Meses atrás se hablaba de «cumplimiento del PAMA o Doe Run se iba del Perú». Se decía que el gobierno debía demandar que las empresas mineras y extractivas acataran los acuerdos pactados, así como ellas exigían seguridad jurídica. Incluso, la Sociedad Peruana de Minería cuestionó a la referida empresa y tomó su distancia. ¿Qué dice hoy la empresa Doe Run?, solicita que se modifique la legislación peruana porque la existente pone en riesgo su estabilidad, toda vez que podría ser severamente cuestionada en los Estados Unidos. ¿Y qué dice el gobierno peruano?
Hace muy pocos días, se informó del terrible daño ambiental causado por el derrame de petróleo en uno de los más importantes ríos de la selva peruana, y la cosa quedó ahí. No tenemos noticias de acción alguna por parte del gobierno y sus autoridades respectivas. ¿No se oye padre? Sin embargo, sí se ha pronunciado por la tremenda bulla que arman «los desestabilizadores del sistema y los enemigos de la democracia» (léase, los defensores de los recursos naturales y la población nativa de la amazonía peruana).
Los desperfectos en los depósitos de relave de la minera Caudalosa Chica que colapsó y vertió restos de plomo y zinc, el 26 de junio pasado sobre tres ríos de Huancavelica, fueron detectados en el año 2009 por OSINERGMIN, pero este organismo no realizó un seguimiento exhaustivo de la mejora de estas deficiencias. 50 toneladas de desechos tóxicos recorren hoy el río Escalera y no se oyen los reclamos de «agitadores y resentidos». Tal vez tengan razón en la connotación «resentidos», nos preguntamos si algún lirqueño no tendría razones fundadas para ello, con tanta basura vertida sobre sus dos más importantes fuentes de vida: los ríos Opa y Sicra. Hace treinta años que el río Opa está contaminado y la población de Angaraes ha tenido que gritar muy fuerte para que las intenciones de contaminar el río Sicra, aguas arriba, sean por lo menos detenidas.
Expresiones como «agitador», «perro del hortelano», «enemigo del sistema» son poco novedosas en el Perú. Algunas se usaron en su momento para cuestionar a los defensores de los pobres, de los desvalidos, de obreros y campesinos, incluso para identificar a los apristas y a los revolucionarios de Trujillo (que fueron apristas también). Hoy se repiten estos insultos para quienes se preocupan de los temas ambientales y se ocupan de la defensa de los derechos indígenas. Pareciera que para el actual gobierno, defender los derechos de las poblaciones amazónicas y los de todos los hombres y mujeres del Perú a una vida digna y sana, es pues antipatriótico, anti sistémico. Se nos dice hasta el cansancio que el Perú debe propiciar la inversión y se nos recalca que los inversionistas salvarán nuestras hambres; pero nada se dice y menos se actúa, sobre el control ambiental y la reducción del impacto. Hasta hoy nos estamos preguntando los huancavelicanos qué fue de las empresas mineras que han «invertido» en Huancavelica. Tantas inversiones, durante tanto tiempo y solo nos han dejado el triste título de «La región más pobre del Perú».
El gobierno se muestra débil con los inversionistas extractivistas y mineros que no cumplen con los más elementales códigos de ética y, en cambio, se dedica a perseguir a dirigentes indígenas y campesinos, así como a sacerdotes sensibilizados con la pobreza y los temas ambientales. Mientras tanto, los relaves de Huancavelica, el petróleo y otros desechos tóxicos contaminan los ríos ante el estupor ciudadano, y Doe Run se burla de la legislación peruana, sin recibir sanción alguna.
No tenemos noticia, ni siquiera remota, de que exista intención alguna de expulsar del país a quienes destruyen la vida, los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Quién vigila este asunto? ¿Qué se quiere tapar con la cacería de brujas?, ¿qué faenón está en ciernes?
desco Opina - Regional / 16 de julio de 2010Programa Sierra Centro
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