Ciertamente el tema de las políticas petroleras de un
país, visto en detalle, es un asunto especializado y para entendidos, que no
son muchos. No lo es tanto, cuando lo que se trata de conocer son los
procedimientos legales y administrativos que deben cumplirse por parte de los
funcionarios públicos en el desempeño de su gestión.
Es por eso que en el caso de la liquidación del
contrato a la empresa Interoil, los arbitrajes ganados por el Estado luego que
ésta apelara y la resultante prórroga rubricada por el ministro Eleodoro
Mayorga ha producido a todas luces un lamentable cortocircuito político legal
que nos muestra el mal desempeño del gobierno. Asimismo, ha puesto sobre el
tapete un tema peliagudo que el gran público desconocía.
Resumiendo, el expediente de Interoil muestra el caso
de una empresa que solicita una prórroga para seguir explotando petroleo cuando
su concesión ha vencido, aludiendo razones de fuerza mayor (el fenómeno del
Niño) que le impidieron operar regularmente durante 1998 y 2002. ¿La razón para
conceder la prórroga? La supuesta incapacidad de Petroperú para asumir las
operaciones con Interoil fuera del panorama. Más allá del débil argumento de la
petrolera, se sabe que la política de
Petroperú se orienta a ingresar a trabajar los lotes petroleros de las
concesiones que vencen, para así ejercer su función de empresa estatal activa
en el negocio petrolero.
Se sabe también, que existen otras empresas cuyos
contratos vencen pronto como los de las petroleras Vera Gutierrez y Olympic,
por ejemplo, en los que corresponde pasen tambien –vía Peru Petro– a la
administración estatal. El tema de fondo
entonces, más allá del error cometido por el ministro Mayorga, es conocer cuál
es el papel de Peru Petro y Petroperú en la gestión de nuestros hidrocarburos
del país y si el ministro Castilla, miembro del directorio de Petroperú, tiene
algo que decir sobre estos casos o si más bien se busca condenar a la empresa
estatal a una especie de incapacidad calculada, con la finalidad de que vaya «muriendo lentamente».
En cierta medida, entonces, el destino del ministro Mayorga resulta siendo casi anecdótico, pues a todas
luces cometió una infracción al firmar la prórroga en favor de la empresa a en
la cual había prestado servicios de asesoría como consultor privado cuando ésta
ya mantenía un litigio con el Estado peruano. Debió excusarse, sin duda, y no
solo el Congreso de la República podría censurarlo, sino que también este
proceder puede convertirse en un caso penal. Lo que no es anecdótico es que el Estado
peruano haya ganado en dos instancias un proceso de arbitraje con Interoil para
la devolución de un lote petrolero y luego se decida concederle una ampliación a la empresa perdedora en ese arbitraje, dejando además de cobrar el petroleo
extraído desde la fecha del vencimiento del contrato de concesión, propiedad de
todos los peruanos y no de la empresa que asesoraba Mayorga.
El tema seguirá en debate y sin duda la agenda política
de la próxima semana nos podrá colocar ante la primera censura de un ministro
de Estado en casi una década, si es que el titular de Energía y Minas no renuncia
antes.
Una vez más queremos llamar la atención sobre la
conducción política del Estado a la que nos ha trasladado este régimen. Para
algunos analistas está fuera de discusión la falta de manejo de la cosa pública
por parte del gobierno del presidente Humala, que repetidamente evidencia una
crisis de autoridad, incumplimiento y falta de respeto a las normas
establecidas, alimentando el socavamiento de la legitimidad que se requiere
para conducir la nación. Por ello, es importante demandar, desde las distintas
instancias de la sociedad: ciudadanía, sociedad civil, gremios y colegios
profesionales, universidades y otras instituciones, la urgencia de apuntalar la
institucionalidad que se requiere para avanzar como nación. Este esfuerzo pasa
por resolver ya la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el
nombramiento del Defensor del Pueblo y gobernar con pleno respeto al estado de
derecho. De lo contrario la vorágine de los días nos puede trasladar a otros
escenarios en los que triunfen mal la informalidad, el narcotráfico, el
autoritarismo y la violencia criminal.
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