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El espionaje chileno y la agenda política

La detención del suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, fundamentadamente acusado de espiar a favor de Chile, ha sido talentosamente aprovechada por el Presidente García. Los efectos de sus duras declaraciones contra el país vecino han sido múltiples, tanto allá como acá. En el país del sur, las elecciones se han visto teñidas por la denuncia peruana y más allá del formal alineamiento de las distintas agrupaciones políticas sureñas rechazando las afirmaciones presidenciales, resulta evidente la capitalización del suceso que está haciendo el opositor candidato derechista Sebastián Piñera, quien interesadamente, cree como nuestro Presidente, que las relaciones entre ambos países discurren por dos «carriles» que no deben confundirse ni tocarse: el uno, político y diplomático marcado por desencuentros, conflictos y descalificaciones fáciles, cuando la coyuntura, así lo requiere; el otro, económico y comercial, en el que Chile tiene directamente invertidos en el Perú más de 7,200 millones de dólares (entre 1990-2008, según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile), albergando a cerca de 40,000 compatriotas que migraron desde la década del noventa.

Acá, el Presidente García logró alinear con facilidad a las distintas agrupaciones políticas, atrás de su rechazo al comportamiento chileno. No podía ser de otra manera, habida cuenta que el espionaje descubierto y denunciado, parece la fresa de una torta que tiene entre sus ingredientes más recientes, los ejercicios militares chilenos, denominados Operación Salitre, que tuvieron un poco sutil tono antiperuano, así como la confirmada intención del país vecino, de adquirir nuevo material militar ofensivo en Estados Unidos, por 665 millones de dólares.

Pero adicionalmente, y quizá más importante, el espionaje chileno terminó acaparando la atención de la opinión pública en un momento particularmente complejo para el gobierno, en el que simultáneamente tuvo que lidiar con la discusión y aprobación del presupuesto 2010 y con las evidencias de un nuevo y grosero tráfico de influencias –la universidad Alas Peruanas– que demuestra la buena salud de la que gozan comportamientos y mecanismos corruptos organizados por el fujimontesinismo y sus vinculaciones con importantes figuras del gobierno y del Poder Judicial.

En el caso del presupuesto, como era previsible, éste fue aprobado por el Congreso, poniendo fin a la relativa descentralización presupuestaria de los últimos años, consagrando además una recentralización de los recursos que tiene un claro tinte electoral. Así, el gobierno central dispondrá de 23% más del total de recursos, mientras las municipalidades perderán el 20% de los que disponían. Los sectores que tienen a su cargo los programas con mayor «potencial» electoral –Trabajo (225%), Transportes (68%) y el MIMDES (57%)– han logrado incrementar significativamente sus recursos, no obstante la limitada capacidad de gasto que demostraron este año: a octubre, habían usado apenas el 44.5%, 50.5% y 16.1% de los recursos para inversión de los que disponían.

En el caso de Alas Peruanas, distintos e importantes congresistas del partido de gobierno, pero también varios opositores y magistrados, aparecen vinculados a una universidad que en apenas 14 años exhibe 70,000 estudiantes y significativos vínculos con el poder. Ese escándalo, sumado a la detención en Estados Unidos del ex ministro Allison, puede poner los reflectores nuevamente sobre las relaciones entre importantes figuras del gobierno y el régimen anterior.


desco Opina / 27 de noviembre 2009
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