viernes

Lima en el top ten de las mejores ciudades para vivir


Hacia mediados del año pasado un informe de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, catalogaba a Lima como la sexta mejor ciudad para vivir dentro de Latinoamérica. Igualmente, otra publicación especializada aparecida a inicios del 2017 ubicaba a nuestra ciudad capital ocupando el puesto 11 de 24 ciudades latinoamericanas. En algunas oportunidades estas cifras y ubicaciones en rankings de calidad suelen estar influenciadas por intereses turísticos y aluden sobre todo a la calidad de las zonas residenciales mejor establecidas. Por ello, siempre surgen dudas sobre estos calificativos numéricos. Sin ánimo de polemizar –pero llamando la atención sobre otras lecturas urbanas– aparece la preocupación de urbanistas y personas trabajando en los barrios populares respecto a la objetividad y dimensión real de estos datos. De modo que algunos consideramos alarmante que se difundan cifras y ubicaciones bastante optimistas que parecen dejar de lado realidades palpables de miseria, marginalidad y baja calidad de vida en estas urbes.
Cada vez que vemos estas alentadoras cifras sobre la buena ubicación de Lima como ciudad exitosa y de calidad, nos preguntamos bajo qué criterios se hacen finalmente estas estimaciones y si en ellas se ha tomado en consideración una evaluación ponderada que considere a todos sus estratos y clases sociales, en particular a las grandes mayorías asentadas en las zonas periféricas de la ciudad.
Si bien cabe discutir sobre la posición que obtiene una ciudad dentro de una tabla y los criterios empleados para ello, nos parece cuestionable que no se estén ligando estas cifras con otros aspectos importantes de la calidad de vida cotidiana en nuestra ciudad capital. Mencionemos a propósito de ello problemas recientes, como el del transporte masivo de pasajeros (que es uno los indicadores evaluados en el ranking) y lo ocurrido con una grave falla en el sistema de transporte masivo del metro de Lima que dejó a más de 170 000 personas afectadas en un tramo importante del servicio; o la necesidad de poner en debate las inversiones que se realizan para atender la problemática de los sistemas de transporte público en la ciudad, donde encontramos que lo que se prioriza es la construcción de más pistas, privilegiando el servicio del automóvil privado en la ciudad.
Otro caso –que no apunta a reforzar el ranking– ha sido el inmenso daño ambiental en la zona norte de Lima ocasionado por el incendio de un depósito de llantas que funcionaba de manera clandestina. Situación que se explica por la falta de planificación y criterios técnicos en la gestión del suelo y zonificaciones, pero que también evidencia la poca capacidad y eficiencia para desarrollar mecanismos de control adecuados. Esto queda demostrado por el hecho de que los funcionarios municipales del distrito afectado señalaron que ya habían solicitado la orden de desalojo del predio donde se produjo el siniestro.
Es en ese contexto que desde desco y otros colectivos urbanos trabajando en la ciudad, se promueve un proceso de discusión crítica y sostenida sobre lo que significa vivir en la ciudad, la manera como se gestiona y la preocupación constante sobre la vulneración o no de nuestros derechos. Así, por ejemplo, el pasado lunes 16 de abril se convocó a especialistas internacionales a discutir sobre lo que significa el derecho a la ciudad, focalizando el centro del debate en el hecho de que una ciudad no puede ser designada como tal, si no es para todos. En ese sentido, se hace un llamado a quienes se consideren ciudadanos de Lima a luchar por ella, para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones y disfrutarla, y no solo guiarnos por lo que algunos rankings evalúan.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2018
Programa Urbano

jueves

Remedio o enfermedad?


A una semana de instalado el Gabinete del nuevo gobierno, varias cosas quedan claras sobre su naturaleza y viabilidad. El equipo ministerial es débil y contradictorio. Con un perfil predominantemente técnico, de «segunda» línea y con algunos ministros con cierta experiencia en la gestión pública, su composición buscó «contentar» a distintos sectores políticos, hayan tenido o no capacidad de veto. Sorprende especialmente, la presencia de personajes innegablemente polémicos como Salvador Heresi y los generales Huerta y Medina, mientras que la designación de David Tuesta en el Ministerio de Economía, evidencia el peso en la sombra que tendrá Luis Carranza, que indudablemente lo apadrinó.
Como no podía ser de otra manera y no obstante la tranquilidad con la que la opinión pública recibió al nuevo equipo de gobierno, las críticas se dispararon en todas las direcciones. El Premier, que negó varias veces su presencia en ese cargo y el nuevo Ministro de Justicia, fueron los blancos iniciales, rápidamente acompañados por varios otros, hablándose pronto de un cogobierno con el fujimorismo o con la izquierda. Quedaba claro desde el primer día que la supuesta luna de miel del Presidente y el Primer Ministro provincianos, era de baja intensidad y que el gobierno –que no olvidemos es de continuidad–, nacía marcado por una fuerte precariedad: sin fuerza política propia, con limitadas conexiones en la estructura del Estado y la burocracia, sin relaciones directas con los empresarios… Es decir, una fuga a un futuro incierto más allá de las buenas intenciones que mostrara el discurso inaugural del nuevo mandatario.
La impericia gubernamental se evidenció desde el primer momento: Tuesta advirtió de la reedición de la política de Alfredo Thorne y anunció un inminente recorte del gasto fiscal, Villanueva se entusiasmó por la inminencia del conflictivo proyecto Tía María, se produjo una innecesaria y desmedida intervención policial contra los estudiantes de San Marcos y el Presidente, imprudentemente, se reunió con el tristemente célebre Óscar Medelius, dándoles la razón a quienes con argumentos relativamente fundados, expresaban su poco entusiasmo por los primeros pasos del nuevo gobierno. Tantos errores «aplastaron» los pocos gestos políticamente «correctos»: la aparente disposición a respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto a Fujimori, la negociación del conflicto de la pesca artesanal y la observación a la aprobación de la ley del octágono para los alimentos.
Para suerte del gobierno, en la vereda del frente, las cosas no están mejor. El fujimorismo, que se recuperaba de las heridas que le ocasionaron los Avengers, se vio nuevamente golpeado por su comportamiento y por su propio ADN. A la imagen impresentable del «héroe» Mamani, quien impuso su retiro de la lista de congresistas investigados por los audios que terminaron con PPK, se sumó la detención de un importante narcotraficante que fuera socio del congresista Vergara, manteniendo viva la sombra de la droga que atraviesa la historia del partido naranja. Simultáneamente, el blindaje a la congresista Ponce en la Comisión de Ética, los convierte en actores principales de una película bizarra que los afecta en primer lugar a ellos, pero que contribuye a mellar aún más al Congreso de la República, que no llega a los dos dígitos de aprobación. Según una encuesta reciente, 7% y la percepción de los encuestados que cree que los parlamentarios se mueven por sus propios intereses (94.2%).
Para completar la película de la escena oficial, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ventilan sus disputas internas que tienen como telón de fondo el caso Lava Jato y las decisiones colaterales. Varios de sus miembros devienen en vedettes mediáticas y tratan de convencer a la gente de sus argumentos «legales» y de su vocación anticorrupción, para esconder las peleas por el poder de estas instituciones, que son las que tienen entre sus manos la capacidad más cercana de avanzar, distraer o cerrar las investigaciones que preocupan a buena parte de nuestra clase política, pero también del mundo empresarial.
Mientras tanto, la economía y la reconstrucción siguen paradas, los hospitales públicos colapsados, la educación en el limbo, y la gente –por el momento– mirando y con la expectativa de que la nueva gestión no sea peor que la anterior, pero arrastrando los malestares y malhumores de su vida cotidiana. El diálogo político que anuncia el gobierno apunta a resolver su «desafío» de corto plazo: el voto de confianza para un Gabinete que no deja satisfechos ni a tirios ni a troyanos. Siendo un reflejo elemental, lo que es cierto es que usan el escaso capital que tienen: están donde están, en última instancia, por la decisión mayoritaria del Congreso, lo que les confiere hasta ese momento, alguna capacidad de «negociación».
Así las cosas, en el largo plazo –salvo que ocurran imprevistos de esos que caracterizan a nuestro país– seguiremos moviéndonos en una crisis que parece caminar en el mediano plazo al «derrumbe»; porque los actores mayoritarios están preocupados, en primer lugar, por su propia salvación, pero también porque el descrédito de la política y de los políticos puede ser irreversible. Entre la corrupción que se evidencia sin control y la guerra de bandas –unas más grandes y fuertes y otras pequeñas, pero con capacidad de incidencia en un escenario precario– por ver cómo se controla y a quiénes se liquida, el deterioro del régimen político seguramente continuará.

desco Opina / 13 de abril de 2018

viernes

La agenda del sur para Vizcarra



Los provincianos más optimistas están viendo en Martín Vizcarra –recientemente juramentado Presidente del Perú– un personaje cuya gestión se ocupará con mayor detenimiento de las regiones del país y sus problemáticas específicas. Los gestos políticos que tuvo la primera semana de mando, nos dan una ligera esperanza de que así será. En el caso del sur –como en el resto del país– hay una serie de proyectos paralizados, y no hablamos de obras con pequeños impactos, sino de una agenda de proyectos postergada que dinamizaría la economía regional.
En primer lugar está el Gasoducto Sur Andino (GSA), un proyecto que se concesionó hace diez años, que tuvo drásticos cambios en presupuesto y está en el ojo de la tormenta no sólo por este hecho, sino por el cambio de concesionario, cuando quedó en manos de Odebrecht, famosa por sus prácticas corruptas. Ha tenido varias postergaciones en los últimos tres periodos presidenciales, incluyendo el más corto de Pedro Pablo Kuczynski. A la fecha, la obra sólo cuenta con un 35% de avance, y aún está en discusión su diseño, pues en el sur se ha propuesto que no sólo sea fuente de energía, sino que permita el abastecimiento para el desarrollo de la industria petroquímica.
Otro de los proyectos que está en cuestión es el aeropuerto de Chinchero, uno de los proyectos emblemáticos del Cusco, que así como el GSA ha tenido su vía crucis durante muchos años. Quizá este será el más peliagudo para el presidente, pues estuvo comprometido con los intentos de destrabarlo hace un año, lo que le costó la renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. PPK le encargó la defensa del proyecto seriamente cuestionado por irregularidades en la forma en que se llevaría a cabo, y lo dejó solo, a merced de un fujimorismo que aprovechó la ocasión para dar otro de sus zarpazos al Ejecutivo. Diversas organizaciones cusqueñas, públicas y privadas, han incorporado el proyecto en una reciente lista de pedidos que piensan negociar con Martín Vizcarra, pero no sabemos si el presidente tendrá la muñeca política suficiente para tomar nuevamente las riendas de Chinchero sin salir chamuscado.
En Arequipa, fuera de las carísimas obras de infraestructura vial, el pedido más importante es el destrabe del proyecto Majes II. En este momento el proyecto se encuentra en stand by debido a que la concesionaria –Cosapi– ha planteado un cambio de tecnología de riego que lo encarecería en US$ 107 millones, los que tendrían que ser asumidos por el Estado; con el agravante de que Cosapi fue incluida en la investigación que la Fiscalía realiza sobre el “Club de la Construcción”. El proyecto Majes Siguas se encuentra paralizado desde febrero. A finales de este mes se tendría que resolver la adenda del contrato con el cambio de tecnología hidráulica planteada por la concesionaria.
Otro proyecto que pondrá a prueba la habilidad política del nuevo mandatario es Tía María. Si bien no está en la agenda de desarrollo por las diferencias de opinión que hay entre varios sectores sobre su ejecución, este proyecto es un verdadero test de la capacidad del Estado para conjugar la necesidad de viabilizar grandes inversiones con las demandas de una población que en dos oportunidades ha rechazado su implementación por considerar que atentaba contra sus derechos.
Otros puntos de agenda relacionados con las grandes inversiones que también deberá considerar la nueva administración del Presidente Vizcarra, son el Tren Bioceánico y el desarrollo del Circuito Turístico del Sur. Estos proyectos, junto a los mencionados anteriormente, han sido discutidos en diversas mesas de diálogo interinstitucionales animadas por el Colectivo Macro Sur, y que se han llevado a cabo en Arequipa, Puno, Cusco y Moquegua.
La agenda del sur no se agota desde luego en los megaproyectos de inversión; hay otros puntos relacionados, por ejemplo, con la diversificación productiva, el desarrollo regional, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Esperemos que Martín Vizcarra, un hombre que ha forjado su carrera política en provincia, pueda desplegar las fuerzas suficientes para echar a andar al sur. Lo necesitamos.

desco Opina - Regional / 6 de abril de  2018
Programa Regional Sur - descosur