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Sacarle púa al trompo

Aunque la reacción chilena al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya parece reeditar el relato de Palma en el cual el Virrey de turno decía, sobre las órdenes recibidas de España, «Acato y no cumplo», no es difícil percibir que se trata de una estrategia del presidente Piñera para pasarle el fardo a la electa Michelle Bachelet y que, en ese sentido, es una disputa transitoria. El triunfalismo experimentado en el Perú y los discursos de los bloques políticos en Chile no dejan de ser altisonantes, pero deben ser entendidos como formas locales de concebir la correlación de fuerzas; volviendo a Palma, en ambos países los políticos quieren «sacarle púa al trompo».
No deja de quedar cierta sensación, a la distancia, de que la institucionalidad chilena es un tanto más robusta que la nacional. En el país del sur tuvimos señales como el que Piñera se haya reunido con los tres presidentes pasados y con la Presidenta electa, o el hecho de que el alcalde de Arica haya anunciado –antes del fallo– que su país debía tener un Plan B si éste les era desfavorable. Nada tenía que ver este plan con desacatos, sino más bien con compensar a los pescadores que resultaran afectados, para declarar después «acá hay una absoluta tranquilidad, los hermanos peruanos son nuestros vecinos y casi no los consideramos de otro país». Nada que incendie la pradera, precisamente.
Contrasta con el vulgar despliegue de figuración por parte del ex Presidente García, a quien algunos canales le hicieron el «favor» de enfocarlo durante todo el tiempo que tomó la lectura del fallo por parte del juez Tomka. Luego, por supuesto, declaró antes que el Presidente Humala, contraviniendo el acuerdo que tenía con  Palacio y con otros líderes. Por otro lado, aquí un ex presidente está en la cárcel (enfrentando ahora un juicio por manipulación mediática, qué curioso), y los otros dos son investigados a instancias del Congreso. Se corrobora así la perniciosa imagen de que el poder corrompe y que quien entra a Palacio sale con rabo de paja. Quien más curtido está en navegar por las acusaciones es, qué duda cabe, García.
Las declaraciones presidenciales en el marco de la CELAC sobre una implementación «en los plazos más breves y de forma gradual» dicen algo del carácter aparentemente contradictorio de la administración de expectativas desde la óptica política, en uno y en otro país. Llama la atención que el debate se haya centrado tanto en los hechos «técnicos» de la pesca, que se han explicado en otros espacios: la pesca artesanal puede ser «de altura» y por tanto, también se gana algo más allá de las 80 millas, la anchoveta no se le conculca a Chile, etc. Quizá porque se considera que son los pescadores el rostro visible de afectaciones en la delimitación.
No es así, porque tanto aquí como en Chile las leyes de cada país son lo más disputado: en Chile el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca se queja contra una Ley que, dicen, privatiza las cuotas de pesca, beneficiando a siete grupos pesqueros; en Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP protesta por el decreto 005-2012 en lo que se refiere a la limitación de la pesca de anchoveta a partir de la milla 7. Como siempre, la delimitación no exime al Perú de hacer su tarea a nivel interno y, en lo inmediato, dialogar con los tacneños sobre lo que esto significa, escuchar a quienes han sido directamente afectados –presumiblemente los pescadores artesanales «que no son de altura»– y resolver también el tema de las pequeñas embarcaciones retenidas en el muelle Prat por haber cruzado una línea que, después de La Haya, sigue estando ahí.
Algunos analistas han indicado también, y con razón, que es la oportunidad para repensar las relaciones exteriores del país, pensando en el sur del Perú y su integración socioeconómica con Bolivia, además de con Chile. Mal que bien, la postura peruana al presentar la demanda es lo más cercano a una política de Estado que hemos experimentado en el país en los últimos tiempos. ¿Alcanzará el impulso para contar con una visión territorial del sur peruano? Si así fuera nos alejaríamos de la risueña visión de Palma, que equiparaba la política con la politiquería.

desco Opina / 31 de enero de 2014
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Habitualmente abandonados, habitualmente aislados



Tal vez ya se haya hecho habitual que durante el período de lluvias tengamos que referirnos a los deterioros de las vías de la selva central. De la misma forma, tal vez sea también habitual que los pobladores reclamen a las autoridades soluciones más estables a la falta de conectividad durante estas estaciones.
Pero en este caso, nos referiremos a la pertinencia de los mantenimientos viales. Igualmente, a la oportunidad de la ejecución de obras aprobadas y comprometidas que reducirían la afectación económica y la seguridad personal de los viajantes durante estas épocas.
En primer lugar, con financiamientos del MTC entre los meses de abril y mayo del 2013, se había aprobado e iniciado la construcción de tres puentes en el distrito de Villa Rica (provincia de Oxapampa). Estas obras sobre los ríos Yunculmas, Puellas y Chivis; permitirían conectar a Villa Rica con los distritos de Palcazú, Puerto Bermúdez y Constitución, y con el resto de la ruta hacia la Carretera Central y por ende con los principales mercados para los productos de estas localidades. Estas vías en temporadas lluviosas se convierten en verdaderas trampas mortales para los viajantes ya que al no existir puentes se deben de arriesgar a ingresar al torrente de sus caudalosos ríos. 
Dichas obras debían de culminar en un plazo de 7 meses. Sin embargo, a la fecha el avance es muy lento y, es así, que la preocupación de los pobladores y autoridades locales se manifiesta con justicia, ya que que las obras están parcialmente detenidas desde noviembre del año pasado. Desde esa perspectiva, se cuestiona la idoneidad técnica y operativa del Consorcio ganador de la licitación, porque el retraso ocasionará que la temporada de lluvias no permita el avance de las obras.
Entonces ¿por qué no se previó que las obras se inicien y ejecuten cuando las condiciones climáticas sí lo permiten para evitar suspensiones del trabajo?  El retraso deteriora los materiales por su abierta exposición a las lluvias. Las varillas de fierro de las columnas han quedado expuestas y es visible que el óxido avanza; no es necesario ser especialista en construcción para darse cuenta que esto reducirá la resistencia del metal.
Se ha hecho habitual la conformación de consorcios de empresas constructoras para la ejecución de este tipo de obras, lo cual no es malo, pero hasta la fecha sólo se demuestra ante la población que hay más interés en ganar la licitación que capacidad ejecutora. Asimismo, también se ha vuelto costumbre que las obras de proyectos de inversión  pública en la selva central no culminen en los plazos establecidos en los contratos. También ya es tristemente habitual que la instancia estatal correspondiente apruebe una serie de ampliaciones para el cumplimiento de los compromisos que no contemplan ningún tipo de penalidad.
Según los contratos, existen supervisores de obra que verifican el avance de las mismas, ¿existen deficiencias en la supervisión?, ¿malos procesos de planeamiento de obra? Cualquiera sea el caso, los responsables de esas deficiencias nunca serán sancionados y los afectados siempre son los habitantes de los territorios.
Tras los reclamos de los pobladores, llegaba otro disgusto: la empresa ejecutora del mantenimiento de la carretera (según contrato de concesión del MTC, por cinco años, desde febrero del 2010) brillaba por su ausencia, por lo que la desesperación de los pobladores y de las autoridades locales llegaba a la indignación. El retraso en la intervención para el mantenimiento de la carretera es visible desde hace un par de meses. Mientras tanto, los deslizamientos que ocurrieron en el mes de diciembre 2013 siguen dando problemas. ¿Por qué existe tanta permisibilidad de parte del Estado ante el incumplimiento de los contratos por parte de estas empresas constructoras? ¿Será corrupción, incapacidad técnica o negligencia?

desco Opina - Regional / 24 de enero de 2014
Programa Selva Central
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Un presidente desconcertante



Los días previos a la publicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debieron ser menos inquietos. Pero, alguna desconocida razón indujo al Presidente de la República a considerar que era el momento para plantear el necesario debate en torno a la concentración de medios de comunicación.
Como se esperaba, la opinión presidencial galvanizó a la derecha peruana alrededor de El Comercio y, como es su costumbre cuando siente que amenazan sus particulares intereses, organizó una campaña de demolición contra los supuestos «afanes chavistas» que sobreviven –según su conveniente fantasía– en el Ejecutivo.
Pero así como la derecha más reaccionaria se agregó inmediatamente, la opinión contraria también se manifestó rápidamente aunque –y ese es el detalle– sin buscar alinearse políticamente con el gobierno. Más bien, pareciera que hace esfuerzos para desmarcarse de cualquier sospecha de oficialismo y en ese intento aparece disgregada, resaltando a las individualidades en desmedro de un conjunto aún indefinible.
De esta manera, el monopolio como práctica legal del neoliberalismo a la peruana y otras cuestiones que interrogan la esencia democrática del sistema que venimos construyendo en el país, se ponen en consideración, sin que aparezca siquiera tenuemente la intervención de una izquierda política que debió ser un actor importante en este y otros amagos de debate que han ido surgiendo durante los últimos tiempos, en tanto el modelo muestra síntomas de agotamiento cada vez más claros.
Días después otra sorpresa fue disparada desde el Ejecutivo, sin que tampoco haya quedado claro su objetivo. La Ley 30151, modificatoria del inciso 11 del Art. 20 del Código Penal, sobre impunidad fue considerada por algunos abogados como «innecesaria» porque la materia que legislaba estaba meridianamente clara en otros instrumentos normativos.  
Sin embargo, un análisis menos jurídico y más político de la norma revelará otras aristas. Por ejemplo, ¿porqué se ha eliminado la frase «uso reglamentario de sus armas» de la redacción original? Argumentar que así se sincera el generalizado uso de otras armas, de propiedad de los agentes policiales, no toma en cuenta que el intento de controlar una situación abre la compuerta para otros escenarios contrarios a la protección de derechos como, por ejemplo, dejar de lado cualquier consideración al principio de la proporcionalidad, algo que ya había sido materia de duras críticas y observaciones cuando se dio el Decreto Legislativo 1095.
Un siguiente aspecto es preguntarnos sobre la referencia que la norma reformada hace a las Fuerzas Armadas. Debemos recordar que el numeral 11 del Art. 20 fue agregado al Código Penal por el Artículo 1 del Decreto Legislativo 982, publicado el 22 de julio 2007, el que a su vez concordaba con el referido Decreto Legislativo 1095, Art. 30 (que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional).
En su momento, la mención a las Fuerzas Armadas fue muy criticada porque se suponía que la reglamentación del uso de la fuerza estaba referida a situaciones de seguridad pública, pero el DL 1095 militarizaba la represión de las protestas sociales, involucrando a las fuerzas armadas en los conflictos sociales, cuando esta no es su tarea.
Más aun, el DL 1095 establecía una definición de grupo hostil laxa y equívoca que podía conducir a situaciones de las que podríamos lamentarnos, pues allí podía encajar incluso un grupo de pobladores que estuvieran movilizándose pacíficamente. Sumado a ello, según el DL 1095 si los efectivos de las Fuerzas Armadas cometen excesos en su intervención, serán juzgados por el fuero militar.
Un tercer punto es que la Ley 30151 no haya sido rubricada por los ministros responsables –Interior y Defensa–. En ese sentido, debemos considerar incluso que el ministro Albán declaró abiertamente su oposición a la misma.
En suma, si la idea era –como sugieren algunos analistas– congraciarse con una policía en vísperas de llevar a cabo una huelga institucional por los sucesivos incumplimientos a sus requerimientos, peor no pudo ser el resultado. El gobierno no desviste un santo para vestir a otro. Los desviste a todos: no garantiza a la policía el derecho a un salario digno y termina dañando ostensiblemente las garantías a los derechos de todos los peruanos.   


 desco Opina / 17 de enero de 2014
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Majes Siguas II después del sí



Después de años de marchas y contramarchas, que tuvo como último capítulo el archivamiento de la acción de amparo promovida por el Gobierno Regional del Cusco ante el  Tribunal Constitucional contra la ejecución del proyecto Majes Siguas II, el gobierno autorizó su inicio.  Pese al entusiasmo que la noticia ha causado entre los arequipeños, aún se avizoran nubarrones para el proyecto.
En lo político, con el presidente regional del Cusco Jorge Acurio fuera del juego,  aún queda la negociación con el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar. Ante el anuncio del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre la colocación de la primera piedra para este 22, el Frente ha informado a la prensa que se reunirá con otras organizaciones sociales de Espinar para fijar su posición final frente al proyecto, a pesar de que el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua acordaron con las autoridades cusqueñas iniciar con la ejecución de proyectos de irrigación y afianzamiento hídrico en esta provincia, y que en la presentación del Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca del Río Apurímac en la PCM el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Jorge Montenegro, puntualizó que el estudio garantiza el abastecimiento hídrico para Cusco y Arequipa. 
Por otro lado, se tiene que resolver el pago de la penalidad por el retraso en la ejecución del proyecto. El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, señaló que «Por el hecho de no ejecutar, había un crédito concertado con la CAF, que está vigente, ha tenido intereses, la penalidad tiene un costo de más de S/.10 millones». Como se recuerda el Gobierno Nacional tramitó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el cofinanciamiento del proyecto por US$ 150 millones en el 2012.  Otro punto del que aún no hay información es la actualización de costos del proyecto, teniendo en cuenta que el Consorcio Majes Siguas ganó la buena pro para este proyecto en el 2010 y que el Gobierno Regional de Arequipa se ha fiado del buen viento con el que iba el canon minero, fuente con la que va a asumir su parte en el cofinanciamiento del proyecto. El compromiso del GRA es de US$ 57.7 millones.
Asimismo, aún no está muy claro qué fórmula utilizará el Gobierno Regional de Arequipa para la subasta de tierras de las 38,500 ha en las pampas de Siguas que incorporará el proyecto al agro, de modo que no terminen en pocas manos, como pasó en el caso del Proyecto Olmos donde el 70% de las 28 mil hectáreas subastadas, de una de sus etapas, quedaron bajo la propiedad de la empresa nacional Gloria y la extranjera Parfen SA., como lo evidenció CEPES en el 2012. Este tema es importante en el contexto del país donde está en la mesa la discusión sobre los límites de la propiedad de tierras y la seguridad alimentaria.
Fuera de la irrigación de tierras, el proyecto se considera estratégico para la Macro Región Sur por la generación de energía de 560 Mw de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, que forman parte del proyecto, en especial porque la mayoría de inversiones en nuevos proyectos mineros se han anunciado en esta parte del país, y la demanda de energía eléctrica va a ser mayor. Enfocándonos en demandas locales, cabría preguntarse si se atendió –o se va atender– el pedido de las autoridades del distrito de Caylloma (donde se ubica gran parte del proyecto) sobre su dotación de energía eléctrica. 
La mayoría de estos temas están pasando «bajo el radar» de la opinión pública. Los nubarrones están allí, sólo hay que afinar un poco los sentidos y ver bien todo el panorama, antes que se generen nuevos conflictos y nuevos retrasos. Tenemos entre manos un tema que pondrá a prueba las reales convicciones frente al desarrollo macroregional versus los localismos, la mirada de largo plazo versus los inmediatismos de los líderes regionales del sur peruano. 

desco Opina - Regional / 10 de enero de 2014
Programa Regional Sur
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