angosto el espacio de maniobra que tiene para seguir martillando con la idea de que la corrupción sistémica puede ser enfrentada con expedientes legales, sin suponer por un instante siquiera que estamos ante un fundamento mismo del sistema que auspicia.
De esta manera, si bien derechas e izquierdas están atravesadas por el denominador común de la debilidad y el fraccionamiento, los síntomas no conducen a la misma causa ni proyectan el mismo efecto. En el caso de las primeras, como lo ha evidenciado CADE por su falta de ideas, es la manifestación misma del agotamiento y la imposibilidad de continuar hegemonizando como lo vienen haciendo, sin dañar los estándares de la democracia formal. Para las segundas, se evidencia la necesidad de un profundo aggiornamento y la urgencia de nuevas caras y lenguajes, pero sobre todo, de posiciones claras.

desco Opina / 21 de noviembre de 2014
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Las iniciativas regionales frente al cambio climático y la COP 20



Los estudios realizados en las regiones de Junín y Huancavelica para formular la estrategia de adaptación al cambio climático, han diagnosticado efectos negativos en las actividades agropecuarias. Podemos mencionar la pérdida de cosechas por heladas o sequía, la presencia de plagas ocasionales, mortalidad de crías en rebaños mixtos familiares por friaje, deslizamientos de tierras de cultivo, huaycos, etc. En la población ha significado el incremento de enfermedades respiratorias, migración, entre otros. Estos acontecimientos vienen configurando escenarios coyunturales adversos al menos en los andes centrales, como lo corrobora el Tyndall Center de Inglaterra, que menciona que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras, temas que seguramente serán abordados en la COP 20 y que las autoridades regionales tendrían que tomar en cuenta en sus diversas acciones para reducir las consecuencias directas e indirectas que estos fenómenos puedan ocasionar.
Los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Junín cuentan con una Estrategia Regional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (ERCC), cuya elaboración se inició con la conformación de grupos técnicos impulsados desde las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde colaboraron actores del sector público y privado, como ocurrió en el caso de Junín. Los esfuerzos se pusieron en temas como la integración del cambio climático a políticas públicas, la prevención y alerta temprana de desastres, la gestión de cuencas, el cambio de matriz energética, infraestructura, educación ambiental e investigación. En Huancavelica, el Plan Estratégico Ambiental cuenta con tres líneas principales: adaptación, mitigación y predicción en las áreas de salud. Estos documentos muestran la vulnerabilidad de las regiones en torno a los efectos producidos hasta la actualidad por el cambio climático y los esfuerzos que se realizarán de aquí en adelante para su adecuación y puesta en marcha.
Sin embargo, a la fecha no se han ejecutado acciones concretas relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático, y si bien es cierto que hay proyectos de inversión pública que contemplan aspectos vinculados a ello, estos no son específicos y se dispersan en una variedad de temas. En esa lógica, resulta vital incorporar recursos para la inversión en actividades como la reforestación, la siembra y cosecha del agua, conservación de la biodiversidad, educación ambiental, entre otros, focalizándolas adecuadamente en función de un diagnóstico bien elaborado.
Un elemento clave para viabilizar la concreción de estos planes es lograr que sean asumidos por los actores de la sociedad civil y las diversas fuerzas políticas. Para ello, es necesario diseñarlos con la participación activa de la ciudadanía y de las agrupaciones políticas con presencia regional y local, superando la desinformación y desinterés existentes. Las experiencias de otras regiones y/o países que han adelantado en el tema son un buen referente para avanzar en el trabajo. La COP 20 puede ser también otro punto de referencia para mejorar y concluir las herramientas de gestión que se necesiten.
En conclusión, al igual que en Junín y Huancavelica, seguramente existen iniciativas similares en otras regiones; sin embargo, a pocos días de la COP 20, ni la población ni sus organizaciones representativas conocen mucho acerca de la realización de este importante evento. Las estrategias mencionadas no son el resultado de una agenda pública sino de una agenda del Estado, que obedece al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el país, así como a intereses de sectores económicos, generando condiciones para construir políticas públicas regionales concertadas, que incluyan elementos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático. La debilidad principal continúa siendo la ausencia de información adecuada y convenientemente difundida entre la opinión pública de las regiones, a fin de sensibilizar a los distintos actores de la sociedad civil en la necesidad de actuar de inmediato en el asunto.

desco Opina - Regional / 14 de noviembre de 2014
Programa Sierra Centro
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La izquierda que la derecha quiere para el 2016



Culminado el reciente proceso electoral y conocidos sus resultados, los actores políticos en la escena nacional miran ya hacia el horizonte del 2016, año en que se realizarán las elecciones generales. Desde la derecha, líderes como PPK, Keiko Fujimori y Alan García, considerados candidatos seguros por amplios sectores de la opinión pública, miden sus fuerzas, sondean posibles alianzas y van perfilando ya sus estrategias de cara a las presidenciales.
En el marco de lo que parece ser un desplazamiento hacia la derecha del electorado en el país, estos tres candidatos representan un 60%-65% de los votos potenciales a nivel nacional. Se estima que el 30%-35% restante corresponde al universo que opta por candidatos de izquierda.
Las izquierdas sin embargo, confrontan desde hace años serios problemas de representatividad y legitimidad. Muy lejos han quedado ya los días en que Izquierda Unida (IU) constituía la segunda fuerza política y electoral del país, la que incluso llegó a ser una opción viable de gobierno. Desde hace años, se encuentra dividida y, como ha ocurrido en los dos o tres últimos comicios presidenciales, es muy probable que presente varias candidaturas para el 2016, fragmentando y dispersando una vez más la escasa votación obtenida. Así por ejemplo, Antonio Zapata ha sugerido que para el 2016, podrían haber al menos tres candidaturas: 1) la izquierda «moderna»; 2) la izquierda radical y; 3) la izquierda «antisistema».
Este es justamente un panorama alentado por la derecha, que apuesta a una izquierda dividida, desprestigiada y aislada, como una manera de asegurar su derrota, antes incluso de las elecciones, y evitar los sobresaltos que debió pasar en los comicios presidenciales del 2006 y 2011.
La división persistente de las izquierdas tiene que ver con sus serias limitaciones para reconocer la existencia de espacios comunes entre las distintas organizaciones que se reclaman en esa posición del espectro político; adicionalmente, estas izquierdas no encuentran hasta hoy la clave para poder llegar a la gente y hacer política en esta nueva época, muy distinta de los años 70-80 en que emergieron. Parecen no captar o comprender las demandas y aspiraciones de la gente que hace muchos dejaron de ser las de los setenta.
Como se sabe, en aquellos años, la izquierda logró crecer y convertirse en una de las cuatro principales fuerzas políticas del país, gracias a  su capacidad para organizar y representar a un importante contingente de población campesina que migró a Lima y otras ciudades de la costa; a su lucha en defensa de los intereses y reivindicaciones de los sectores populares que demandaban bienes y servicios básicos; a su capacidad para organizar y representar a un importante sector de trabajadores sindicalizados; y a la presencia de un sector de intelectuales y figuras de la cultura que se autodefinían en ese espacio del espectro político.
Estas condiciones ya no existen ahora; el contingente de migrantes está integrado de distintas y nuevas formas; las mayorías tienen acceso regular a servicios básicos; los trabajadores sindicalizados son ahora un segmento muy pequeño de la fuerza laboral; y los intelectuales ya no son atraídos por la izquierda. En los años 70-80 había varias reivindicaciones que levantar, ahora no hay ninguna comparable; quizá por eso las bases programáticas de las izquierdas suelen ser una colección de planteamientos aislados y sectoriales, lo que evidencia una pérdida de orientación.
Las izquierdas en el Perú del siglo XXI no han avanzado más allá del anti-extractivismo; no han sabido o no saben discutir y plantear temas de fondo, ni transmitir un mensaje inspirador. Las discusiones programáticas son sin duda importantes, pero también lo son aquéllas relacionadas con las estrategias y escenarios de actuación política. Sin embargo, muy poco de esto han hecho en los últimos años.
Todo lo mencionado muestra sus severas limitaciones para enfrentar la hegemonía neoliberal. La inexistencia de una fuerza comparable al PT brasileño, el Frente Amplio uruguayo o el MAS boliviano, es también un severo déficit para lograrlo.
La esperanza de la derecha es que la izquierda siga sin rumbo y dividida, y por tanto, reducida a una mínima expresión, dejando el espacio político nacional libre para sus distintas opciones, sin nadie que las inquiete seriamente. Desde una lógica que los economistas llaman sobreajuste –«overskilling»–, quieren anticiparse a toda posibilidad de surgimiento de una alternativa que cuestione el modelo económico y ponga en la agenda la discusión de temas de fondo.
Todo esto se puede enfrentar desde una voluntad y capacidad política consciente, la que hasta ahora no parece existir en las izquierdas. Su conversión en alternativa política viable pasa por lograr espacios o plataformas comunes, construir estrategias y desarrollar capacidades para llegar a amplios sectores de la población, organizarla y representarla, recogiendo sus demandas actuales. El período electoral que se avecina es una oportunidad para ello. Anteponer las candidaturas y las diferencias entre los distintos grupos a la construcción de un proyecto político, es un camino seguro a la derrota y a la marginalidad política.


desco Opina / 7 de noviembre de 2014 
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