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Los indígenas, las regiones y el territorio



Las elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto, algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599 comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada y en descanso.
Por otro lado, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el 10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso al crédito no llegan ni al 1%.


Asimismo, el 1.39% del territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades campesinas tienen superpuestas concesiones mineras. Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el Estado?
Estos datos generales son suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.
Más aun, esta es una realidad que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común (IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.
Entonces, si lo que se busca es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de estas posiciones.
De esta forma, desde las regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.

desco Opina / 26 de setiembre de 2014 
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Los acuerdos de gobernabilidad son letra muerta en Junín y Huancavelica



Los comicios regionales, provinciales y distritales a realizarse el próximo 5 de octubre constituyen una oportunidad para el establecimiento de canales de diálogo entre la sociedad civil y los candidatos a cargos públicos en Junín y Huancavelica. Un tema eje de este diálogo son las ofertas contenidas en los planes de gobierno, especialmente aquellas destinadas a abordar la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano en general. Los acuerdos de gobernabilidad son, en este sentido, un espacio de concertación donde se aborda tales asuntos.

El proceso de concertación ha tenido distinta acogida en Junín y Huancavelica; en el primero, se conformó un colectivo institucional denominado Grupo de Gestores de Gobernabilidad, integrado por un número significativo de organizaciones de sociedad civil e instituciones estatales (JNE, Defensoría del Pueblo), bajo la coordinación de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Se elaboró un documento que sintetiza las principales demandas de la región, el cual se presentó en foro el pasado 16 de setiembre, donde cinco de los trece candidatos estuvieron inicialmente presentes, pero optaron por retirarse ante la inasistencia de dos de sus principales contendores, incluido el presidente regional. En Huancavelica, el panorama fue distinto; el foro realizado el 3 de setiembre tuvo gran acogida por parte de la población y de los candidatos regionales (asistieron siete de los ocho postulantes), quienes expusieron sus propuestas y firmaron el compromiso.

En la campaña electoral anterior del año 2010, se organizaron también foros en ambos departamentos, contándose con una amplia participación de los candidatos y la firma de un compromiso formal en el departamento de Junín. En aquella oportunidad, el candidato finalmente ganador y hoy aspirante a reelegirse (Vladimir Cerrón) tampoco firmó, aun cuando envió una carta reconociendo la legitimidad y el compromiso con los acuerdos del foro. A diferencia del anterior, el candidato triunfante en Huancavelica, que hoy también opta por buscar la reelección, puso su firma en el citado compromiso.

Estos compromisos demandaron reuniones de preparación y talleres, así como foros de discusión, donde los candidatos presentaron sus propuestas, redactándose y aprobándose luego el pacto. En ambas regiones se promovieron acuerdos en torno a temas como la atención a servicios fundamentales (salud, educación, nutrición, lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, priorización de atención a la infancia), infraestructura económica, infraestructura vial, transferencia tecnológica para sectores agropecuarios, reparaciones a las víctimas de la violencia, atención a los pueblos indígenas, participación ciudadana, transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, etc. Dependiendo de las características que las regiones configuran.

Sin embargo, una vez firmados, estos acuerdos no han sido asumidos por las nuevas autoridades, debido principalmente a dos factores: la escasa voluntad política existente entre aquellas y la débil organización de la sociedad civil para hacer el seguimiento post foro. Para algunos líderes políticos, los acuerdos de gobernabilidad no son significativos y, por tanto, no se sienten comprometidos con estos, pese a que allí se expresan intereses de importantes organizaciones y sectores sociales.

En el futuro, será necesario que la sociedad civil se dote de mecanismos que le permitan incidir en los Consejos Regionales para la aprobación de tales acuerdos de gobernabilidad, en tanto documentos que expresan consensos sociales que las autoridades deben respetar, incorporando instrumentos de gestión así como el monitoreo y la evaluación de los cumplimientos.

desco Opina - Regional / 19 de setiembre de 2014
Programa Sierra Centro
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Las regiones, a un mes de las elecciones



¿Cuál es el panorama electoral en las regiones, a menos de un mes para la realización de los comicios programados? Una cuestión previa, importante, es el impacto de la insistente campaña de demolición al proceso de descentralización iniciada meses atrás, bajo el pretexto de un «combate» contra la corrupción que nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste y hacia donde apunta.
Por otro lado, tampoco hay que perder de vista la toma de posición de la derecha peruana, para quien la centralización es la fórmula a implementar, buscando segregar prioridades territoriales en función a la «competitividad» de cada una de ellas. Así, por citar un ejemplo, regiones como Arequipa, son seguidas con mucha mayor atención que Ayacucho. Esto evidencia que la derecha le presta interés a las regiones más preocupada por el mejor clima para los negocios, antes que por el reforzamiento de la descentralización.
Un tercer aspecto a considerar es que, en términos generales, la descentralización es aceptada por no menos del 25% de las personas entrevistadas por las diversas encuestas de opinión, un porcentaje en apariencia bajo pero, aun así, relativamente alto entre las instituciones del país.
Un cuarto punto es el protagonismo adquirido por las autoridades electorales, debido a la lentitud y poca coherencia con la que están tomando sus decisiones. Actualmente, hay por lo menos tres candidatos con posibilidades (Vega/Amazonas, Bartra/Ancash, así como Falconí/Arequipa), cuyas apelaciones no han sido resueltas. Además, hay otros tres candidatos (Moreno/Callao, Unchupaico/Junín y Hilbck/Piura), que finalmente han sido habilitados por el Jurado Nacional y se encuentran recién en período de tacha. En Arequipa, Vera Ballón será candidato a Presidente Regional, pero sin su lista de consejeros porque ha sido declarada inadmisible.
Bajo estas consideraciones, algo que debe remarcarse es que en esta oportunidad hay una predominancia de los partidos nacionales. En efecto, están participando 162 de ellos, frente a 153 movimientos regionales y 14 alianzas electorales. La pregunta es ¿por qué este inusitado interés?

Partido
Regiones
Alianza para el Progreso
22
Acción Popular
19
Fuerza Popular
16
Frente Amplio Justicia, Vida y Verdad
13
Partido Humanista
12
Democracia Directa
11
UPP
10
APRA
9
Perú Posible
9
Patria Segura
7
PPC
7
Vamos Perú
7
Somos Perú
6
Siempre Unidos
6
Solidaridad
5
Restauración Nacional
3
TOTAL
162
Elaboración: Eduardo Ballón, GPC.

Por otro lado, todo indica que habrá segunda vuelta electoral, salvo en La Libertad, Callao y tal vez Ayacucho y Pasco. Respecto a los candidatos, el factor más visible es el predominio de «viejas» figuras. Así, vemos la presencia de muchos ex presidentes regionales, candidatos frecuentes en estas lides, congresistas y ex congresistas, entre otros. Asimismo, los que aparecen como «novedad» no lo son en sentido estricto. Benicio Ríos en Cusco, ha sido dos veces alcalde de Urubamba y tiene un largo recorrido desde la época de Izquierda Unida; el general Donayre en Ayacucho, está dedicado a la política desde que pasó al retiro y ya fue candidato a parlamentario por Cambio Radical; Rudecindo Vega, en Amazonas, ha sido Ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo y en el actual gobierno, además de embajador en Nicaragua; Jacinto Gómez ha sido alcalde de Tacna y de Alto de la Alianza y tiene también un largo recorrido desde Izquierda Unida.
Sumado a ello, debe anotarse la notable fragmentación en el número de candidaturas en lugares donde anteriormente no las hubo (Arequipa y Piura); pero también la disminución de las mismas en regiones que habitualmente tenían muchas, como Madre de Dios. La combinación de estos factores da como resultado que, a estas alturas, salvo en cuatro o cinco regiones, no tengamos candidatos que se perfilen como probables ganadores. En esa línea, tampoco se evidencia capacidades de arrastre entre las candidaturas regionales y locales. En suma, no se ha formado un «mapa nacional» y el análisis significativo sólo puede hacerse región por región.
Ante este escenario, ¿qué se puede decir y qué vale explorar? Algo interesante es averiguar los factores que pueden estar actuando en la consolidación de movimientos regionales en al menos dos departamentos (Cusco y Amazonas). Por otro lado, como ya se ha dicho, encontrar partidos nacionales (APP, Acción Popular, Fuerza Popular) tomando posiciones clave, es algo que merece ser estudiado con más detenimiento. En relación con esto, no debe perderse de vista lo que viene haciendo Acción Popular.
Junto a ello, sería bueno saber qué se puede esperar de los elegidos en las regiones. Al parecer, el único acuerdo que seguramente tendrán es que la descentralización esté en la agenda de las elecciones del 2016. En resumen, ¿podrán las regiones o algunas de ellas trascender su espacio de acción y convertirse en actor decisivo en las elecciones del 2016? Esto es algo que podrá responderse a la luz de los resultados del próximo 5 de octubre.

desco Opina / 12 de setiembre de 2014 
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