lunes

Descentralización: un pasito pa ´lante y un pasito pa ´tras

Hace 10 años se estableció el diseño institucional para la realización del proceso de descentralización. Este diseño contemplaba básicamente cuatro etapas: la primera referida a la instalación y organización de los gobiernos regionales y locales (transferencia de los CTAR), marcada por la realización de elecciones para conformar los Gobiernos Regionales en el 2002; la segunda establecía la conformación de regiones; luego de ello, se iniciaría el proceso de transferencia de competencias sectoriales, menos salud y educación, las que se transferirían en una cuarta etapa.
Sin embargo, el carácter progresivo del proceso fue dejado de lado, iniciándose las etapas de manera paralela. Como resultado tenemos que lo transitorio, las regiones (los gobiernos regionales, más precisamente) sobre departamentos, se ha convertido en una denominación permanente, ocasionando que los servicios públicos (cómo salud) no se brinden adecuadamente, o que sean de cuestionable calidad, debilitando lo que significa para los ciudadanos la presencia del Estado y, de paso, deslegitimando el proceso.
Las tres elecciones de presidentes y consejeros regionales cimentan la idea de una región sobre la base territorial del departamento, por ello plantear discusiones vinculadas a la integración regional ya no genera mayor entusiasmo en gran parte de los actores comprometidos con este objetivo. ¿En qué medida las autoridades regionales están dispuestas a perder el poder que los sustenta? En el 2005 se vio el despliegue de los actores que veían amenazada su situación y condición política y que ahora han echado raíces. Así las cosa, difícilmente se podrá retomar el proceso regionalizador.
Sin embargo, hay iniciativas encaminadas a lograr articulaciones regionales, por ejemplo las cuatro Juntas de Coordinación Interregional activas y varias mancomunidades interdepartamentales en el sur, que persiguen colaboraciones para la ejecución de proyectos y la promoción de la inversión en sus territorios. En esa medida funciona la relación entre los gobiernos regionales y, siempre que no se hable de ‘matrimonio’, todo pareciera funcionar bien.
En la actualidad se evidencia un proceso de recentralización a partir de la creación de nuevos programas sociales, los que responden a la política nacional de inclusión social, cuya gestión responde a diseños de gestión desconcentrada antes que descentralizada.
No se percibe en el gobierno nacional una intención seria de retomar el proceso de descentralización, para lo cual será necesario, primero, renovar el compromiso estatal y social con el proceso, revisar y actualizar el marco legal de la descentralización, desarrollando con claridad las competencias de los tres niveles de gobierno, a partir de las cuales se podrá construir una gestión descentralizada. La aprobación del Plan Nacional de Descentralización permitirá contar con un instrumento orientador de la acción política para lograr la descentralización, el no hacerlo significará seguir andando a tientas y continuar al ritmo secular de un pasito pa´lante y uno (o varios) pasitos pa´tras.

desco Opina - Regional / 17de diciembre de 2012
Programa Regional Sur
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Humala: democracia sin instituciones

Para inclinar la balanza a su favor en la carrera a la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió alinearse con quienes le ofrecían su respaldo a cambio de un compromiso público con las instituciones democráticas, dado el origen militar del candidato y las resonancias de su discurso electoral desde 2006, que lo mostraba próximo a propuestas de cambio constitucional. Desde su «Juramento por la democracia» y a la luz de los hechos recientes, cabe preguntarse qué entienden el Presidente y el oficialismo por compromiso con la democracia y sus instituciones.
En la definición del presupuesto general de la República para el 2013, medidas saludables como la asignación de mil millones de soles extra destinados a programas de riego o la aprobación de una partida para la atención de desastres naturales, quedan opacados ante la increíble decisión de congresistas de todas las bancadas de aprobar un significativo aumento en sus gastos de representación, lo que abona en el desprestigio del Congreso de la República. Las justificaciones han ido de la matemática más burda –que atribuye la duplicación del monto a la duplicación de la población representada– hasta los más transparentes argumentos populistas –la necesidad de disponer de mayores recursos para financiar padrinazgos y regalos «entre la población más pobre»–.
Es también cuestionable el comportamiento oficial ante instituciones fundamentales para garantizar el respeto a las libertades civiles y el balance de poderes del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional-TC, además del nombramiento de los directivos del Banco Central de Reserva. El Congreso de la República ha postergado estos importantes nombramientos: desde hace más de veinte meses la Defensoría cuenta con un jefe interino, mientras que se ha vencido el período de ejercicio de seis de los siete vocales del TC, habiéndose elegido sólo a su titular. Esta situación afecta seriamente la legitimidad del TC, instancia cuyas decisiones son clave ante cualquier intento de interpretar las leyes a favor de los proyectos oficialistas, incluidos aquellos que impliquen la continuidad del régimen, como dejara claro a fines de los noventa el dictador Fujimori.
Y para agregar evidencia en nuestra negativa a aprender de nuestra historia, esta semana el Congreso de la República aprobó una modificación al código procesal penal que permite a miembros de las fuerzas armadas y policiales el levantamiento de cadáveres tanto de civiles como de militares en zonas declaradas en estado de emergencia, con el argumento de que los fiscales pueden tener limitaciones logísticas para acudir oportunamente al lugar de los hechos. Esta medida es muy grave, pues sugiere que el Ministerio Público está de más, y su función puede ser realizada expeditivamente por los uniformados. Más grave aún, porque declarar territorios en estado de emergencia se ha instalado como el mecanismo regular para el control de la conflictividad social en el país, control que no ha prescindido de salidas represivas y muertos, lejos del juramento democrático de Humala, que en el recuerdo de Bagua, prometió un tratamiento distinto para el malestar social.

desco Opina / 10 de diciembre de 2012
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viernes

Gestión de residuos en Lima Sur: mejoras distritales, pendientes metropolitanos

El último informe del Ministerio del Ambiente sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos 2010 – 2011, indica que Lima genera un promedio aproximado de 2 123 016 toneladas de residuos al año. En Lima Sur, una de las zonas más contaminadas de la capital y con menor calidad de aire según el SENAMHI, la acumulación de basura en varias de las principales calles refleja el desinterés o la incapacidad de los municipios por brindar un buen servicio. Esto hace que en la percepción de la gente, el problema de la basura esté casi al mismo nivel que el de la falta de redes de agua y desagüe.
La recolección de desechos que realizan los municipios de Lima sur no tiene como único destino el relleno oficial operado por el consorcio Relima, sino también botaderos informales y clandestinos. El «ahorro» por no llegar al relleno se paga con el deterioro de la calidad ambiental y la salubridad de las zonas aledañas. A ello se suma el problema del desmonte producto de la actividad constructiva de los vecindarios, que se arroja en vías y espacios públicos poco cuidados, empeorando su estado y generando focos de acumulación de basura.
El Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - PMM, iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía, permite a los municipios obtener mayores recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos. En este marco, se han implementado desde 2011 en Lima más de una veintena de Programas de Segregación en la Fuente, que involucran no solo a los vecinos, sino también a las y los recicladores que actúan en estos distritos. Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín cumplieron las metas del PMM, y entre ellos los tres primeros integran a sus recicladores en la operación del servicio. En el caso de Villa El Salvador, el PMM ha sido la oportunidad de reactivar el Bono Verde, un descuento mensual de 20% en los arbitrios para las familias que entregan a las y los recicladores organizados sus residuos separados.
Entre tanto, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para Lima Metropolitana no se ha concretado y es uno de los pendientes de la gestión «verde» de Susana Villarán. Si bien el Ministerio del Ambiente, como rector de las políticas ambientales, brinda una serie de pautas para el cumplimiento de las metas establecidas por el PMM, estas serán insuficientes si la ciudad de Lima no responde al desafío de la gestión ambiental de residuos sólidos con voluntad política, pensando no solo en una gestión «cumplidora», sino también que proponga y plantee propuestas novedosas para mejorar la calidad de vida de las y los limeños.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2012
Programa Urbano
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Si camina como pato y nada como pato…

El pasado 15 de noviembre, Javier Diez Canseco fue finalmente suspendido de la función parlamentaria por 90 días, luego de un proceso confuso y lleno de irregularidades. La decisión que se impuso en el pleno del Congreso de la República no es otra cosa que el anunciado castigo político del Ejecutivo a uno de los congresistas oficialistas que se negaron a aceptar en silencio el viraje derechista del gobierno.
Pese al lamentable esfuerzo de las emisarias palaciegas –la ministra Ana Jara y la Presidenta en funciones, Marisol Espinoza– por organizar una posición «disciplinada» en contra de Diez Canseco, la votación de la bancada de Gana Perú fue un patético desbande: 21 a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. En suma, hubo de todo, menos una explicación coherente acerca de esta diversidad de posiciones, que a pesar del resultado, refleja uno de los más serios reveses del oficialismo en el Congreso.
Muy diferente fue el comportamiento de los nuevos aliados del Gobierno y principales acusadores del congresista. El voto en bloque del fujimorismo es la prueba de que la iniciativa empieza a trasladarse a ese sector del hemiciclo, recordándonos un pasado que creímos derrotado en las elecciones de 2011. No es la primera señal de alarma respecto a un peligroso aire de familia entre el viraje oficialista y los modales imperantes en la nefasta década fujimorista.
Impuesta la sanción, la reacción de Diez Canseco apuntó a Nadie Heredia, cuyo protagonismo en las decisiones políticas de no deja ya lugar a muchas dudas. En una discusión que se arrastra desde la campaña electoral, en la que Humala intenta pasar por alto polos de referencia políticos («no soy de izquierda, soy de abajo»), hoy la pregunta sobre con quién gobierna Ollanta Humala adquiere nuevos matices. Entre los anillos de poder alrededor del Presidente –graficados por el sociólogo Francisco Durand-, el círculo primigeniamente compuesto por diversos familiares de la pareja presidencial parece haberse cerrado al punto que la señora Heredia lo ha monopolizado hasta hacerse imprescindible para la toma de decisiones. Y de acuerdo a la denuncia de Diez Canseco y por lo visto en el Pleno, ya no se trata sólo de las decisiones que competen al Ejecutivo.
Las dudas sobre el entorno de confianza con el que el Presidente gobierna adquieren mayor importancia, si observamos algunos aspectos clave en el corto plazo, como la inversión pública y la gestión de conflictos sociales, por mencionar apenas dos de ellos. La incapacidad de gasto en el gobierno nacional no se resuelve con «shocks de gerencia y gestión pública» como se pretende hasta ahora, menos aún cuando esos reflejos centralistas entran en contradicción con la mejora de ejecución que sostenidamente protagonizan los gobiernos subnacionales. De igual modo, la conflictividad social no se transforma por el simple cambio de la denominación de la oficina encargada de su atención, ni su nuevo tratamiento puede basarse en cargarle culpas a un proceso de descentralización «mal conducido» o a un enemigo particular, lugar que en período último ha ocupado cómodamente el MOVADEF. Somos contundentes en rechazar los intentos senderistas por aparecer nuevamente como factor político en el país, tanto como en denunciar el uso interesado que hacen del MOVADEF quienes para gobernar apuestan por legitimar situaciones de excepción e ir más allá de los márgenes de la convivencia democrática.

desco Opina / 23 de noviembre de 2012
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Huancavelica, entre la inclusión urgente y el futuro

«Esta es la inversión pública más grande de la historia de Huancavelica, que ponemos para la población más pobre del país», «No venimos con las manos vacías. No son 1.000 millones, son 1.915 millones de soles que estamos poniendo a disposición de la región para trabajar juntos, eso es inclusión social», fueron las palabras del presidente de la república, durante la IV sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizó en el distrito de Pampas-Tayacaja, en la Región Huancavelica. Cuando era candidato, Ollanta Humala reconoció que la región estaba relegada. Hoy, con este tipo de iniciativas descentralizadas da por sentado que el Estado está asumiendo un papel más protagónico. ¿Será suficiente para Huancavelica?
La mejor manera de aprovechar esta iniciativa del Gobierno Central y lograr el apoyo de incluir a Huancavelica y priorizar sus necesidades, es mediante el trabajo coordinado del presidente Regional de Huancavelica, con sus alcaldes provinciales y distritales.
Porque dar dinero no necesariamente genera desarrollo, ni mucho menos garantiza que sea un proceso inclusivo, debido en gran medida a la ineficiencia de algunos funcionarios que consideran que los programas asistenciales mal acostumbran a la población a recibir dádivas. Si estos son los responsables de hacer avanzar los programas desde los gobiernos locales entonces hay claramente un problema de compatibilidad «ideológica» para cumplir con el encargo.
Sobre los programas sociales, por supuesto, cabe preguntarse hasta qué punto siguen siendo eficientes. El programa Juntos, por ejemplo, es muy importante para los presupuestos familiares. Lamentablemente, pese a algunos esfuerzos de evaluación en base a los indicadores disponibles, el programa fue lanzado sin una línea de base que permita evaluar su desempeño global con total precisión, cosa que el actual MIDIS tiene muy presente. Lo que Juntos no puede hacer es garantizar el desarrollo a largo plazo ya que no contempla un enganche con programas con enfoque productivo. Visto esto, tanto el Gobierno Central y como el regional deberían promover políticas que se vinculen con Juntos y que tomen en cuenta cuestiones como la generación de empresas, apoyo a pequeños negocios, atención a los pequeños cultivos, entre otros.
Los presupuestos deben estar articulados a objetivos establecidos en el plan de desarrollo regional concertado de la Región Huancavelica y el plan bicentenario, para darle una funcionalidad más estratégica, planificada y no caer en la ejecución de proyectos de manera aislada. Un ejemplo de esto ocurre en el sector Transportes en el cual, si bien se ve un avance significativo con la construcción de vías de comunicación también se nota que éstas no están articuladas a los corredores económicos o a las mancomunidades municipales que proliferan. Reclamamos pues que el enfoque sectorial de programas como Cuna Más o Juntos se vincule con un enfoque territorial y de inclusión social en el cual trabajen directamente con los gobiernos regionales y locales.
No desmerecemos bajo ninguna circunstancia las buenas intenciones por abordar los problemas que aquejan a una de las regiones más pobres del país, pero no se visibiliza en ningún caso una estrategia de desarrollo a largo plazo puesto que la inversión y el incremento de presupuesto por sí solo no soluciona los problemas; el presupuesto público debería dirigirse hacia los ejes de desarrollo identificados en la región, de manera integradora, priorizando los espacios locales con un desarrollo que implique circuitos económicos. Aunque Huancavelica tenga necesidad urgente de salir de la pobreza, también merece que se piense en su futuro, en el mediano y largo plazo.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2012
Programa Sierra Centro
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¿A quién le importa Lima?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estableció ya la fecha para la consulta que decidirá sobre la revocatoria a Susana Villarán, cerrando de esta manera la primera etapa de un proceso a todas luces lleno de irregularidades, en el que el papel del presidente del Jurado, Hugo Sivina, ha sido protagónico. La decisión, que no deja de ser sorprendente, coincidió con el accidentado traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita, permitiendo ver algunos de los rostros más oscuros que están tras la intención de cesar a la autoridad metropolitana, prácticamente desde el día siguiente a su elección.
La gestión de Villarán, tras un inicio vacilante, entre otras cosas por el desconocimiento exacto de los desafíos y el desorden que heredaban de la larga administración anterior, se afirmó definiendo cuatro ejes neurálgicos para su gestión: el ordenamiento del transporte urbano, en una ciudad que está al borde del colapso por el caos y la arbitrariedad que se fue generando en esta materia; la recuperación de los espacios públicos, donde el traslado de La Parada era un tema largamente postergado; la atención a los sectores más vulnerables de la población, donde un programa como Barrio Mío que contempla el plan de mitigaciones de riesgos en laderas, bastante más complejo y estructurado que el anterior esfuerzo municipal de construcción de escaleras, beneficiará a más de un millón de habitantes de la ciudad; y finalmente, la definición de impostergables obras de infraestructura vial y recuperación del río Rímac, con una intervención prevista que contempla significativamente a la inversión privada y que supera los mil millones de soles en los próximos años.
Vale decir que la actual gestión municipal decidió ser gobierno en una ciudad que en la última década se limitó a ser administrada, sin que las gestiones inmediatamente anteriores se preocuparan por enfrentar los grandes retos de planeamiento y orden que demanda una urbe de las dimensiones de Lima. Su valiente decisión de pensar en la ciudad, antes que en el fácil rédito político que permiten la sucesión de distintas obras inconexas y un manejo mediático astuto, pretende ser frenada por la revocatoria.
Los sucesivos paros de los dueños del transporte público, muchos de ellos claramente mafiosos e impunes en su desprecio por los usuarios y por las normas más elementales de tránsito y posteriormente, los enfrentamientos generados con sectores de los comerciantes mayoristas de alimentos, fueron utilizados como parte de una campaña de demolición, a la que se sumaron gozosos buena parte de los medios de comunicación, cada vez más interesados en impedir la participación en la gestión pública de fuerzas y sectores con un discurso de cambio y vinculadas a la izquierda.
El escenario no es fácil y el Jurado Nacional de Elecciones busca hacerlo más difícil y menos ordenado con su pretensión de llevar adelante la consulta en marzo del próximo año, a pesar que la propia organización del proceso, particularmente complejo por la manera de votación, demandaría según los conocedores, más de tres meses, a partir del 2 de enero próximo.
A las autoridades electorales parece no interesarles el futuro de Lima, que corre el severo riesgo de verse paralizada los próximos dos años. Tampoco les preocupa el costo directo e inmediato del proceso, que no es poca cosa. Por su lado, a buena parte de los promotores de la revocatoria lo que les interesa es detener los cambios que la actual gestión pretende llevar adelante. Así las cosas, en un escenario indudablemente difícil, creemos que todos los limeños y limeñas, interesados y comprometidos con el desarrollo y el ordenamiento de su ciudad, con la calidad de vida que ésta les puede ofrecer, estamos obligados a defender una gestión que optó por enfrentar algunos de los grandes problemas de la metrópoli, sin cálculo político alguno.
Más allá de los aciertos y errores de la actual gestión, ninguno de los cuales justifica apelar a la revocatoria, lo que estará en juego en marzo es el futuro de Lima y su voluntad de ordenarse, responder planificadamente a los grandes problemas que afronta y gobernarse democráticamente. Quienes estamos en esa perspectiva –varios políticos de distintas tiendas, líderes sociales e importantes sectores empresariales se han pronunciado en ese sentido– deberemos actuar conjuntamente contra quienes pretenden el regreso al pasado, defendiendo la aspiración mayoritaria de una ciudad mejor.

desco Opina / 9 de noviembre de 2012
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lunes

Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.
La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.
Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.
Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?
Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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viernes

La división del profesorado y el estancamiento educativo en el sur

Las prolongadas huelgas del profesorado este año en particular, han develado dos problemas. Para comenzar el resquebrajamiento del SUTEP, uno de los sindicatos más fuertes a nivel nacional, en dos bandos, el Conare Sutep y el Sutep oficial, aunque un reducido grupo de profesores, aún en huelga en Arequipa, han manifestado no pertenecer a ningún bando sino ser simplemente indignados. Lo cierto es que el crecimiento del primero, en especial en provincias, ha entrampado las negociaciones entre el Sutep oficial (cabeza de la dirigencia nacional, controlado por Patria Roja) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para resolver el conflicto surgido por la implementación de una nueva ley para el magisterio.
El segundo problema desnudado por las huelgas tiene que ver con el avance del grupo neosenderista Movadef en el sindicato de maestros. Esto ha sido una consecuencia inesperada del poco trabajo político de los partidos para fortalecer sus organizaciones así como su falta de compromiso en la construcción de alternativas para el desarrollo nacional y su debate.
La dirigencia del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) que tiene claros vínculos con el Movadef, desafió al Estado con una huelga de dos meses que envió a los escolares del Cusco, Tacna, Apurímac y Puno a sus casas con vacaciones forzadas. Durante ese tiempo el MINEDU se negó a entablar el diálogo con esta facción del sindicato. Solo un acuerdo firmado por la ministra Salas, el Premier y los presidentes regionales de las regiones donde se mantenía esta paralización, donde se autorizaba los descuentos a los huelguistas, los obligó a deponer su medida.
No obstante, apenas unos días después del levantamiento de la huelga del Conare-Sutep, la otra facción planteó una huelga indefinida que se prolongó durante un mes más. Esta vez las dirigencias de Puno, Tacna y Cusco no acataron la medida, pero sí lo hicieron en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Madre Dios. Previas conversaciones con el MINEDU, la dirigencia del Sutep oficial acordó el regreso al dictado de clases, aunque un grupo reducido no estuvo de acuerdo y continuó con protestas en las calles, desconociendo incluso a las dirigencia regionales, como pasó en Arequipa.
El clamoroso desorden en el manejo sindical al interior del gremio de maestros que dio lugar a estas dos huelgas continuas y superpuestas en varias regiones, ha quedado en el ojo de la opinión pública más como una disputa por el liderazgo del sindicato entre estas dos facciones, que como una lucha por las reinvindicaciones magisteriales desatendidas.
La mayoría de los escolares en el sur han retornado a las aulas, pero no se sabe a ciencia cierta si podrán recuperar las horas de clase, o si su rendimiento será afectado más adelante. El MINEDU alista un plan para que no se pierda el año escolar, pero más allá de esta medida de emergencia, se le exige al ministerio un mejor desempeño político para afrontar los reclamos del magisterio y una acción más eficaz para revertir los resultados de la medición del nivel de aprendizaje de los alumnos. Y es que los resultados de la evaluación censal de estudiantes en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac, han registrado resultados poco alentadores, en especial en estos cuatro últimos departamentos.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2012
Programa Regional Sur
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El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.
Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.
Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.
Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.
Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.
La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.
Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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Movilización ciudadana por la seguridad en Lima Sur

Según el ranking de delincuencia divulgado por el diario La República en marzo del presente año, el distrito de San Juan de Miraflores ocupa en Lima, el quinto lugar de los distritos con mayor cantidad de robos, hurtos, violaciones, micro comercialización de drogas, secuestros, entre otros delitos. Frente a este contexto hombres y mujeres integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de todas las zonas de San Juan de Miraflores, decidieron apoyar la labor de la Policía Nacional del Perú en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012.
El pasado mes de setiembre se realizó el Foro «Diagnóstico y propuestas de la seguridad ciudadana en San Juan de Miraflores» con participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección de la Familia, la oficina de Participación y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y el Programa Urbano de desco. El diagnóstico presentado, entre otros problemas muestra la existencia de 374 pandillas y barras bravas que generan desorden y peleas callejeras en distintos barrios; prostíbulos clandestinos que usan como fachada hostales, clubes nocturnos, cantinas y bares, principalmente en los alrededores de Ciudad de Dios y el hospital María Auxiliadora; asimismo, se evidenció la inexistencia de mecanismos de información y medición de la evolución en la incidencia de delitos que afectan a la comunidad, a la par del aumento en el volumen de quejas que reciben las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Miraflores identificó que la inversión local en seguridad ciudadana sufrió una reducción de poco más de 4 millones trescientos mil soles en el 2010, a menos de dos millones y medio de soles en el 2011 con una media de ejecución por debajo del 70% en los dos años mencionados. Esto significa que a pesar de que los recursos son escasos, éstos no se pueden gastar, problema que merece ser evaluado. También se señaló que la problemática de la seguridad ciudadana tiene que ser enfrentada no solo con más serenos y camionetas, sino que deben tomarse en cuenta enfoques educativos y sociales. El principal acuerdo de la reunión fue continuar un proceso de articulación y coordinación entre la Policía Nacional del Perú con la sociedad civil organizada a través de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Es necesario avanzar hacia los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para lo cual se requiere pensar en una estructura organizacional más funcional y menos burocrática.

desco Opina - Regional / 5 de octubre de 2012
Programa Urbano
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Sin oficialismo y sin oposición

Las recientes encuestas y entrevistas al presidente Humala definen claramente la magnitud de los desafíos que debe gestionar el actual gobierno y sus flagrantes limitaciones para dar cuenta de ellos. Apenas un dato puede graficar esta falta de sintonía: tanto el presidente del consejo de ministros como el titular del Congreso, el oficialista Víctor Isla resultan desconocidos por gran parte de los ciudadanos del país. Sin blindaje, el presidente de la República queda expuesto a la crítica directa.
Sin duda, los cambios operados en el Gabinete en julio último ensanchan el divorcio existente entre los rumbos tomados por el Ejecutivo y la naturaleza de las demandas sociales. Buscando establecer un equipo mínimo para gobernar, la PCM anunció la conformación de un grupo asesor en el que llama la atención que no figure ningún componente nacionalista. Esto nos muestra un Ejecutivo que ha prescindido del partido «oficialista», al que suple con mecanismos informales que intentan generar nuevas y efímeras alianzas, con las que pretende enfrentar dos escenarios inmediatos: los conflictos redistributivos y el latente malestar en el Sur Andino.
Amenguado momentáneamente el frente socio-ambiental, el relevo de la protesta social lo toman los maestros, los profesionales de la salud y, próximamente, los jueces, dando un giro sustancial a la conflictividad: el escenario es eminentemente urbano, con actores sindicalizados provenientes de un sector medio empobrecido. Pese a los esfuerzos de las dirigencias por mantener cierta cohesión, es claro que en estos espacios actúan abiertamente expresiones cercanas al radicalismo senderista, sin que el gobierno considere en la negociación alguna fórmula que permita aislarlos.
En cuanto al escenario Sur Andino, la preocupación por el gasoducto paulatinamente se coloca en el centro del debate, de manera comprometedora para el gobierno no sólo porque desdice lo prometido durante la campaña electoral sino, más importante aún, porque acrecienta las sospechas de la actuación de lobbies muy fuertes y dinámicos que estarían imponiendo la tónica a la cambiante posición oficial.
Si las deficiencias del gobierno son alarmantes lo es aún más la inexistencia de oposición. La prensa de derecha difundió con alegría inocultable que una reciente encuesta diera como resultado el perfilamiento del fujimorismo como primera fuerza opositora, dato que relativizamos, pues depende de su remota posibilidad de extender este rol más allá de las paredes del Congreso, y del juego que les abra la reciente maniobra del indulto humanitario. Otra opción que pugna por ubicarse como contrapeso a la política oficialista es la izquierda, que transita por ahora en carriles paralelos con Tierra y Libertad, el incipiente MAS del cajamarquino Santos y el nuevo intento de reagrupamiento denominado Fuerza Ciudadana. Al parecer la primacía de la desconfianza y el cortoplacismo posponen aún la búsqueda común del discurso y la práctica que ubiquen a las fuerzas de izquierda como alternativa legítima entre un gobierno que perdió el rumbo y el creciente radicalismo violentista.
Un logro del modelo neoliberal es haber alejado la política de la economía, imponiendo el indicador macroeconómico como medidor universal de la realidad social y principio del bien común. No obstante, la persistencia de expectativas embalsadas y las grietas sociales en las que prospera el violentismo son los puntos en los que ese principio hace agua. La derecha nativa, acostumbrada a equiparar política con captura de aparatos estatales y acción lobista ha demostrado que no tiene nada que proponer en este punto. El reto político de más y mejor democracia le corresponde a la izquierda. Queda por ver con qué instrumento político y con qué rostros decidirá a enfrentarlos en la cancha social y en la electoral.

desco Opina / 28 de setiembre de 2012
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Dos luces y una sombra en la Región Junín

La actual administración regional, encabezada por Vladimiro Cerrón, muestra buenas iniciativas en dos temas sectoriales de la mayor importancia: Salud y Educación. Donde no se ven avances significativos es en la lucha contra la corrupción. A continuación un recuento somero de los logros y desafíos de la sexta región más poblada del Perú.
En Salud hay que destacar las grandes inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario. El esfuerzo ha sido reconocido por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud (MINSA), que calificó a nuestra región como una de las más empeñosas en buscar mejorar los servicios y accesos de salud en bien de su población.
Entre los programas más representativos en el sector tenemos: «Médico de familia», «Odontólogo y psicólogo por colegio» y últimamente el «Residentado médico», que buscan revertir los altos índices de mortalidad y morbilidad que se expanden en nuestra región. Esta apuesta por una mejor calidad de vida, se verá «a futuro», como lo señala el presidente regional. Aunque también es cierto que sectores de la población en estos casos reclaman resultados más rápidos, o en todo caso, ‘menos graduales’. Aquí el gobierno regional debe comunicar con claridad de qué tipo de intervención cabe esperar impactos inmediatos y de cuáles no.
«Mi gestión como presidente del Gobierno Regional de Junín, pone en relieve, una vez más, mi compromiso en primera línea con la educación, por considerar una herramienta fundamental para que nuestro país pueda estar más cerca de lograr el desarrollo con sus propios esfuerzos», con estas palabras el presidente regional lanzó el programa “Junín Libre de Analfabetismo“ el cual busca implementar comunidades de aprendizaje dirigidas a los adultos iletrados de la región. Para cumplir con dicha labor se propone la creación de ”Brigadas de Alfabetización“ las cuales estarán conformadas por jóvenes de diferentes centros de formación tales como universidades e institutos. Asimismo, se tiene como objetivo contribuir a que los iletrados en edad de trabajar se incluyan en las dinámicas del entorno local, social y productivo de la región. Como vemos, es un proyecto que combina capacitación económica productiva con los esfuerzos por erradicar el analfabetismo, tarea titánica teniendo en cuenta que la región Junín registra, de acuerdo al INEI, alrededor del 8% de su población sin instrucción escolar.
Donde no cabe el mismo entusiasmo es en la lucha contra la corrupción, uno de los temas que el titular de la región, al igual que el Presidente de la República, destacaron durante sus respectivas campañas. No olvidemos que la autopercepción de corrupción entre los ciudadanos de Junín está entre las más altas del país. En ese sentido, la creación de un Consejo Regional Anticorrupción, presidido por el propio Cerrón sin duda es una buena señal pero debe enfrentar las denuncias de casos que ya han empezado a aparecer, incluso entre los que fueron partidarios de su gestión. Este tipo de denuncia mella la imagen pública del presidente regional, lo que puede debilitar cualquier acción que se promueve desde dicho nivel.
Para luchar contra la corrupción es imprescindible que el presidente regional y demás funcionarios, la lideren, haciendo una gestión transparente más que discutiendo sobre su necesidad. Creemos que el gobierno regional tiene lo necesario para lograr cambios positivos en el corto plazo en el complejo terreno de la lucha contra la corrupción.

desco Opina - Regional / 21 de setiembre de 2012
Programa Sierra Centro
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Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?
Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.
En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.
Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.
Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.
En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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Los programas sociales en la realidad de la selva

En las últimas semanas reportajes difundidos en los medios periodísticos han cuestionado la idoneidad de la implementación de los programas sociales (PPSS), tales como Pensión 65 y recientemente Gas Barato en Pichari (Cuzco). Las investigaciones periodísticas han expuesto los beneficios a quienes no lo necesitan. Cabe observar que las denuncias de irregularidades se han presentado mayoritariamente en lugares urbanos de la costa, donde se esperaría existan relativas facilidades para la fiscalización y el control. Qué podemos esperar, entonces, de la situación de las áreas rurales de nuestra selva.
Hay condiciones particulares en la selva que elevan el riesgo de ineficacia de los programas sociales tal como están diseñados actualmente. Dentro de estas particularidades podemos identificar la dispersión demográfica; la escasez de vías de comunicación; lo costoso y poco verificable del Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO); entre otros. En la provincia de Oxapampa, por ejemplo, sólo dos distritos son beneficiarios del Programa Juntos: Puerto Bermúdez y Constitución. En muchos casos, sus beneficiarios deben de trasladarse durante horas a través de los ríos para recibir el beneficio. Si consideramos que tres horas de viaje por río cuesta en promedio 30 nuevos soles y que, al no tener conocimiento de posibles reprogramaciones, es necesario pernoctar en las ciudades de distribución; todo se encarece y se reducen los impactos esperados.
Una situación similar ocurre en el programa de Vaso de Leche. Los costos de distribución de los recursos (leche, avena y algún otro complemento nutricional) son altos, por este motivo se realizan en muchos casos de manera trimestral. Por otro lado, se corre el riesgo de que terminen en manos de los comercios locales por la tentación del volumen acumulado. Sólo en el distrito de Villa Rica, 18 de los 51 Comités reconocidos formalmente pertenecen al ámbito urbano. Los demás, de áreas rurales, distribuyen los insumos de manera directa a los beneficiarios, sin prepararlos. Inclusive quienes los reciben, deben acarrearlos vía trocha hasta sus domicilios.
Un tema que no ha sido considerado en el diseño de este programa es el escaso (y a veces nulo) hábito de consumo de lácteos que tienen las comunidades nativas. No se ha estudiado que muchos pobladores demuestran seria intolerancia a la lactosa, por lo que este programa les es poco atractivo. La situación llega a tal punto que algunos líderes nativos señalan: «si desean implementar un programa de apoyo alimenticio deberían apoyarnos con la crianza de peces o zamaños, porque la leche no es buena para nosotros».
El Programa Pensión 65 ha sido reclamado por algunos congresistas de la región. Ante las serias deficiencias que ha demostrado el SISFHO, no sería de extrañar que se manifiesten irregularidades en igual o mayor intensidad que las hasta hoy presentadas. La realidad nos muestra que en las áreas urbanas, no se ha podido establecer un padrón confiable de beneficiarios, ello nos invita a ser cautos en el entorno rural de la selva. En relación al SISFOH, es una propuesta metodológica que permitiría identificar a los sectores más necesitados de la población. Aun así, es evidente que ante la falta de una adecuada supervisión del trabajo de los consultores –a quienes recurren las municipalidades para su elaboración– seguirán apareciendo deficiencias.
Para terminar, debe reflexionarse sobre la realidad de la formación educativa y acceso a la información en la región. Si los programas sociales son parte de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza, se hace necesaria una reingeniería de la implementación de los mismos, propuesta que debe depurar los errores en la selección de beneficiarios. Desde nuestro modesto entender, para la selva, lo más funcional sería darle mayor énfasis a los programas sociales promotores de oportunidades económicas, ya que tienen el agregado de ir reduciendo la dependencia de los beneficiarios a programas asistencialistas.

desco Opina - Regional / 7 de setiembre de 2012
Programa Selva Central
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La Ley del Negacionismo

La denominada Ley del Negacionismo que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República sorprendió a propios y extraños. Todo indica que se trata de un intento de respuesta a la ostensible presencia del MOVADEF en el CONARE-SUTEP y a su accionar en la huelga magisterial. Como toda respuesta poco pensada y apresuradamente formulada, se trata de una iniciativa unilateral y llena de peligros, como lo han señalado algunos voceros de la propia organización presidencial, Gana Perú.
Unilateral porque la ley en cuestión pretende aplicarse únicamente a aquellos que desconozcan el papel de Sendero Luminoso y el MRTA en el conflicto interno que tanto nos costara. Unilateral, en consecuencia, porque quienes nieguen el triste papel del grupo Colina, por ejemplo, no están inmersos en la norma, que ciertamente podría corregirse en el Congreso, haciéndola extensiva a todos aquellos que nieguen las responsabilidades y el papel de los distintos actores que intervinieron en ese doloroso período de nuestra historia, como lo sugirió el ex Canciller García Sayán.
Llena de peligros porque se interviene en un terreno que roza demasiado de cerca el derecho elemental de libre opinión y pensamiento y de la libertad de información, al extremo que la norma, por ejemplo, podría pretender aplicarse a párrafos completos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El entusiasmo por su aprobación mostrado por importantes voceros del fujimorismo y por algunos de los sectores más duros de la derecha, desnuda el interés que puede existir en negar una parte de la historia, y por esa vía, evitar la recuperación de la memoria.
Pero también, porque más allá de la voluntad de quienes impulsan la medida, es claro que ésta afecta la posibilidad de verdad y reconciliación, que no es lo mismo que impunidad como parecen entenderlo algunos, a la que debemos acceder como país. La memoria, entendida como conexión entre pasado y futuro, es indispensable en esta perspectiva si queremos que en la construcción del mañana, el recuerdo del pasado sea una garantía para que éste no se repita.
Desde esta perspectiva, creemos que el Estado se equivoca. La memoria se recupera y la verdad se transmite de generación en generación como resultado de un esfuerzo público y sostenido de educación y comunicación. En el mismo, la responsabilidad del Estado es neurálgica y aquella no puede ser reemplazada por el uso de instrumentos legales para formar las imágenes y valoraciones de la población.
Sorprende definitivamente que sea el Premier, uno de los abanderados de la propuesta. Y lo hace, porque su discurso inicial está marcado por la apuesta por el diálogo que exige de tolerancia y de respeto por la libre opinión pública. Preocupa, adicionalmente, por el momento en que se hace, coincidiendo con el polémico fallo encabezado por el vocal Villa Stein, que fuera dura y certeramente criticado por el propio Premier.
Tal como está formulada, la propuesta alimentará, sin ninguna duda, una fuerte polémica y la polarización que siempre genera nuestro pasado reciente, seguramente volverá a aparecer. Creemos que haría bien el Ejecutivo en repensar y ajustar su propuesta, antes de someterse a la posibilidad cierta de su derrota en el Congreso de la República, y más cierta aún, en la ciudadanía.

desco Opina / 31 de agosto de 2012
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¡El gas… se va el gas!

El Proyecto de Ley N° 1396/2012-PE, lamentablemente, ha dado la razón a quienes vieron en el enredado anuncio de 28 de julio malas señales para el Gasoducto Sur Andino (GSA); se plantea la construcción de un gasoducto para trasportar metano, desde Camisea hasta Puno, pasando por Cusco (Quillabamba) y un etanoducto que partiría en Pisco hacia el sur del país. Esta propuesta tira por la borda el GSA, puesto que ya no tiene como objetivo masificar el gas para 16 ciudades del sur del país en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los trazos ‘paralelos’ del gasoducto y del ducto de etano presentes en el Proyecto de Ley solo beneficiarían a algunas de las mencionadas regiones, y de forma dispar.
El Proyecto de Ley indica que el GSA no puede ser materializado por la empresa Kuntur debido a que no tiene las reservas probadas de gas natural suficientes y, además, no se conoce de los clientes que darán sostenibilidad económica al proyecto. Declara de interés nacional la construcción del etanoducto, disponiendo la participación de PETROPERU y autorizando el incremento de su capital en 400 millones de dólares. La Empresa Kuntur, por su parte, ha salido a anunciar que, con las nuevas condiciones, el proyecto del GSA recién iniciaría dentro de tres años, ya que están a la espera de un crédito bancario para iniciar la construcción, pero que el etanoducto le quita rentabilidad al proyecto.
La nueva propuesta plantea, como paliativo, la implementación de un «gasoducto virtual», que, partiendo desde Lima, abastecería a Tacna, Moquegua y Arequipa, mediante camiones. Dicho sistema permitiría satisfacer, básicamente, la demanda domiciliaria y vehicular, dejando de lado la posibilidad del cambio de matriz energética por parte de las industrias presentes en la región, ampliando la brecha de competitividad respecto a las industrias asentadas en Lima, las que tienen acceso al gas natural desde el año 2004.
Considerando que uno de los fines políticos de la descentralización es la regionalización, más allá de los departamentos, es penoso constatar que el proyecto gubernamental no contribuye a este fin, consolidando, por el contrario, un proceso de concentración económica en Lima que acentúa el crecimiento desigual e incrementa la brecha económica y social de nuestro país. Ya no sorprende que la promesa de continuar con el proceso de descentralización haya sido silenciada.

desco Opina - Regional / 24 de agosto de 2012
Programa Regional Sur
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lunes

«Dijo que era nacionalista…»

En su larga marcha hacia la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió hacer un esfuerzo particular por establecer un perfil propio, debatiéndose entre etiquetas que iban desde el ya desgastado «outsider» al antisistema y del extremista al «Lula peruano». Tentando el equilibrio entre sus banderas originales –control de los recursos naturales, desarrollo del mercado interno, participación del Estado en la economía e inclusión social– y las demandas de su potencial electorado, Humala marcó distancia con su ala izquierda insistiendo en su identidad nacionalista. No era de izquierda, sino nacionalista y «de abajo». Entrando al segundo año de gobierno, cabe volver a preguntarse por una definición mínima del proyecto político del otrora «terror» de la derecha peruana.
El affaire entre el Consorcio Camisea y Perupetro –entidad que vela el contrato de exportación de nuestro gas– no dejó títere con cabeza. Como se sabe, Perupetro inició una investigación que indica que el gas del lote 56 se estaría re exportando de manera irregular, sin declarar ni reportar al Estado Peruano las regalías correspondientes, unos cincuenta millones de dólares. En el lapso de tres días, Aurelio Ochoa, presidente del directorio, y su fugaz reemplazante, Mercedes Tafur, fueron «renunciados» por la sola mención a una eventual cancelación del contrato al citado consorcio empresarial. La secuencia de acontecimientos –y la pasividad presidencial frente a ello– echa bastante luz sobre quién manda a quién en las relaciones entre el Estado y la inversión privada transnacional.
Eso no es todo –ni lo más inquietante– en el frente energético. La convocatoria a una licitación internacional para el Polo Petroquímico del Sur, anunciada ambiguamente por Humala en su mensaje de Fiestas Patrias, tomó decepcionante forma con el Proyecto de Ley 1396, que define que un gasoducto (metano) iría de Camisea a Puno y un etanoducto iría de Pisco a Ilo, dejando atrás el Gasoducto del Sur Andino, que en su diseño previo –el proyecto Kuntur– ofrecía paso por Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Este sustancial cambio no implica únicamente una falta «formal» a la palabra tres veces empeñada por Humala, una en su mensaje inaugural, otra en la ceremonia de recuperación del lote 88, una más durante el Consejo de Ministros descentralizado en Moquegua, oportunidades todas en las que anunció como algo inminente el inicio de la construcción del Gasoducto del Sur. Aunque menos mediático, el Proyecto de Ley 1396 es una afirmación tan o más radical que el ya célebre «Conga Va»: un germen de decepción y malestar, esta vez encajado en el núcleo de voto «duro» del hoy alicaído nacionalista: el sur andino. En este contexto, el destrabe de Majes a favor de Arequipa y la luz verde al aeropuerto de Chincheros en Cusco, tienen sabor de premio consuelo.
Con esta promesa de integración y desarrollo para el Gran Sur más que en duda, es poco lo que identifica al gobierno con el ímpetu transformador de sus primeras horas. Sin el proyecto para «equilibrar el sur con el norte» (Humala dixit) ni el «gas barato para todos los peruanos», la inclusión social queda francamente reducida al rediseño de programas sociales, arrinconada en discusiones metodológicas y mediciones monetarias, un piso en el que resbala la titular de Inclusión y Desarrollo Social, Carolina Trivelli, sumándose a la postura del «ministro-técnico», que tan poco beneficio le ha traído a su par en Educación, la recientemente interpelada Patricia Salas.
Es poco lo que se espera de la presentación del renovado gabinete en el Congreso de la República. Luego de la desafortunada decisión de prolongar el estado de emergencia en Cajamarca, no es más que una formalidad el anuncio de las medidas tomadas por la Comisión Multisectorial por una «nueva minería». A este ritmo –y para mal, por supuesto– lo único que queda de la agenda nacionalista se recuesta en el delicado diferendo con Chile.

desco Opina / 20 de agosto de 2012
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viernes

Lima Sur y áreas interdistritales de Lima, definiciones pendientes

Desde finales de los años noventa, las autoridades de los distritos del llamado «cono sur» de la capital han intentado generar y mantener mecanismos de coordinación para enfrentar problemas comunes de gestión municipal e, incluso, de planeamiento articulado del territorio. En el contexto de cambio por la caída del régimen fujimorista, la Mesa de Alcaldes del Cono Sur fue un referente importante en el debate municipal.
La Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima- AMASUR, creada en junio de 2007, es un intento de las autoridades municipales de esta zona por responder a incentivos a la asociatividad municipal como la Ley N° 29029 “Ley de la Mancomunidad Municipal”. Al acercamiento entre Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacamac, se sumó entonces el distrito de San Borja. Esta asociación ha tenido un transitar bastante irregular, con resultados limitados que a la larga no tuvieron trascendencia en el territorio.
Actualmente, y ya desde el programa electoral de la Alcaldesa, la Municipalidad Metropolitana propone la conformación de áreas interdistritales en Lima, retomando planteamientos de los sucesivos planes de desarrollo de la ciudad. En un primer momento el esquema presentado por Villarán en el Congreso de La República señalaba una eventual confluencia de los 43 distritos capitalinos en ocho áreas (Lima Norte, Expansión Balnearios Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Sureste, Expansión y Balnearios Sur, Centro Ciudad Consolidada y Lima Noreste-San Juan de Lurigancho). Si bien estas responden a una lectura de unidades relativamente homogéneas de planificación, no tomaba en cuenta directamente los esfuerzos de articulación que los alcaldes, los funcionarios municipales y diversas organizaciones sociales han ido gestando a lo largo de diversos foros y espacios de concertación.
El proceso de consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de Lima al 2035 intenta hoy, a través de sus «encuentros interdistritales» poner en discusión la fórmula para una gestión descentralizada de la urbe. En ese contexto, se especula entre funcionarios y regidores de Lima Sur, que los directivos de AMASUR estarían evaluando dar paso a la conformación del Área Interdistrital Sur, esta vez con la participación del distrito de Lurín. Lima Metropolitana cuenta hoy con siete procesos de asociatividad municipal que deberán servir como referencia a la conformación de áreas interdistritales. En este marco, superar la fragmentación existente y construir racionalidad en la gestión del territorio no es un asunto de expedientes y discusiones «técnicas»; todo lo contrario, requiere hacer explícitos los factores políticos que implica la gestión de servicios públicos como el transporte, el agua y el saneamiento, las grandes inversiones públicas y privadas y, de manera cada vez más apremiante, la gestión del suelo urbano y las nuevas habilitaciones tras las que presionan los capitales inmobiliarios y su poderoso aliado, el Ministerio de Vivienda, otro de los sectores olvidados por la promesa de la Gran Transformación de Humala.
La advertencia es clara para la gestión Villarán, en particular, para el equipo del Plan de Desarrollo Concertado, liderado por el Instituto Metropolitano de Planificación. De obviarse la concertación política y la previsión de canales de participación ciudadana - más allá de los alcaldes de turno- se corre el riesgo de que nuevas autoridades en próximas elecciones vean la articulación interdistrital como una «campaña» de la anterior gestión y dejen de lado los necesarios compromisos para una mejor administración e inversión en la ciudad.
desco Opina - Regional / 10 de agosto de 2012
Programa Urbano

Mucho ruido para tanto silencio

El mensaje a la Nación del 28 de julio pasado fue sorprendentemente largo y lleno de detalles. Su protagonista –que no cuenta entre sus dones la facilidad de palabra o el entusiasmo en la lectura- repasó tediosamente la gestión sectorial del Ejecutivo y concluyó, tras cerca de dos horas, con un colofón que invitaba al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la empresa y la sociedad civil, a trabajar juntos para “la gobernabilidad y la paz social”. Carente de un eje articulador, sin prioridades claras a comunicarle al país, plagado del anuncio de nuevos programas sociales y lleno de cifras, el discurso no transmitió ninguna imagen precisa de la voluntad gubernamental, menos aún del destino del país.
En su falta de orden, se perdieron algunos anuncios importantes. El compromiso al 2016 de reducir la pobreza total al 15% de la población, la ley de carrera docente, la reforma constitucional para establecer el derecho al agua o la advertida reforma del SNIP fueron apenas titulares, teniendo en cuenta su innegable interés y el debate que alimentarán en breve. También fueron evidentes algunas ausencias particularmente graves, como la situación peruana frente a la crisis internacional. El silencio alrededor del tema sugiere que el Ministerio de Economía mantiene al Presidente en la tesis del supuesto “blindaje” que nos protege. Más aún, expresa el manejo automático de la economía, que se traduce en nuestra dependencia plena de la demanda externa. El discurso tampoco adelantó nada concreto sobre la llamada nueva minería, más allá de la retórica de que ésta deberá ser sostenible y ambiental y socialmente respetuosa y del impreciso anuncio de iniciativas normativas a partir de la propuesta de la Comisión creada por el Ejecutivo para tal fin.
A pesar de la naturaleza y la extensión de la intervención presidencial, el término descentralización no fue usado en ningún momento. La única reforma estrucutural iniciada por el país el siglo XXI se redujo a unas cuantas menciones instrumentales a los gobiernos regionales –su concurso en la masificación del gas natural en las zonas altoandinas o la transferencia de recursos para construir escuelas- asumiendo, aparentemente, que la descentralización se reduce a los Consejos de Ministros Descentralizados y a reuniones puntuales con presidentes regionales y alcaldes.
Los anuncios de reforma del SNIP y la creación de una Dirección General de Diálogo en reemplazo de la Unidad de Conflictos fueron gotas de agua en el desierto, la excepción en un discurso que muestra a un Ejecutivo carente de reacción ante los temas que le aprietan el paso, entre ellos el narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso o los conflictos vinculados a la minería. Respecto a ello, no fueron recordados por el Mandatario los civiles fallecidos en el marco de las protestas sociales ni los policiales y militares caídos en los enfrentamientos del VRAEM el último año. Para peor, el anuncio de una nueva licitación para el Gasoducto del Sur niega el compromiso presidencial de iniciar la construcción del ducto con un crédito puente del Estado a Petroperú-Kuntur, postergando una vez más un proyecto largamente demandado y poniendo en cuestión la viabilidad del polo petroquímico en esa zona del país.
La ausencia de autocrítica en el Mensaje no llama para nada la atención. Cierto que un año es poco tiempo para revertir los problemas centrales del país, pero es sin duda tiempo suficiente para tenerlos claros, establecer prioridades y definir las políticas públicas y los instrumentos para atenderlos. A juzgar por el discurso, el gobierno no lo ha aprovechado.

desco Opina / 3 de agosto de 2012

Recursos naturales y responsabilidad social en la Región Junín

Desde las elecciones presidenciales de 2011 se debate intensamente sobre la importancia del medio ambiente, especialmente en relación a los pasivos ocasionados por la extracción de minerales. El problema fue puesto en primer plano en la Región Junín, por un movimiento político regional de izquierda. Aunque en la práctica no haya sido así, no cabe duda que la defensa del medio ambiente debería trascender posiciones políticas, sobre todo cuando estamos ante un problema cuyas repercusiones sociales eluden la simplificación. Por ejemplo, en esta región hemos sido testigos de las protestas de un número nada despreciable de obreros que luchaban para que no se cierre la planta de DOE RUN en La Oroya, por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Finalmente, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la liquidadora Right Business, que pagará más de 35 millones de dólares a 2,500 trabajadores.
¿Cómo tomar partido, en estos casos, entre los intereses puntuales de la población de las demandas igualmente legítimas que vienen desde las agrupaciones políticas? Más allá de Junín, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, queda claro que prohibir por completo toda actividad minera afectaría seriamente los ingresos de la región. Los gobiernos regionales deben considerar dónde se encuentran las mayores afectaciones y también los mayores beneficios y saber defenderlos con decisión para convertirse verdaderamente en agentes que lideren las políticas de desarrollo locales sobre todo en un contexto de descentralización. Esto es preferible, antes de declararse abiertamente ‘anti’ o ‘pro’ minero.
Lamentablemente, en la región el problema ambiental se hace más agudo porque algunas empresas no cumplen los estándares de cuidado ambiental. Prefieren incumplir y mantener su rentabilidad hasta el día en que son fiscalizados y deciden detener sus operaciones. Esto origina un gran malestar social entre los trabajadores, que, como en el caso de La Oroya, ven únicamente el efecto concreto sobre su economía familiar. Este tipo de proceder por parte de algunas empresas hace muy difícil para los ciudadanos imaginar cómo podrían beneficiarse de políticas adecuadas de responsabilidad social empresarial.
En este complicado escenario, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en el plano ambiental, abarca numerosos planos de problematización. Uno de ellos tiene que ver con la gestión desde la autoridad política. Ante lo difícil que resulta movilizar recursos institucionales ante entidades como las Direcciones Regionales que se resisten a modificar sus competencias sectoriales, esfuerzos como el Plan de Acción Ambiental Regional de Cambio Climático, promovido por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín con la participación de entidades privadas y públicas son destacables. Cabría esperar que espacios como éste se vean fortalecidos para lograr consensos entre la empresa, el Estado y la sociedad civil y así lograr que la población conciba a la responsabilidad social como un elemento con potencial para que las empresas contribuyan a superar los retos del desarrollo. Asimismo, es el tipo de experiencia que podría proporcionar conocimiento práctico para que las entidades del gobierno nacional comprendan la necesidad de trabajar la normativa nacional sobre recursos naturales junto a los gobiernos regionales.

desco Opina - Regional / 27 de julio de 2012
Programa Sierra Centro
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«Que pase el tercer Gabinete»

Aunque es difícil anticipar las decisiones del Gobierno, todo indica que el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, sería reemplazado antes de 28 de julio. La sensación generalizada, que confirman las encuestas, es que el Premier no sólo no ha resuelto el tema Conga sino que ha contribuido a las tensiones entre las partes en conflicto. Ante un eventual cambio de Gabinete vale la pena preguntarse si la opción es por superar el desgaste reemplazando algunas piezas, o si se avecina un cambio de orientación que permita al gobierno salir de su aislamiento político.
En un artículo publicado en Quehacer hace algunos meses, el sociólogo Francisco Durand especulaba con la posibilidad de que el gobierno dé un «giro brusco», señalando la derechización como el escenario más plausible. En efecto, el rumbo adoptado por Humala confirma la hipótesis, con el resultado adicional de su severo aislamiento político. El necesario oxígeno provendría de un regreso al centro como mecanismo de negociación de la legitimidad, teniendo como interlocutores clave a los gobiernos regionales. En esta vía, resultó sintomático que se jugara con la posibilidad de un presidente regional como nuevo Premier, sobre todo para acercar a este gobierno a las instancias regionales en medio de un entorno que ha favorecido la desconfianza desde el Ejecutivo: Valdés hablando de «los podridos», facciones del Congreso pidiendo que se les cambie el nombre a «gobernadores» o incluso las condiciones de su vacancia y la demonización de Santos.
Resulta significativo que durante el gobierno de García, éste se las haya arreglado para no antagonizar a los presidentes regionales al tiempo que paralizaba, en los hechos, el proceso de descentralización. De este periodo se recuerda lo que sucedió con Yehude Simon, una experiencia peligrosa para cualquier autoridad regional que no quiera ser reemplazada como un fusible más si Conga recrudece.
Pero en este punto uno podría preguntarse ¿cambiaría verdaderamente el Gabinete al mantener a ministros como Castilla, Silva y Cornejo solo por citar tres ejemplos? En el caso de Cornejo hablamos del pasado jefe del Fondo MiVivienda, de Pro Inversión y en este gobierno una especie de ‘Zar’ de facto para Cajamarca, vía la negociación sobre una gran bolsa de dinero (5 mil millones de soles) con los alcaldes, como táctica para erosionar la base social de Santos.
Al parecer el margen de maniobra no es amplio y aun si hubiera una sorpresa en el Premierato, la orientación del gobierno podría ser la misma. No zanja, por ejemplo, con posiciones monolíticas y francamente obstinadas respecto de los ropajes filo senderistas de los dirigentes y su supuesta capacidad de manipulación. Tampoco parece convencerse de que el arte de gobernar trasciende el simple hecho de subir y bajar órdenes.
En suma, durante los últimos seis meses la deficiente conducción política del Ejecutivo le generó enormes costos, al punto tal de provocar fisuras importantes en su legitimidad. Recuperar lo perdido significaría que el gobierno muestre desde este momento las habilidades que no ha tenido en su primer año de gestión.

desco Opina / 20 de julio de 2012
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