jueves

La importancia del censo rural



La cobertura que los medios de comunicación dedicaron a los problemas del censo 2017 se enfocó básicamente en las ciudades. Salvo poquísimas excepciones el ámbito rural estuvo invisibilizado. Por ello, las pocas noticias que encontramos sobre el proceso en esta zona sólo se refirieron al periodo de levantamiento de información, la georreferenciación, y el número de empadronadores, mas no sobre el proceso en sí, que en ciertos lugares tuvo particularidades que bien han podido replicarse en otros. Particularidades que, creemos, pueden crear una distorsión en la «foto» que el INEI pretende tener sobre la población actual.
El día del censo en el centro poblado de Chalhuanca (Caylloma- Arequipa), arribaron todos los chalhuanquinos y chalhuanquinas asentados en otros lugares. La concurrencia fue tan grande como en fiesta patronal, pues la gente de este pueblo anhela solicitar su categoría a distrito y así recibir no una porción del presupuesto público, sino una totalidad. Si bien es legítimo este deseo, la foto del censo puede crear problemas a varios sectores estatales en el cumplimiento de sus metas; por ejemplo, ¿cómo haría una posta para cumplir con las metas de vacunación de una población que no vive permanente en el lugar?
Otro caso donde la distorsión podría jugar en contra de los pobladores se dio en el distrito de Acora, Puno, en el que cuatro comunidades no fueron incluidas en el mapa cartográfico del censo y serían contabilizadas en otro distrito y en otro departamento (Moquegua). Esto se debe a que en todo el sur existen serios problemas de delimitación y zonas en controversia que el Estado no ha resuelto aún.
El último caso que podemos mencionar es el del distrito de Santiago de Chuca cuya capital es la localidad de Imata, un distrito de la provincia de Caylloma que colinda con Puno. Allí mucha gente tenía que bajar de sus estancias, ubicadas en anexos del distrito, para buscar a los empadronadores para ser censados, pues en los 15 días que se dieron para el censo rural, no llegaron hasta allí. ¿Cuál es el interés de estas personas? Ser contabilizados y no perder algunos servicios del Estado (posta, colegio, comisaria), o ser pasibles de algún programa estatal como Trabaja Perú, que está empleando a cuadrillas de hombres y mujeres para trabajos temporales y remunerados.
Los ámbitos rurales han cambiado significativamente en los últimos 20 años. La constante movilidad de la población joven, o la migración final por falta de empleo y políticas de desarrollo para fomentar su estancia en su lugar de nacimiento, es una constante. Otra característica es el envejecimiento de la población rural, o el cambio de actividad económica, también por falta de oportunidades. Esto es algo que el Estado no está tomando en cuenta para sus políticas nacionales, en este caso concreto en la elección de la metodología de los censos poblacionales.
Así, el significado del censo para el poblador rural es vital para ser visibilizado por el gobierno. Esto tampoco lo han comprendido los medios de comunicación que, si bien han señalado el problema de fondo del censo –su diseño– no han sabido apuntar bien cómo la informalidad con la que se efectuó puede perjudicar a la población rural, que según estimaciones representa el 40% de la población total del país.
Nos preguntamos si la constante movilización de los pobladores rurales no será un signo del abandono final del campo a la ciudad, o simplemente es una salida a la falta de políticas de diversificación económica y de la demora en la cobertura de servicios básicos. Hay que recordar que tanto la alimentación de muchos peruanos, como nuestro mercado interno, dependen de la producción de la pequeña agricultura. Ésta es una interrogante que debe plantearse el Estado.
Sólo sabremos con el tiempo si la jugada de los chalhuanquinos durante el censo, fue para regresar algunos años después a su pueblo para quedarse. Al fin y al cabo, a cuántos les gustará ser ciudadanos de segunda clase en una urbe más grande, subempleados, viviendo entre el polvo de un asentamiento humano, la contaminación visual, acústica y del ambiente; vicios que hemos aceptamos los citadinos casi de manera inconsciente.

desco Opina - Regional / 17 de noviembre de 2017
Programa Regional Sur

domingo

Las incompetencias y El Niño



Parece bastante lejana la renuncia de Pablo de la Flor a la dirección ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, hace un par de semanas. Recordemos, se quejaba de que la reconstrucción demoraba por la «incapacidad de los gobiernos regionales y locales», un argumento reiterativo de este y los anteriores gobiernos nacionales ante cualquier problema que tengan al frente y no puedan solucionar. Por eso, pasado el tiempo y sedimentadas las pasiones, sería interesante tomar nota de algunos elementos importantes en el contexto de su salida.
Una cuestión de inicio que debe tenerse en cuenta es que en junio si bien teníamos no solo una autoridad para la reconstrucción, sino incluso una ley, aún no había un «plan», afirmándose que estaría listo “a fines de agosto”. El Decreto Supremo que lo aprobaría, se dio recién el 11 de setiembre de este año, es decir, un mes antes de la renuncia de De la Flor.
Luego, cuando la emergencia aún no pasaba, los peruanos teníamos claro que una parte importante de la responsabilidad recaía en el gobierno central pero, en realidad, la reconstrucción debía ser –afirmábamos entonces– una acción coordinada entre todos los niveles del Estado. Asimismo, según la encuesta de Pulso Perú-Datum del mes de abril, también considerábamos –el 88% de los encuestados– que el gobierno central no estaba preparado para estas circunstancias y, por ello, su respuesta ante la emergencia no fue oportuna, según el 82% de los mismos.
En ese sentido, es cierto que los gobiernos regionales y locales no estuvieron entre las entidades mejor valoradas durante la emergencia, pero tampoco lo fueron los sectores del Ejecutivo. Los bomberos, las fuerzas armadas y la policía, en ese orden, obtuvieron las mejores apreciaciones de los afectados.
Por otro lado, siempre hubo muchas dudas sobre la posibilidad de que este proceso se distorsione por la corrupción, dado el ambiente altamente sensible que ha generado el caso Lava Jato y no era, evidentemente, un asunto que podía ser achacado a un ámbito específico del Estado, como quiso afirmar De la Flor cuando refirió a los gobiernos regionales. El 72% de la población opinaba que agilizar los procedimientos administrativos para implementar y ejecutar un plan para rehabilitar, reconstruir y construir infraestructura en las zonas por El Niño costero abriría la puerta a la corrupción.
Incluso, para julio del presente año más de la mitad de los peruanos considerábamos que la reconstrucción no había avanzado lo necesario y el 49% estimaba que no se lograrían los objetivos.
De esta manera, De la Flor careció del adecuado procesamiento de los datos que le estaba ofreciendo la realidad, pues no debió ser difícil tomar en cuenta la alta desconfianza que manifiesta la sociedad peruana hacia todas las instancias del Estado, sin excepciones. Esta situación estructural se agravó aún más al ahondarse en los últimos tiempos la percepción de corrupción.
Es sobre este marco general que los peruanos valoramos la actuación de las entidades públicas que, recapitulando, determina que el 91% de los afectados haya estimado que no recibió ninguna ayuda, según encuesta de CPI realizada en abril de este año. Más aun, según encuesta de GfK, tomada en marzo 2017, en Lima y en los sectores A, B y C se consideraba que los daños fueron causados por la mala infraestructura. En las provincias y en los sectores D y E se asumió que fue la fuerza de la naturaleza.
Entonces, la reconstrucción que llevaba a cabo el gobierno central no estuvo entre sus prioridades, pues en estos meses debió atender situaciones coyunturales que le generaron mucha inestabilidad como la huelga de maestros, la posibilidad de censura de algunos ministros, la desaceleración de la economía, los impactos de la corrupción, etc.
Por otro lado, la reconstrucción buscó legitimar una imagen «técnica» sin tomar en cuenta la diversidad de demandas que manifiesta la población, de acuerdo al territorio que habita. Por ejemplo, en Piura, antes que módulos de vivienda la población demandaba atención de salud. Más aun, encuestas realizadas en esa misma región daban como resultado que el 64,8% de los encuestados aseguraba que no es la reconstrucción el tema más preocupante para ellos, sino la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Solo el 28,0% creía que la reconstrucción de la región era el asunto prioritario.
Asimismo, en Lambayeque, entre mayo y julio, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP), consultó a 9562 ciudadanos de las tres provincias de la región para recoger sus percepciones. Las tres prioridades para la etapa de reconstrucción eran en primer lugar, la generación de trabajo e ingresos, con el 53.2%; luego, estaba viviendas seguras, con el 52.4%; y en tercer lugar, demandaban mejorar la educación con el 48.5%. El acceso a salud integral, agua potable y saneamiento también aparecían como demandas prioritarias de la población.
En otra región afectada, La Libertad, consideraban que no tenían la información suficiente como para establecer un cuadro de prioridades. El excongresista aprista, Alejandro Santa María Silva, afirmó que ni siquiera se tenía la cantidad exacta de damnificados porque no se hizo la verificación contrastando los datos en cada lugar.
En suma, este diseño ha dado como resultado que en las regiones donde más ha impactado El Niño, haya creciente malestar porque los pobladores sienten que no han sido consultados ni se les toma en cuenta para establecer la programación y la priorización de actividades. Dicho lo mismo en otras palabras, las razones «técnicas» del gobierno nunca se pusieron de manifiesto y sí su dramática incompetencia política lo que, a estas alturas, no es desgraciadamente ninguna novedad.


 desco Opina / 10 de noviembre de 2017

lunes

La selva, sus productos bandera y el mercado



Durante los últimos treinta años, los diferentes gobiernos han declarado su preocupación por los cultivos ilegales de coca para el narcotráfico, que nos han colocado en el primer puesto como productor de cocaína.
Una alternativa para erradicarlos ha sido la promoción de cultivos  como el café y el cacao. Sin embargo, la volatilidad de los precios de estos productos en el mercado internacional no garantiza la rentabilidad económica de los productores, por lo que el riesgo de volver a la coca siempre estará presente. Aun así, todo indica que esta estrategia está teniendo un giro interesante ya que más allá de la inversión estatal en la instalación de hectáreas con estos cultivos, ahora se viene intensificando la asistencia técnica en el manejo agronómico para mejorar la productividad por hectárea y en los últimos dos años hay un visible compromiso estatal por acompañar a los productores y sus organizaciones para la inserción en el mercado con valor agregado (básicamente con certificación orgánica y comercio Justo) para asegurar los ingresos en las economías de estas familias, que generalmente se encuentran en situación precaria.
A pesar de ello, la plaga de la roya amarilla que se diseminó durante los últimos años sigue presente e impactando en las alicaídas economías familiares; las deudas con Agrobanco contraídas por las familias cafetaleras aún no pueden ser superadas y el gobierno central no ha sabido satisfacer esas inquietudes, sin considerar que es más barato subvencionar esas inversiones agrícolas familiares que erradicar los cocales, por toda la logística y movilización de personas que ello significa. Esta insatisfacción de los agricultores puede hacerse visible con nuevas movilizaciones y bloqueos de carreteras.
El mercado nacional aún no es atractivo para el café, ni para el cacao, ya que nuestro país tiene bajos consumos de estos productos en comparación con Europa, Asia y USA. Además, los productos procesados y ultraprocesados elaborados por las grandes empresas utilizan saborizantes y muy poca materia prima, sin incentivar la calidad del producto y mucho menos la posibilidad de incremento de la demanda de la oferta agrícola.
Si bien hay que promover estos productos en las ferias nacionales, esto no puede ser realizado de manera directa por las familias productoras sin el apoyo financiero de terceros y aun cuando su rentabilidad sea baja, por lo menos contribuye a que el productor conozca las exigencias del mercado y a borrar la imagen negativa que muchos citadinos tienen sobre la selva y sus habitantes, en especial aquellos que proceden del Vraem y demás zonas donde predomina la economía de la coca. Los emprendimientos de transformación primaria; café tostado, chocolates, entre otros, no podrán subsistir si es que no pueden insertarse en el consumo nacional en donde tienen pocas posibilidades de posicionarse porque su competencia son las grandes empresas que utilizan poca materia prima pero mucha promoción comercial. Cabe señalar que acceder a los registros sanitarios en zonas donde no existen servicios básicos como agua y desagüe, así como energía eléctrica de calidad (trifásica) es un reto que limita su participación, además de encarecer los costos de producción y colocación en el mercado.
En todo caso, si bien es cierto que se incentiva a que las organizaciones de productores elaboren sus planes de inserción en el mercado, es visible que desde el Estado no existe una propuesta ni estrategia de mercadeo coherente, que englobe a la mayor cantidad posible de la producción nacional. Lo habitual es que cada estamento gubernamental implemente sus acciones de manera unilateral, con poca o nula coordinación interinstitucional e irradiando una errónea imagen de competencia interna en la que solamente las cooperativas y asociaciones de productores que tienen padrinos podrán exhibir y comercializar sus productos en las ruedas de negocios. Las fotos de ministros y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en Ficafé, Expoalimentaria, el Salón del Cacao y el Chocolate y Mistura con productores cafetaleros y cacaoteros, son útiles para sus réditos políticos, pero al ser iniciativas que no están insertas en un plan de mayor ambición, no aseguran un mercado permanente para las familias agricultoras.

desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2017
Programa Regional Centro