viernes

Autoridad invisible



Según el Latinobarómetro el 80% de peruanos considera que no vive en una situación de democracia plena, ya que el interés del gobierno gira en torno a los grupos fácticos de poder y no alrededor de las mayorías. Asimismo, solo el 18% de los peruanos confía en su gobierno, el 13% en el Congreso de la República y el 11% en los partidos políticos.
Esta situación de alta desaprobación no es exclusiva al periodo actual, sino que se trata de una actitud constante en nuestra sociedad. Sobre ello, si vemos cómo ha venido evolucionando la aprobación que los peruanos le hemos dado a nuestros diferentes gobiernos entre el 2002 y el 2017, el promedio de aprobación en estos años de retorno y consolidación de la democracia ha sido de 25%. El momento más bajo fue el 2004, con una aprobación del 8%, y el más alto fue el 2006, con un promedio de 57% de aprobación; índice que –dicho sea de paso– solo duró ese año, bajando a 29% para el 2007.
En estos momentos, PPK es parte de esta ola de baja aprobación. Para el 2017 el 46% de los peruanos pensaba que PPK no tenía un plan claro para el desarrollo del país. Un año después, es el 71% de peruanos que ahora lo afirman. Sobre su desaprobación, si bien el 80% de peruanos no están satisfechos con PPK, los datos que muestra GfK son más alarmantes aún: del total de personas que votaron por PPK para segunda vuelta, el 71% de ellos lo desaprueba. Además, si se observa la desaprobación según su nivel socioeconómico, la más alta surge desde el NSE C, donde el 84% lo descalifica; mientras que en el NSE A/B, es el 73% el porcentaje que desaprueba su gestión y en el NSE D/E, el 78%. Estamos, entonces, ante un presidente que, por abandonado, se encuentra a la deriva. Es una autoridad sin fuerzas e invisible.
De esta manera, con un gobernante sin autoridad legítima y con líderes políticos incapaces de poder trazar rumbos claros, la coyuntura se ha dicotomizado en una fórmula que no comunica mucho: vacancia o renuncia. La tendencia que vemos en la derecha no es novedad; es decir, preocupada de mantener intacto el statu quo en aras de salvar el modelo económico. Así, la gran incógnita es cuál es el cálculo político y qué ganancias políticas se están proyectando desde las bancadas de izquierda, sea Frente Amplio, sea Nuevo Perú.
Como está siendo planteada –dentro de un contexto que tiende a la suspicacia y a la desaprobación– la vacancia por sí sola no ofrece un escenario ni un rumbo que pueda garantizar transparencia en la lucha contra la corrupción ni el recurso necesario para recuperar la confianza de los ciudadanos. Sin fuerza electoral consistente, sin cuadros ni dirigencias renovadas ni formas de experimentación y creación crítica, el panorama para la izquierda no se encuentra claro y la vacancia, en esta línea, no tiene firme sentido lógico ni político.
No se trata de alimentar la euforia de masas: no es pan y circo. Es acción sostenida, constancia, confianza, seguridad sin el tufillo autoritario o como bien comentó hace poco uno de los dirigentes de Podemos: “Yo pienso que lo más radical del evento revolucionario no es, en la metáfora clásica, asaltar durante la noche el Palacio de Invierno, sino cuando al día siguiente los bolcheviques sean capaces de garantizar el orden público”.
La derecha ha demostrado gobernar a espaldas de los peruanos y de forma amenazante. La izquierda necesita ser opción y por eso no puede seguir enfrascada en la agenda que los enemigos políticos sigan imponiendo o manipulando. Se necesita una izquierda activa, con visión de poder y para ello, recuperar el sentido crítico es vital. El momento de crisis es un momento de oportunidad y ésta será para aquellos que sean capaces de pensar fuera de la pecera, pero con la suficiente pertinencia y capacidad como para no alejarse de ella.

desco Opina / 16 de febrero de 2018

No solo las papas queman



Los últimos acontecimientos en el interior del país a raíz del paro agrario impulsado por los productores de papa, han evidenciado la falta de interacción entre el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y las direcciones regionales agrarias para proporcionar la información y orientación oportunas a los agricultores a fin de que tomen decisiones económicas adecuadas sobre qué cultivar. Las consecuencias de ello, una sobreproducción de papa y sinsabores en las economías campesinas, ya que su compra en chacra ni siquiera alcanza el 50% de los costos de producción.
La huelga y los bloqueos de carreteras en siete regiones productoras de papa del país –Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, Arequipa, Cusco y posteriormente se sumó a la protesta la norteña región de La Libertad–, son consecuencia de una flagrante ausencia estatal en la promoción agraria. Los acuerdos para el levantamiento de las acciones de protesta alcanzados el 10 de enero pasado, no fueron bien recibidos ni aceptados en simultáneo por todas las regiones porque consideraban que la propuesta de compra de los excedentes era insuficiente para cubrir a todos los agricultores afectados. Aparentemente, bastó para que temporalmente se aplacaran desencantos y paulatinamente los gobiernos regionales fueron adquiriendo algunos lotes del tubérculo a mejores precios que los ofrecidos por los acopiadores.
Desde el inicio quedó claro que la asignación de un millón y medio de soles para cada gobierno regional sería insuficiente para mantener satisfechos a todos los agricultores, pese a que el entonces flamante ministro de Agricultura dijera a los medios que las tensiones habían sido resueltas. Como era de esperarse, los descontentos volvieron a desbordarse a raíz de las inconsistencias de las propuestas en la mesa de negociación y la desconfianza con el gobierno, lo que derivó en un resurgimiento del paro de productores.
De la lista inicial de exigencias que contenía diez puntos, lo que más resaltó fue la solicitud de impedir la importación de papas procesadas procedentes de Holanda y Bélgica, en el entendido que esto afectaba al agro nacional. Los argumentos de defender la producción nacional y aumentar las barreras a la importación de papa prefrita y precocida y la revisión de los TLC firmados por la importación indiscriminada de papa, quedan desvirtuados; ya que esto según cifras oficiales, representa menos del 1% del consumo nacional, por lo que su prohibición no resolvería la crisis ocasionada por la excesiva producción que rebasa las necesidades del mercado nacional. Las nuevas demandas resaltan varios temas, entre ellos destacan la solicitud de declarar el agro en emergencia, la asignación de recursos para solucionar la problemática actual, reducir los intereses de Agrobanco y los requerimientos de asistencia técnica.  
El reclamo puede ser justo, lo que no es justo es que se afecte el derecho de otros, los manifestantes presionaban a los comerciantes por el cierre de sus puestos de ventas, y en algunas ciudades del interior, grupos de vándalos generaron saqueos y estropicios en la propiedad pública y privada.
Desde el inicio del gobierno de PPK, se decía que en su entorno había muchos técnicos y pocos políticos, dieciocho meses después, está demostrado que ni lo uno ni lo otro; porque para el caso del agro, los técnicos deberían ya alertar que hay otros productos que están al borde de la crisis, el limón y la zanahoria son ejemplos muy claros: al igual que con la papa, los agricultores no alcanzan a cubrir sus costos de producción.
Esta huelga agraria demuestra, además de la poca capacidad técnica del gobierno en la materia, su escasa o nula habilidad de negociación, la falta de previsión y una limitada voluntad de escucha y atención a las demandas de los campesinos. Al igual que en la huelga de los maestros, el Estado tampoco fue capaz de identificar a los verdaderos interlocutores de los manifestantes, ni de entender la dimensión social y económica del problema. Es justificable una declaratoria de emergencia agraria a pesar de los costos que acarreará al erario nacional; porque además, es evidente la falta de planificación y articulación entre los involucrados, y cuando «las papas queman» no se tiene una respuesta directa, sino evasivas disquisiciones que buscan a culpables de la situación en agitadores oportunistas sin mirar su propia realidad interna, que carece de compromiso, creatividad e iniciativa, condiciones mínimas que aseguren el respeto y credibilidad ante los campesinos.

desco Opina - Regional / 9 de febrero de  2018
Programa Regional Centro - descocentro

La soledad del mandatario y sus muchos laberintos



Conforme transcurren los días, la situación del mandatario se hace cada vez más difícil. Los indicios de sus distintos vínculos con Odebrecht se multiplican; paulatinamente se van develando las complejas relaciones entre Westfield la empresa unipersonal de PPK y First Capital del chileno Gerardo Sepúlveda evidenciándose, como sostiene el congresista Manuel Dammert, que el mandatario «juega en pared consigo mismo». Aunque todavía faltan algunas piezas en el rompecabezas es claro, por ejemplo, que el 2004 Westfield –del empresario Kuczynski– firmó un contrato con la empresa brasileña para la emisión de bonos, que el 2006 fue facilitada por el PPK Presidente del Consejo de Ministros, que garantizó el endeudamiento de Olmos por más de 400 millones de dólares. En esta, como en otras materias –el conflicto de la generadora térmica Kallpa acusada de falsificar sus costos variables para beneficiarse de precios especulativos, cuya abogada era la actual Ministra de Energía y Minas, a la que también habría asesorado–, todo parece cuestión de tiempo.
Por defender la legitimidad de sus negocios y sus ostensibles conflictos de intereses, apostó por el indulto y la gracia presidencial para Alberto Fujimori. PPK perdió por goleada en esa cancha. Casi de inmediato lo abandonaron tres de sus congresistas y por lo menos dos ministros; la caída del apoyo al indulto «humanitario» se hizo clara: la desaprobación pasó del 38% (octubre 2017) al 49% (enero 2018). En ese contexto, las movilizaciones de la calle se mantienen, el 78% de la población está convencida de que el indulto resultó de una negociación política, y por si fuera poco, en las próximas semanas, mientras la Sala Penal se pronunciará sobre el caso Pativilca y el derecho de gracia concedido a Alberto Fujimori; la CIDH lo hará más ampliamente sobre el indulto. En otras palabras, un tema abierto y desfavorable al mandatario, en el que algunos de quienes siguen siendo sus voceros, marcan ya distancia.
La incapacidad de gestión de su gobierno se suma a los malestares que éste genera y a la soledad del mandatario. El naufragio de la Reconstrucción con Cambios es evidente; los avances a diciembre –que no pasaban de una veintena de proyectos en ejecución– decían ya del fracaso de un modelo de intervención en el que se insiste, anunciando desde una gestión con su credibilidad por los suelos, que se empezarán 3512 obras este año y se elaborarán los estudios técnicos para 5000 nuevos proyectos para el 2019. Por si fuera poco, las demandas de los paperos, torpemente gestionadas por el Ejecutivo, se les escaparon de las manos: tres muertos en Huánuco y Huancavelica y una radicalización creciente de las distintas agrupaciones de paperos que impulsan un paro agrario, ratifican la incapacidad del gobierno para lidiar con las demandas sociales y ya han puesto en la picota a su novísimo ministro de Agricultura. Recordemos, además, que ya están anunciadas paralizaciones de los médicos y los maestros…
En otras palabras, PPK está cada vez más sólo y aislado. La renuncia de Kenji Fujimori y sus avengers a Fuerza Popular, no alcanza ni de lejos para resolver sus tribulaciones. Su eventual vacancia reaparece en la agenda de los principales actores políticos –desde el fujimorismo keikista hasta el aranismo– pero también, cada vez menos “sotto voce”, en la de sectores de la calle (43% según la encuesta de GfK) y en diversos grupos empresariales. Elmer Cuba, vocero de los primeros y vínculo directo con importantes sectores del capital, insistentemente se está pronunciando sobre el tema; preocupado porque el ruido político impide aprovechar en crecimiento el incremento del precio de los minerales, prevé tres escenarios: la continuidad de PPK, su reemplazo por Martín Vizcarra para preservar la democracia, y nuevas elecciones presidenciales convocadas desde el Congreso por Luis Galarreta.
Como la mayoría de los actores políticos, cada uno de ellos con su propia motivación, se inclina por el segundo camino. Argumentos para la vacancia, por cierto, existen tanto con el indulto y la gracia presidencial, cuanto con la corrupción. Sobre el indulto, es claro que no se pondrán de acuerdo la mayoría de actores políticos; sobre la corrupción, si no logran blindarse todos, les resultaría menos difícil. En este escenario, el Ministro de Justicia parece continuar como el último socio confiable que le queda al mandatario: operó el indulto, y hoy día, la Procuraduría parece intentar obstaculizar el testimonio de Jorge Barata, aliviando las angustias del Presidente, pero también las de Keiko Fujimori y Alan García…
El mandatario está cada vez más sólo y se enreda en sus propios laberintos y silencios. Es claro, sin embargo, que no hay una salida inmediata a la situación aunque su permanencia en Palacio parece ya con el plazo terminando. Un nuevo pedido de vacancia tiene aún un recorrido por hacer y puede encontrarse con la calle, donde se suman nuevos malestares que resultan del modelo económico, antes que de la política cotidiana, como el futuro de los medicamentos y los combustibles, cada vez más concentrados.

desco Opina / 2 de febrero de 2018

domingo

De basura y desgobierno



Esta es una sucia historia de dos vacancias y mucha basura en tan solo un año, que nos amenaza en el cercano horizonte. Es el caso del desgobierno y la grave corrupción –que parece no interesar a muchos– que se produce en el nivel más cercano de encuentro entre la ciudadanía y el Estado, como son nuestros casi 1900 municipios en el país.
El 25 de enero del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió a Ángel Chilingano como alcalde del distrito de Villa María del Triunfo, debido a los supuestos vínculos con una red de extorsión y cobro de cupos, por la que purga prisión preventiva por 18 meses. Anteriormente, en febrero del año pasado fue vacado por el mismo JNE, Carlos Palomino Arias, alcalde electo en una lista de la agrupación Solidaridad Nacional, que lidera el alcalde metropolitano Castañeda Lossio. Acusado de nepotismo por haber contratado como funcionaria a su cuñada, Palomino afrontaba tres pedidos de vacancia: porque el procurador municipal lo defendió en un juicio privado, porque llevaba la contabilidad de cuatro empresas que han contratado con la municipalidad, y un tercer pedido por nepotismo. Este último fue el motivo de su retiro.
En el momento de la primera vacancia, también se hizo público un video en el que un supuesto empresario ofrecía desembolsar US$ 150 000 para apoyar la vacancia de Palomino. El trato lo hace con un grupo de personas interesadas en que esto ocurra, entre ellas los hermanos Ensel y Ángel Chilingano Villanueva. Este último el teniente alcalde del distrito, ahora suspendido por el JNE del sillón municipal.
Esta semana, en un nuevo capítulo de esta tragedia urbana municipal, el JNE llamó al regidor César Infanzón Quispe para que asuma temporalmente como burgomaestre, en tanto se resuelva definitivamente la situación de Chilingano, y dispuso que se le entreguen las credenciales que lo acreditan como alcalde de Villa María del Triunfo, pese a que sus colegas regidores se han negado a proponerlo como el reemplazante de Chilingano. Esta decisión del JNE permitirá que alguien asuma el papel de burgomaestre y encuentre la manera de resolver el grave problema generado por la falta de recojo de la basura desde el mes de diciembre del año pasado, que no solo ha cambiado el paisaje urbano del distrito con los cerros de desperdicios generados, sino que ha llevado a declarar al distrito en una alerta ambiental que se viene tratando de solucionar de alguna manera y que ya afecta con contaminación a distritos vecinos como Surco y La Molina.
Se estima que más de cuatro mil toneladas de basura se acumularon en 79 puntos críticos del distrito desde que el alcalde fuera arrestado. Se trata de un distrito de más de 400 000 habitantes, una población mayor que en ciudades como Piura o Cusco y que si bien desde el 17 de enero se encuentra en alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, hasta la fecha no ha servido para que las autoridades del mismo, ni las de la Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenten seriamente el escandaloso caso y contribuyan a resolver este grave problema.
El caso de Villa María del Triunfo, en un año electoral municipal, debería servir de alarma para que como sociedad hagamos una seria reflexión sobre cómo y a quiénes estamos proponiendo y eligiendo como autoridades municipales en un país corroído por la corrupción, sin instituciones ni partidos políticos con un mínimo de credibilidad o confianza y una sociedad civil desorganizada y sin mecanismos efectivos de vigilancia y control ciudadano. Esto en medio de la poca capacidad que se tiene en los diversos niveles del Estado para dar solución a los problemas básicos de gobierno que les corresponde. Más aun, visibiliza la fragilidad que existe en las estructuras de funcionamiento orgánico dentro de los municipios, los cuales no funcionan de manera clara y trasparente en el manejo de sus cuentas para un servicio tan básico como el recojo de basura.
Creemos que se hace indispensable garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos que ofrecen los municipios y que esto trascienda a las gestiones de turno, ya que la negociación que se suele hacer cada vez que ingresa un nuevo gobierno municipal, sienta las bases para la proliferación de redes delincuenciales que están a la expectativa de dónde podrán dar su próximo golpe.
Es hora de reaccionar como sociedad y plantearnos seriamente el riesgo que corremos ante la proliferación de candidaturas municipales de toda laya que empiezan a poner en riesgo nuestra continuidad como sociedad organizada en torno a estructuras democráticas del Estado.

desco Opina - Regional / 26 de enero de 2018
Programa Urbano