domingo

Más allá de los puentes, Habla Castañeda!



Los desastres ocasionados por los efectos del fenómeno El Niño en el país y sentidos con fuerza este año en Lima Metropolitana han evidenciado una vez más la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de las gestiones municipales, los gobiernos subnacionales y del propio Gobierno Central.
Insistir en caracterizar el crecimiento desordenado y la expansión irracional de las áreas urbanas en el Perú no es una novedad, sino más bien una redundancia. El acceso de los habitantes de las urbes al disfrute de los beneficios de servicios como educación, salud, justicia, etc. que ofertan las ciudades es un hecho, pero paradójicamente también, las ciudades expresan otras formas de concentración que las hace casi insufribles como ocurre con el tema del transporte y las malas gestiones municipales.
Si focalizamos nuestra reflexión en el campo municipal, advertimos que muchos medios de comunicación han hecho eco de los llamados de ayuda tanto de los ciudadanos afectados como de las autoridades municipales, sin establecer las necesarias diferencias. Y es que una cosa es que un ciudadano damnificado pida atención de emergencia en su calidad de damnificado, y otra muy diferente que sea una autoridad municipal la que actúe como si fuera un ciudadano común, sin asumir su responsabilidad en la gestión del territorio que por función le corresponde como autoridad y principal responsable de defensa civil en su ámbito de administración.
Nuestros municipios no han defendido y mucho menos cautelado los derechos de los ciudadanos. Es muy penoso tener que recordar, en el caso de Lima Metropolitana, que la primera responsabilidad del alcalde, al igual que la de cualquier otra autoridad local del país es “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Algo que evidentemente no ha ocurrido ante los efectos del fenómeno El Niño que golpea al país desde principios de año.
De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se registran ya más de 80 muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos y más de cien mil damnificados por efecto de los desastres en el país, sin que las autoridades de muchas de las circunscripciones afectadas asuman su responsabilidad y cuota de falta. Ante esta lenidad, ya es hora de legislar duramente al respecto y establecer sanciones penales que castiguen a las autoridades que lejos de defender el bien común de sus municipios y de los ciudadanos que los eligieron, se comportan como comentaristas, o como damnificados sin compromisos y responsabilidades que cumplir. Eso, por no abundar en los temas de corrupción generalizada que han llevado a que el propio presidente de la República se niegue a hacer una declaratoria nacional de emergencia, sabedor como muchos de nosotros, que la exoneración de controles se convierte en una compuerta abierta a los malos manejos y corrupción extendida, tal como ocurrió durante el último gobierno del APRA en el proceso de reconstrucción en el sur del país, luego del terremoto del año 2007.
Vivimos en un país que aspira a fortalecer su democracia, en el que la ley nos faculta a que nuestras autoridades libremente elegidas rindan cuentas y sean transparentes en sus actos de gobierno, informando cómo se gastan los recursos públicos y con qué criterios, en este caso, se gestiona nuestra ciudad. Es tiempo de actuar, y por eso queremos invitar a suscribir la iniciativa ciudadana Habla Castañeda! como respuesta a la burla sistemática de la política de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ocultando información de carácter administrativo sobre la gestión de los recursos públicos. Los ciudadanos de Lima y no solo la Contraloría General de la Republica requerimos acceder a la información que la Municipalidad Metropolitana de Lima esconde y disimula. Reiteramos nuestro derecho a exigir la rendición de cuentas (mecanismo de control ciudadano regulado por la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano en sus artículos 31° al 36°), para que los ciudadanos promotores presenten un pliego de preguntas que deberán ser contestadas por la autoridad interpelada.
Al acreditar la adhesión de 25 000 ciudadanos ante la ONPE, la autoridad sometida a control (en este caso el señor Castañeda), está obligada a publicar el pliego de preguntas y las respuestas a éste en la página institucional de la MML en un plazo máximo de 60 días hábiles. Si el alcalde decidiera no contestar, podría ser procesado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad regulado por el artículo 368° del Código Penal.
Desde el Programa Urbano de desco los invitamos a participar de la campaña, a juntar firmas y entrar en contacto con los organizadores para decirle al alcalde de Lima, Habla Castañeda!

desco Opina - Regional / 24 de marzo de 2017
Programa Urbano

viernes

Lloviendo sobre mojado



La sensibilidad de las personas y el cortoplacismo no suelen ser buenos consejeros para una gestión de gobierno. El falso dilema de destinar los recursos del Estado a la reconstrucción de infraestructura nacional o a la realización de los Juegos Panamericanos en Lima, solo se explica por ruines intereses de políticos irresponsables intentado manipular las emociones en lugar de usar argumentos válidos. Eso por cierto no exonera al presidente de la república de sus infelices declaraciones en la afectada Piura sobre ”la tragedia” que sería suspender los Juegos Panamericanos.
Las lluvias e inundaciones que soporta el país y nuestra capacidad como sociedad para superar situaciones traumáticas (resiliencia) corren de la mano con la manera como los gobiernos han enfrentado mal, situaciones como la abandonada reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del año 2007 por el gobierno de García Pérez. Gobiernos menos debilitados que éste también nos han mostrado deficiencias en la gestión de riesgos pero, a eso se suman los resquebrajamientos del sacrosanto mundo de la empresa privada nacional. Es bueno recordar que nuestro país no cuenta con una capacidad de gestión empresarial como para asumir simultáneamente los retos de construcción y reconstrucción de infraestructura que están planteados. Soplarles la pluma a los gobiernos regionales y municipales es solo una manera de eludir nuestra realidad como sociedad informal, poco organizada y harto corrupta que evidencia la casi nula capacidad de gestionar riesgos de parte del Estado a todo nivel. Carencia de planes y de recursos de contingencia medianamente serios para emergencias, tan dramáticos como en el caso de la municipalidad que dirige Castañeda Lossio (sin planes).
¿Quién gana en estas circunstancias? Tal vez el fujimorismo de primera impresión, aunque en verdad se enfrenta al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse el proceso de atención de la emergencia. El golpe lo ha asumido el Congreso viéndose obligado a suspender la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, ya que hubiera sido patético ver y escuchar en estos momentos a la mayoría parlamentaria, con el estilo que la caracteriza, emplazando durante horas al ministro Vizcarra que en estas condiciones debiera estar abocado con todas sus fuerzas a atender la tragedia. La aparente inutilidad del trabajo congresal a ojos de la ciudadanía los debilita al aparecer como criticones sin propuestas que no ponen el hombro por el Perú en estas condiciones.
La legitimidad de los políticos y su trabajo se pone una vez más en cuestión en estas circunstancias en las que, como ante un enemigo externo debiéramos estar juntos todos los peruanos como nación, repartiendo tareas entre unos y otros y organizando nuestra sociedad para salir adelante en el corto y mediano plazo.
Queda claro para muchos que no solo enfrentamos lluvias inesperadas, sino que no contamos con una élite política ni empresarial a la altura de lo que el Perú necesita. De eso somos responsables todos, unos más que otros, por nuestra incapacidad para diseñar un proyecto nacional de mediano y largo plazo, poner en práctica un verdadero acuerdo nacional y reconocer que los 33 millones de peruanos seguimos siendo desconcertadas gentes movidas al vaivén de la ambición y la irresponsabilidad de unos pocos, lo que nos impide consolidarnos como una república desarrollada, democrática, solidaria e incluyente.

desco Opina / 17 de marzo de 2017

La educación nos hace libres e iguales



Arequipa es una región en la que el conservadurismo católico cuenta aún con gran arraigo entre la ciudadanía y una fuerte influencia en el comportamiento de muchos políticos, lo que deja espacio para “confusiones” como la que sufrió Javier Del Río Alba la semana última. El arzobispo de Arequipa, en una ceremonia pública en la ciudad, quiso sorprender al Ministro de Cultura, Salvador del Solar, con un insólito pedido: que se incluya al final del Currículo Nacional Educativo “dos rengloncitos” que digan: “queda prohibido en todo los colegios del Perú introducir la ideología de género”. El arzobispo se sumó así a la enorme campaña de desinformación acerca de la política educativa.
No es la primera vez que Del Río presiona a una autoridad por una política pública usando su investidura religiosa, emulando a su colega, el Cardenal Cipriani. Si bien el Ministro Del Solar supo salir airoso con una respuesta conciliadora sobre la necesidad de defender la igualdad e invitando a los católicos a la reflexión, queda claro que el incidente va mucho más allá y nos interpela, porque muestra cuán desdibujados están los límites entre la voz política y la voz confesional de algunos líderes religiosos, como correlato de la enorme campaña de desinformación acerca de la política educativa y la supuesta “ideología de género” en ella.
Voces como las de Del Río cuestionan desde argumentos religiosos –como el derecho natural– un componente establecido en las políticas públicas peruanas, como lo es el enfoque de género, que es una herramienta para avanzar en la superación de las desigualdades y de la discriminación. Estos cuestionamientos basados en planteamientos de fe deben ser enfrentados desde la política. Así lo han entendido los sectores ciudadanos que han conformado en Arequipa la Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y la Igualdad, que ya se han reunido con la gobernadora regional, Yamila Osorio, para disipar las dudas sobre la aplicación del nuevo currículo nacional y su relación con las políticas regionales educativas.
Tanto a nivel nacional como a nivel regional, el Estado debe afirmar su carácter laico. Y no solo a nivel de la política pública, sino en cualquier circunstancia, en particular en actos públicos. No olvidemos que el intento de presionar a un Ministro de Estado por parte del arzobispo Del Río ocurre en el marco de una ceremonia en la que el Estado otorgó la Orden del Sol a la imagen religiosa del Señor de la Amargura. Si bien el sustento de la distinción tiene que ver con el valor cultural, no cabe duda de que esta iniciativa contribuye a reforzar la confusión ciudadana respecto a la separación entre Iglesia y Estado. Con tales gestos la discusión sobre políticas públicas, en este caso la educativa, se mueve en un terreno desfavorable y puede ser aprovechada por los sectores que rechazan los avances del Estado en la comprensión y atención a las desigualdades entre hombres y mujeres.
La educación es un factor clave para el desarrollo. El que nuestro desempeño nacional en este campo haya sido lamentable durante las últimas décadas –lo confirman las pruebas PISA– debería llevarnos a un compromiso por apuntalar la calidad educativa y no a permitir el retroceso que significa negar la necesidad de formar a las futuras generaciones en valores como la igualdad y el respeto a la diversidad. Dejar pasar posiciones fundamentalistas como las expresadas por la movilización de “Con mis Hijos no te metas” solo traerá a la larga pasividad ante la violencia y el abuso de poder. Ahora más que nunca el lema “la educación nos hace libres” debe ser una bandera sustancial.

desco Opina - Regional / 10 de marzo de 2017
Programa Regional Sur