jueves

El diálogo con los partidos políticos

El gobierno ha iniciado el diálogo con distintos partidos políticos, tras vencer las resistencias iniciales de algunos de ellos, al enterarse que el mismo se realizará con el Presidente del Consejo de Ministros y no con el Presidente Humala y el Ministro de Economía y Finanzas, es decir con el poder real. La iniciativa gubernamental, aunque llamativa por provenir de una gestión que ha demostrado a lo largo de dos años poco interés por mantener relaciones con los principales actores políticos y sociales, resulta comprensible por las dificultades que enfrenta en un escenario difícil, en el que cotidianamente evidencia su impericia.
La aprobación presidencial, que ya había perdido 21 puntos porcentuales entre marzo y julio de este año, ubicándose en 39% según GfK Conecta, se vio nuevamente afectada por la confesión del mandatario y de su Ministro estelar, de la llegada de las «vacas flacas», terminando con el mito del «blindaje» nacional frente a la crisis internacional. La dramática disminución del canon, en este escenario, además de evidenciar groseros errores de cálculo de los técnicos y autoridades de Economía y Finanzas, puede terminar enfrentando innecesariamente al Presidente con las autoridades subnacionales, ya incómodas por la parálisis de la descentralización a pesar de sus esfuerzos en contrario.
Por su parte, la desconfianza empresarial en el gobierno, es claro que se mantendrá buscando siempre mayores y mejores condiciones para su inversión,  aunque se agrava por la falta de velocidad en el gasto público, no obstante las medidas de mayo pasado y la decisión gubernamental de acelerar los grandes proyectos de infraestructura pública. En este escenario, los réditos al golpe infringido en el VRAEM a las huestes de los hermanos Quispe Palomino, se diluyeron rápidamente. El diálogo, en consecuencia, aparecía como un imperativo para un gobierno con su aprobación en caída libre, fuertemente aislado de los distintos sectores sociales y autista en materia política.
La iniciativa gubernamental se produce cuando distintos actores han empezado a demandar una interlocución directa con el gobierno. En las últimas semanas, las asociaciones de gobiernos descentralizados se pronunciaron pidiendo el diálogo indispensable que se requiere para relanzar la descentralización y para enfrentar la situación generada por la disminución de los recursos provenientes de la minería.  La CONFIEP difundió un pronunciamiento, llamando a redoblar el esfuerzo público y privado por el desarrollo del país, mientras la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) hizo público que las autoridades regionales le habían pedido cita al Presidente Humala.
En este contexto, en el que distintos actores demandaban dialogar con el gobierno, sorprende que éste haya optado por hacerlo inicialmente con los partidos políticos, dejando, por el momento sin respuesta, a los demandantes. Sorprende porque la opinión pública, de acuerdo a la citada encuesta de GfK Conecta, cree que el mandatario debe escuchar a la población (39%) y a los presidentes regionales (31%). Sin desconocer la importancia teórica de los partidos, es curioso que sean los primeros convocados en un contexto en el que su capacidad de representar se encuentra en su peor momento y sus principales líderes –Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fijimori– aparecen severamente cuestionados ante la opinión pública.
Por lo demás, un diálogo sin agenda y sin objetivos claros, carece de intensidad. En ese camino, el riesgo que corre la democracia es el desgaste de una de sus condiciones y mecanismos fundamentales; el del gobierno, es el de continuar en su aislamiento y en su sordera, convencido de lo contrario. Como le ha ocurrido con el supuesto «blindaje» de nuestra economía.
  
desco Opina /  29 de agosto de 2013
Descargar aquí

viernes

Reducción del canon minero, tensiones y oportunidades

La coyuntura nos demuestra la poca coordinación y escaso entendimiento entre los niveles de gobierno para prevenir las consecuencias de la reducción de los fondos provenientes del canon minero. La predecible reducción de los precios de los minerales no contuvo a muchas autoridades de presupuestar la implementación de proyectos en base a la proyección inicial de transferencias.  Para muchos gobiernos locales este fondo representa casi el 80% de la inversión pública, motivo por el que su reducción tendrá un impacto en las programaciones anuales.

En el caso de las municipalidades de la selva central, la reducción de esta partida llega en momentos muy críticos. Esto se debe a que el café, uno de sus productos principales, afronta la terrible plaga de la roya que afectará drásticamente la economía local. Al mismo tiempo, sin recursos se limitaría la implementación de fondos concursables como Procompite, impidiendo el apoyo a la reconstrucción del aparato productivo local. Por otro lado, el momento político también es inapropiado debido al advenimiento de un año electoral.  Entonces, se pueden anticipar situaciones sociales conflictivas a nivel nacional.

Preocupa que tanto a nivel local como regional, muchos medios de comunicación no analicen las causales macro del problema, como el esquema de asignación del canon minero. Por el contrario, contribuyen a la conflictividad cuestionando actitudes particulares de los alcaldes y presidentes regionales. De este modo el debate se ha reducido a ataques  directos con miras a calentar el escenario político para el 2014.

La época de «vacas flacas» anunciada por el Ejecutivo ha provocado confusión y pánico en las pequeñas jurisdicciones de la selva central con pocos recursos propios y proyectos en cartera.  El Ministerio de Economía y Finanzas, por lo pronto, ha anunciado un fondo de contingencia a los gobiernos regionales y locales que tengan proyectos pendientes en su agenda de inversiones.  Sin embargo, es de esperarse que las negociaciones caigan presa de la contaminación electoral, por lo que la medida hará poco en aliviar las tensiones.

Una de las metas de la descentralización es reducir la dependencia de los departamentos en relación con el Gobierno Central. La bonanza de los precios de los minerales convirtió a los fondos provenientes del canon en una fuente importante de recursos para la implementación de proyectos. Si bien se redujo la dependencia del Ejecutivo en el gasto de inversión general, los gobiernos subnacionales han demostrado poco esmero en desarrollar una base productiva local independiente a la ejecución de obras públicas.

Hoy los presidentes regionales buscan reunirse con el Presidente Humala para afrontar la situación. Se presentan, pues, condiciones ideales para demostrar la capacidad de liderazgo y negociación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, creando los canales de diálogo que permitan los consensos en materia.  Javier Atkins, presidente de la ANGR, ha dicho que trabajarán con el Gobierno Central para revertir la caída de recursos del canon, queda entonces tomarle la palabra y establecer una agenda de trabajo que sea clara.


desco Opina - Regional / 23 de agosto  de 2013
Programa Selva Central
Descargar aquí

El VRAEM como excusa

El abatimiento de Orlando Borda Casablanca, ‘Alipio’, y Marco Quispe Palomino, ‘Gabriel’, ocurrió en Llochegua, Ayacucho, una zona que muchos seguramente llamarían «allá», como en la novela de Capote. El golpe es significativo porque todo indica que ambos eran mandos «narcosenderistas» importantes en la zona, con el agregado de que uno de ellos es miembro de lo que la prensa ha denominado el «clan de los Quispe Palomino». Queda como número 1 en el VRAEM Víctor Quispe Palomino, ‘José’. Evidentemente, esto le ha dado aire a un gobierno que parecía atrapado en su caída en las encuestas. No obstante, todo indica que el efecto, aunque importante, será temporal, porque resulta cada vez más difícil asociar –realmente– a estos grupos con la amenaza senderista.  

En febrero de 2013 la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social del VRAEM (Codevraem), entidad presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, había señalado que los Quispe Palomino eran una «banda de extorsionadores».  Ciertamente esto no hace que sus crímenes sean menos reales, pero sí dificulta darle sentido a sus acciones dentro de un objetivo político, rasgo característico del accionar senderista.

Es más, todo indica que la «debilidad ideológica» del grupo operando en el VRAEM facilita el trabajo de infiltración de la Inteligencia. Es mucho más claro el vínculo de ‘Artemio’ con SL, mientras que ‘Alipio’ y los Quispe Palomino corresponden más al perfil de criminales al servicio del narcotráfico, a los que el membrete de Sendero debe servirles instrumentalmente.

Más allá de los detalles operativos de una operación exitosa, son significativas las reacciones tras la operación ‘Camaleón’. ¿Quién se queda  con el mérito? El Ministro Cateriano habla de fuerzas conjuntas y niega la existencia de la brigada ‘Lobo’ anunciada por un importante medio de comunicación nacional, acaso porque las FFAA ceden su protagonismo a la Inteligencia policial y a operadores como Iván Vega, viceministro del Interior. En un intento risible por arrogarse méritos que no le corresponden, Alan García señala que los éxitos de este gobierno también son, indirectamente suyos, jugando en pared, con el ex ministro de Defensa Rafael Rey, que aprovecha la situación para defender los cuestionados contratos con los asesores israelís de Global CST durante su gestión, ahondando en el sinsentido.

Como si «subirse al coche» del éxito solo fuera el primer paso para tomar impulso, ahora García sale a interpelar públicamente al Presidente a propósito de sus declaración sobre la crisis mundial, mientras Keiko Fujimori, con algo menos de filo pero impecable timing, hace lo propio. Tener a Humala contra las cuerdas parece ser el deporte favorito de las caras visibles de los partidos, pese a que las cifras no nos hablan de un escenario apocalíptico ni mucho menos.

Por cierto, al líder aprista le interesa que se comente cualquier otra cosa que no tenga que ver con los narcoindultos que, eso sí, fueron mérito completo de su gobierno. En ese caso las pruebas de dolo saltan por doquier, incluyendoa importantes funcionarios de su gobierno y demostrando, antes del caso Obregón, que el narcotráfico en el Huallaga y en el VRAEM parece ser un elemento que corroe a los políticos que hoy pretenden juzgar desde su supuesta racionalidad de Estado.

Más allá del Plan VRAEM, es preciso interrogarse por el olvido en el que viven los compatriotas de la frontera entre Ayacucho y Cusco. Pareciera que la única forma en la que son considerados es como habitantes de un «teatro de operaciones» eterno. ¿Por qué subsisten los Quispe Palomino desde los 90 en el «negocio»?, ¿por qué parecen ser la única opción para personas que habitan en zonas con un Estado históricamente desinteresado en ellos?, ¿para lograr qué tipo de desarrollo pacificamos el VRAEM?, ¿cómo se plantea la convivencia de poblaciones campesinas, indígenas y de grandes proyectos de explotación productiva cuando la señal que se da es que hay que arrasar con cualquiera que se ponga delante, como se amenaza hacer en el Lote 88? Que el gobierno tome aire, salvando al Ministro Pedraza de una interpelación farsesca no quiere decir que deje de aprovechar la oportunidad de diferenciarse del autoritarismo y las complicidades que caracterizaron a los gobiernos de García y Fujimori. 

desco Opina /  16 de agosto de 2013
Descargar aquí

lunes

El Gasoducto Sur Peruano y la petroquímica en peligro

“Esperábamos en el sur que se anunciara el gasoducto, esa omisión para nosotros, resulta o equivale a una postergación y genera incertidumbre”, declaró a la prensa el presidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillén, luego de escuchar el mensaje de Fiestas Patrias de Ollanta Humala. Este comentario no hizo sino ahondar más la duda sobre si el gobierno cumplirá la promesa electoral de traer el gas a la Macro Región Sur e incentivar la industria petroquímica.
Desde que el Gobierno Nacional decidió no dar el crédito puente a la empresa Kuntur para que inicie las obras del postergado Gasoducto Sur Andino, todo ha ido cuesta abajo. El proyecto original fue descartado por uno nuevo: El Gasoducto Sur Peruano (GSP), sin embargo el gas que se trasladaría a Arequipa, Moquegua y Tacna, ahora sería virtual.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, no ha hecho más que abonar la desconfianza existente en esta parte del país respecto al nuevo proyecto. Se ha ratificado en su afirmación de que se cumplirá con la construcción del GSP, pero ha dado tantas versiones sobre cómo llegará el gas al sur, que en la intención de despejar dudas parece asomar el interés de crear confusión para dejar a las autoridades y a la sociedad civil sin piso para argumentar un reclamo formal.
De todas las versiones gubernamentales por el momento hay tres hechos concretos. El primero es la Concesión Suroeste a la empresa Gas Natural Internacional de España para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por red de ductos a departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El segundo es que la adjudicación del GSP se sigue postergando: se dijo que en setiembre y luego que en octubre, no obstante Proinversión ha declarado que quizá el plazo de la adjudicación se amplíe hasta fin de año mientras el Viceministro de Energía habla de hacer esfuerzos para que esto se materialice “en este gobierno”.
El tercer hecho ha causado aún más desconcierto, pues el MINEM anunció la creación de un nuevo sistema de generación eléctrica utilizando el GSP, lo que permitirá implementar el Nodo Energético del Sur. Según un experto en temas energéticos, si se utiliza el gas para energía nos olvidemos de la industria petroquímica, porque no habría gas suficiente para implementar ambos servicios.
El Colectivo Macro Sur organizó el mes pasado el Foro-Panel ‘Gasoducto Sur Peruano y Desarrollo Estratégico’ para discutir sobre el tema. El evento, que recogió las preocupaciones y expectativas de la sociedad civil regional, finalizó con seis conclusiones. En el actual contexto es urgente que el Gobierno Nacional diga algo concreto respecto a la cuarta conclusión de este foro, que interroga directamente al gobierno sobre la disponibilidad de recursos para la industria petroquímica. Y mientras el Ejecutivo contesta, ya es momento de que en el sur nos unamos para que no nos vuelvan a dar gato por liebre.

desco Opina - Regional / 12 de agosto de 2013 
Programa Regional Sur
Descargar aquí

La política también va en automático

Como era previsible, el discurso del Presidente ante el Congreso de la República el 28 de julio, no trajo mayores sorpresas. Su presentación, mostró una vez más su resistencia a la autocrítica y su dificultad para atender los malestares que la calle y las encuestas, a las que es tan afecto, evidenciaron las últimas semanas. Cierto es que hubo una pálida mención a los errores de su gestión y a las eventuales dificultades del crecimiento del país, en un escenario global que ya lo está impactando y que genera importante incertidumbre, que también tuvo que reconocer. Sin embargo, ese tono desapareció ante el aluvión de números y datos que buscaban demostrar el éxito de su gestión en el modelo con el que básicamente ratificó su compromiso.

La apuesta por facilitar y crear mayores y mejores condiciones para la inversión privada, la aceleración de la inversión pública y el implícito compromiso con las industrias extractivas, adelantada por el todopoderoso Ministro de Economía semanas atrás, fue reiterada como la respuesta necesaria para mantener el ciclo de crecimiento de la economía, acompañada por la fe en un futuro de inclusión social -que en esta ocasión ni siquiera mencionó el discurso políticamente correcto de los derechos-, porque los números mostrados sobre los distintos programas sociales, no alcanzan para entusiasmos mayores.

Su intervención no dijo nada sobre la urgente reforma del Estado, el principal problema del país para enfrentar la crisis internacional y acelerar la inversión pública, menos aún acerca del sistema político y el evidente quiebre en sus mecanismos de representación, como si con las disculpas del nuevo Presidente del Congreso, la mención a la modernización del Estado y el ambiguo anuncio sobre la necesidad de revisar la efectividad de la descentralización, fuera suficiente. No dijo nada concreto tampoco sobre la consulta previa salvo una mención al proceso en el Área de Consevación Regional Maijuna, mientras la descentralización se redujo a 9 Consejos Descentralizados y una ambigua invitación a que el Congreso debata su futuro.

Sorprendentemente, el mandatario desperdició el espacio para explicar mejor y defender las pocas y polémicas reformas que está empezando su gobierno –la ley del trabajador público y la reforma de salud- evidenciando su poca disposición al diálogo y su incapacidad para atender algunas de las fundamentadas críticas a ambos procesos, no obstante su importancia para el país y la sensibilidad que despiertan en la opinión pública que ciertamente exige un Estado eficiente, demanda una burocracia capaz y pugna por el acceso a servicios de mayor cobertura y mejor calidad.

Otro tanto puede decirse de la inseguridad ciudadana, uno de los puntos álgidos de la agenda nacional, sobre el cual se limitó a enunciar los ejes de la política complementados por nuevas inversiones. Quienes esperaban algún indicio sobre la reforma policial, en teoría en curso, o sobre el papel del Poder Judicial en esta materia, se quedaron frustrados, como seguramente lo hicieron quienes confiaban en encontrar algún indicio claro sobre la política agraria de su gobierno.

No obstante su pobreza, la intervención presidencial tuvo algunos anuncios finales, aunque poco concretos. De ellos, destacamos dos. En el caso de la minería, en esta ocasión -recordemos que en su discurso anterior en el mismo hemiciclo nos anunció una nueva minería-, habló de la necesidad de reforzar el acuerdo social entre Estado, comunidades y empresas, donde todos ganen y se adelanten los posibles beneficios a las poblaciones de las zonas de influencia directa. En el caso de la industria, el aviso de un plan que se estaría formulando y que nadie conoce, para la diversificación productiva y la generación de valor agregado, difícil de entender en el marco de la orientación general de su gobierno.

Así las cosas, cabe preguntarse para quién habló el Presidente en un discurso que se caracterizó por una retórica plana de la que desaparecieron, a diferencia de sus presentaciones anteriores, las menciones a la gran transformación, la hoja de ruta, el nacionalismo y los derechos, mientras se multiplicó hasta el aburrimiento la mención a los miles y los millones. Difícil imaginarse a algún grupo o sector satisfecho con una intervención que parecía apenas el cumplimiento de un rito, sin ejes claros ni voluntad de liderazgo. Todo indicaría que el primer mandatario ha terminado convenciéndose que la política también puede ir en automático.

desco Opina / 5 de agosto de 2013
Descargar aquí